España aprueba la Ley de Vivienda: qué implica y a quiénes beneficia

Los partidos PSOE y Podemos en el gobierno pactaron intervenir los precios del alquiler de los grandes tenedores. También hubo acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2022: rubricarán todo el jueves.

PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman el Gobierno español de coalición, han llegado a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la Ley de Vivienda tras semanas de negociaciones y retrasos. 

Europapress

Una de las medidas clave es la intervención de los precios del alquiler de los grandes tenedores (con más de diez viviendas), que afectará a muchos medianos inversores más allá de los grandes fondos y firmas inmobiliarias.

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El Gobierno aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves en el Palacio de la Moncloa tras el acuerdo alcanzado este mismo martes entre los dos socios del Ejecutivo de coalición PSOE y Unidas Podemos.

El ministro Félix Bolaños confirmó que el jueves habrá un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los acuerdos sobre la nueva Ley de Vivienda y sobre la Ley de Presupuestos del Estado para 2022 . Europapress

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha explicado que la intención del Gobierno es que las cuentas públicas que ahora iniciarán su tramitación parlamentaria estén aprobadas antes del próximo 31 de diciembre.

Ambos partidos han cerrado el pacto presupuestario junto a la Ley de Vivienda. El acuerdo en materia inmobiliaria contempla, además del tope en el precio del alquiler para los grandes tenedores de 10 pisos o más, una congelación del mismo a los propietarios de menos y un recargo del IBI a las viviendas vacías, de hasta el 150%, a decidir por los ayuntamientos.

Según fuentes de Podemos, el acuerdo alcanzado con el PSOE distingue entre grandes y pequeños propietarios de viviendas, siendo los primeros los que tengan 10 o más. A ellos se les obligará a "bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado".

Esto es lo que lleva pidiendo Unidas Podemos en los últimos dos años y lo que también firmó el PSOE en el acuerdo de Gobierno en enero de 2020 y en el preacuerdo de Presupuestos Generales de este año, que ambas partes suscribieron en octubre de 2020. A los grandes propietarios también se les retirarán los privilegios fiscales.

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A los pequeños propietarios, se les obligará a una congelación de precios y se les ofrecerán incentivos fiscales para bajar el precio, como defendía el PSOE.

A todos los dueños de viviendas vacías se les podrá someter, si así lo deciden los respectivos ayuntamientos, a un recargo del IBI de hasta el 150%.

Finalmente, el PSOE y Unidas Podemos, según las fuentes de este último grupo, se han reafirmado su "apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida". De ese 30%, la mitad se destinará a alquiler social.

Pedro Sánchez

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un bono joven para facilitar su acceso a la vivienda en alquiler con 250 euros al mes durante los dos próximos años. Para poder acceder a esta ayuda la renta no deberá superar los 23.725 euros anuales.

La negociación de los Presupuestos se venía retrasando por la exigencia de Podemos en ligarla a una Ley de Vivienda que controle los precios del alquiler. De hecho, esta ley ha sido el gran punto de fricción entre ambas formaciones desde que se empezara a negociar a principios de año. Podemos abogaba por medidas más intervencionistas para controlar los precios de los alquileres, mientras que la posición del PSOE era más conservadora y apostaba por la vía de los incentivos.

Tipo mínimo del 15% en Sociedades

Por otra parte, el acuerdo presupuestario incluye un tipo mínimo del 15% en Sociedades. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que "nuestro país se va a colocar a la vanguardia" y que "ha llegado el momento de que las grandes multinacionales paguen lo que les corresponda". 

Ha destacado que "hay un compromiso" por parte de la OCDE en esa dirección y que "ya toca que los que más tienen, las grandes empresas multinacionales, aporten como la media". Además, ha indicado que "muchas de ellas ni siquiera tributan por el 2%" y las contrapuso a las pequeñas, que "están pagando cantidades que son muy relevantes".

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Europapress

El establecimiento de un tipo mínimo para el impuesto de sociedades ha sido uno de los escollos en la negociación presupuestaria dentro del Gobierno, ya que mientras Unidas Podemos exigía su inclusión, el PSOE quería esperar a la reforma fiscal.

El impuesto de sociedades tiene un tipo nominal del 25% -salvo para banca y petroleras, que es del 30%- y con esta medida se pretende garantizar que las grandes empresas no tributan de manera efectiva por debajo del 15%. Este tipo se aplicará sobre la base imponible, por lo que no afectará a la mayoría de empresas.


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