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Brasil avanza con un paquete de medidas para reforzar el control de las cuentas públicas. El Proyecto de Ley Complementaria 299/2026 fue presentado por el senador Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores, a pedido del Poder Ejecutivo, y tiene como relator en el Senado a Eduardo Braga.

La iniciativa cambia el Régimen Fiscal Sostenible y amplía las herramientas de gestión presupuestaria y financiera del Gobierno para cumplir las metas fiscales.

El Senado aprobó el texto base el 12 de noviembre por 45 votos contra 31, pero la votación todavía se encuentra inconclusa. Este martes 17 debe resolver cuatro destaques, es decir, pedidos para someter a votación separada determinados puntos del proyecto. Una vez completado el trámite en el Senado, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados.

Según los cálculos del Poder Ejecutivo incorporadas al análisis de la Consultoría de Presupuesto del Senado, las medidas podrían mejorar entre R$ 45.100 millones y R$ 56.100 millones el resultado primario de 2027.

Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de los intereses de la deuda pública. La Consultoría aclara que esa estimación corresponde al texto analizado antes de los cambios incorporados durante la votación.

El límite al crecimiento del gasto

Uno de los principales cambios alcanza al límite de crecimiento real de los gastos federales. El régimen fiscal vigente permite un aumento real de hasta 2,5% y el proyecto lo reduce al 2% a partir de 2027, en los ejercicios en que se activen los mecanismos adicionales de contención previstos en la iniciativa.

El proyecto también amplía los casos en los que el Gobierno puede bloquear temporalmente parte de los gastos previstos en el Presupuesto. Esto podrá ocurrir cuando la proyección del resultado primario todavía se encuentre dentro del rango permitido por la meta fiscal, pero por debajo de su objetivo central, para acercar el resultado a ese nivel.

Además, si el monto bloqueado supera lo necesario para cumplir con el límite de crecimiento real del 2%, la diferencia se descuenta del límite de gasto del Gobierno para ese mismo año. Ese ajuste no se traslada a los años siguientes.

¿Menos beneficios fiscales?

El paquete también profundiza el recorte de algunos incentivos fiscales. El proyecto suma una reducción del 10% a la que ya estaba prevista por la legislación vigente, por lo que, para los incentivos alcanzados por ambas medidas, la baja acumulada llega al 20% del valor original.

Pero hay excepciones

La medida no alcanza a todos los casos. Quedan afuera determinados beneficios para los sectores de tecnología de la información y semiconductores, además de los vinculados con la compra de vehículos por personas con discapacidad o con trastorno del espectro autista.

Según los cálculos incluidos en el análisis del Senado, el recorte adicional podría aportar R$ 15.000 millones al resultado primario de 2027. El proyecto también pone un límite a determinados beneficios del Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de la Infraestructura (Reidi).

El límite a las compensaciones tributarias

Otra de las medidas restringe la posibilidad de usar créditos a favor del contribuyente para cancelar deudas impositivas.

El proyecto habilita al Poder Ejecutivo a reducir el monto de esos créditos que las empresas pueden aplicar contra determinados impuestos administrados por la Receita Federal, dentro de las condiciones previstas por la norma.

Según los cálculos de la Consultoría de Presupuesto del Senado, esta medida podría mejorar el resultado primario de 2027 entre R$ 12.800 millones y R$ 18.300 millones. El punto todavía puede cambiar porque forma parte de uno de los cuatro destaques que el Senado debe votar por separado.

Menos transferencias a estados y municipios

El proyecto también cambia el calendario de transferencias de la Nación a los estados y al Distrito Federal vinculadas con la Ley Kandir.

El texto base reduce de R$ 4.000 millones a R$ 1.000 millones anuales los desembolsos previstos entre 2027 y 2030. La diferencia se mantiene como una obligación futura: el proyecto establece que los montos que dejen de transferirse serán pagados en cuotas desde el ejercicio siguiente y hasta 2037.

Por lo tanto, se trata de un diferimiento de transferencias. La Consultoría del Senado calcula que entre 2027 y 2030 los estados recibirían R$ 12.000 millones menos durante esos cuatro años, aunque esos recursos serían transferidos posteriormente según el cronograma previsto.

Este punto forma parte de los cuatro destaques pendientes. También está entre ellos el límite de R$ 3.000 millones anuales entre 2027 y 2030 para la compensación previsional entre el Régimen General de Previsión Social y los regímenes propios de estados y municipios.

Qué plantea sobre los supersalarios

El proyecto también toca las remuneraciones del sector público que exceden el techo constitucional.

La iniciativa fija un plazo de 120 días para que el Congreso trate la regulación de las llamadas verbas indemnizatorias, vinculadas con pagos que pueden quedar fuera del límite remuneratorio del sector público. El proyecto también contempla reglas sobre el destino de los recursos que eventualmente se ahorren con esa regulación.

La disposición deja para una regulación posterior la definición de esos límites y el tratamiento de los pagos adicionales. El proyecto fija el plazo para que el Congreso avance con esa regulación, pero deja sin previsión una consecuencia específica en caso de incumplimiento del plazo.

Gasto público en Brasil: qué queda protegido del ajuste

El proyecto deja fuera de estas restricciones a las obligaciones constitucionales, entre ellas los beneficios previsionales, el Beneficio de Prestación Continua (BPC), los gastos de personal y los pisos constitucionales de salud y educación.

También quedan protegidos el servicio de la deuda y determinados gastos de innovación y desarrollo científico y tecnológico financiados con fondos específicos.

Al mismo tiempo, el Gobierno podrá limitar temporalmente la ejecución de otros gastos cuando estén sujetos a la disponibilidad presupuestaria o a los límites fijados por la legislación o la ley de Presupuesto.

Esa medida afecta la ejecución de los recursos, pero no implica la eliminación definitiva de esas partidas.

Ajuste fiscal de Lula: qué falta votar en el Senado

El Senado debe completar este martes la votación de cuatro puntos que quedaron pendientes. Tres están vinculados con las transferencias de la Ley Kandir, la compensación previsional y el uso de créditos fiscales para cancelar deudas impositivas.

El cuarto es la Emenda 40, presentada por el senador Rogério Marinho, que busca permitir al Poder Ejecutivo desvincular hasta 40% del superávit financiero del ejercicio anterior de determinadas fuentes vinculadas para cumplir con la regla de oro.

Esta medida había sido incluida en una versión anterior del proyecto, pero quedó fuera del texto base aprobado el 12 de noviembre. Si la enmienda avanza, volverá a formar parte de la iniciativa. La estimación oficial es que podría ampliar hasta R$ 100.000 millones el margen de la regla de oro.

Después de completar la votación, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde todavía puede sufrir modificaciones.