El gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, está manteniendo “reuniones privadas con sus colaboradores más cercanos para tratar de atajar la creciente crisis de su gobierno, tras la segunda renuncia ministerial en un mes con denuncias de interferencias políticas para favorecer a una empresa canadiense.
Ayer la ministra del Tesoro, Jane Philpott, renunció de forma inesperada y dijo haber perdido "la confianza en cómo el Gobierno"abordó las supuestas presiones sobre la ex ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould, que dimitió hace un mes, y días atrás acusó a Trudeau de intentar interferir con la investigación sobre la mayor constructora canadiense, SNC-Lavalin.
Según el Washington Post, la compañía está acusada de fraude y corrupción por el pago de sobornos por decenas de millones de dólares a altos funcionarios del antiguo régimen del fallecido Muamar el Gadafi, incluido uno de los hijos del dictador, a cambio de contratos en Libia entre el 2001 y el 2011.
Wilson-Raybould testificó ante un comité del Parlamento canadiense que Trudeau, algunos de sus principales asesores y otros ministros la presionaron durante "cuatro meses" para que ofreciese un trato de favor a SNC-Lavalin.
Según Wilson-Raybould -que fue ministra de Justicia y fiscal general, y posteriormente fue ministra de Veteranos-, Trudeau presionó para que la fiscalía ofreciese a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido para evitar una condena criminal en los tribunales canadienses.
Bloomberg - La ex fiscal general Wilson-Raybould testificó la semana pasada ante el Parlamento en Ottawa
Trudeau, de 47 años, negó que Wilson-Raybould fuese presionada en ese sentido pero destacó que él y otros integrantes del gobernante Partido Liberal -que encabeza- tienen la obligación de defender los puestos de trabajo de los canadienses.
La condena criminal de SNC-Lavalin por corrupción supondría la prohibición automática para que participe en contratos públicos en Canadá durante una década, lo que amenazaría la viabilidad de la empresa que emplea a unas 9000 personas en el país. De ésas, 8000 trabajan en Quebec, una provincia que es crucial para la reelección de Trudeau en las encuestas programadas para octubre, señaló el Financial Times.
El Banco Mundial ya le prohibió a SNC-Lavalin participar en contratos financiados por la institución a consecuencia de los sobornos que la constructora canadiense pagó en Bangladesh para conseguir contratos.
Hoy, los principales comentaristas políticos del país destacaron la excepcionalidad de ambas dimisiones ministeriales en la historia política del país.
Si bien en el pasado otros destacados ministros han renunciado al Gobierno canadiense tras enfrentamientos con los primeros ministros, nadie recuerda una ocasión en la que dos importantes integrantes del Gobierno hayan decidido dimitir y por cuestiones tan fundamentales como las apuntadas por Wilson-Raybould y Philpott.
Hasta su dimisión, las dos ministras eran consideradas entre las personas más importantes del gabinete de Trudeau: su dimisión obliga al también líder del gobernante Partido Liberal a considerar con cuidado sus próximas decisiones.
De momento, Trudeau mantiene una imagen de normalidad y una postura similar adoptó la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, que muchos consideran como la viceprimera ministra no oficial del Gobierno canadiense.
Freeland señaló que el primer ministro tiene su "total confianza" y que cree "muy importante que el Gobierno trabaje como un equipo". "Y lo seguiremos haciendo", agregó.
En todo caso, la imagen del primer ministro de Canadá ya resultó muy dañada: una encuesta publicada en las últimas horas y hecha entre el 1 y 4 de marzo señala que el Partido Liberal de Trudeau sólo recibiría en estos momentos el apoyo del 31% de los canadienses, tres puntos porcentuales que hace dos semanas, y por debajo del 40% de apoyo del opositor Partido Conservador, que solicitó su renuncia.
