El presidente de Bolivia, Evo Morales, consiguió ayer la habilitación del Congreso para disputar la re-reelección en 2014, en medio de un clima de convulsión social al cumplirse la décima jornada de una huelga de trabajadores en reclamo de aumento de las jubilaciones, que encabeza la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, en medio de denuncias de desestabilización del oficialismo.

La Cámara de Diputados aprobó la ley que permite una tercera candidatura presidencial de Morales, que contaba con el aval del Senado, y se espera que el Ejecutivo la promulgue en los próximos días. El oficialismo había conseguido en abril el respaldo del Tribunal Constitucional a la re-reelección, con el argumento de que el mandato previo a 2009 no cuenta porque ese año la reforma constitucional refundó al país como Estado Plurinacional, y el primer período de Morales habría quedado trunco (2006-2009).

Pero ayer dirigentes opositores prometieron dar pelea judicial contra una eventual tercera postulación de la fórmula Morales- lvaro García Linera, y acusaron al Tribunal Constitucional de estar al servicio del gobierno.

Pero Morales, cuya popularidad subió al 60% en abril, según la última encuesta de la consultora Ipsos, no tuvo tiempo de festejar la buena nueva, que llegó en un día donde se acentuaron las protestas de mineros, maestros y estudiantes, con cortes de rutas y manifestaciones de trabajadores armados con dinamita, una imagen que se repite en las calles de Bolivia desde que comenzó la huelga el 6 de mayo. Los policías de bajo rango amenazaron ayer con sumarse a la protesta, con similares reivindicaciones.

El ministro del Interior, Carlos Romero, acusó a los promotores de la huelga de integrar un movimiento subversivo y dijo que la protesta adquirió connotación política confrontacionista y desestabilizadora. El líder de la COB, Juan Carlos Trujillo, le respondió que la central obrera en ningún momento está haciendo o piensa gestar un golpe de Estado y reivindicó que el gobierno les otorgue una renta jubilatoria digna. Frente a las acusaciones, los trabajadores asediaron con sus cargas de dinamita los alrededores de la sede del Gobierno y el Congreso, en la Plaza de Armas de La Paz, pero fueron desalojados por la policía con gases lacrimógenos y carros antimotines.

La COB exigen una jubilación equivalente al 100% de los últimos sueldos en actividad para los mineros y porcentajes inferiores para otros sectores, pero el gobierno pretende una cobertura que oscila entre el 60% y 80%, y esgrime que una cifra superior afectaría las inversiones y programas sociales del Estado.

La huelga paralizó la producción en Huanuni, el mayor yacimiento de estaño de Bolivia, con pérdidas que superan el medio millón de dólares por día, según el ministro de Minería, Mario Virreira.

A pesar de que Morales afirmó la semana pasada que no había más margen de negociación, e instó a frenar las protestas para avanzar en las conversaciones, el gobierno y la COB sostenían hasta ayer un precario diálogo en busca de una solución.