Brasil: once partidos exigen cambios al proyecto previsional de Bolsonaro

El proyecto de reforma previsional de Jair Bolsonaro está teniendo un devenir legislativo mucho más complejo de lo que avizoró el mandatario brasileño. Hoy el ministro de Economía Paulo Guedes canceló su comparecencia por este tema ante una comisión parlamentaria y 11 partidos presionan para hacer cambios al texto.

Tras varios días de enfrentamientos de posturas entre funcionarios, hoy se sumó el anuncio de líderes de 11 partidos políticos -incluidos algunos de los más grandes- de que presionarán para eliminar diversos cambios que propone el proyecto de reforma previsional del presidente Jair Bolsonaro, lo cual hace prever que tendrá un devenir difícil en el Congreso. 

Puntualmente, los 11 indicaron que apuntan a eliminar cambios al sistema de jubilación de trabajadores rurales y prestaciones a ancianos y discapacitados en el proyecto previsional que el gobierno presentó al Congreso el pasado 20 de febrero.

Paulo Guedes en Washington

El proyecto de ley es una piedra angular de la agenda económica de Bolsonaro, liderada por el economista Paulo Guedes, quien hoy canceló su comparecencia ante una comisión parlamentaria que debatirá el proyecto y tensó más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Guedes consideró que su comparecencia sería "más productiva" una vez que haya sido escogido el diputado que actuará como instructor del trámite, lo cual está pendiente desde la semana pasada.

La ausencia del ministro causó malestar en la Cámara de Diputados cuyo presidente, Rodrigo Maia, tuvo en los últimos días fuertes cruces de declaraciones con Bolsonaro a raíz de esta reforma jubilatoria. 

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es que establece una edad mínima para acceder a la jubilación, de 62 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, un requisito que hasta ahora no existe en la legislación brasileña.

Según cálculos de los funcionarios económicos de Bolsonaro, esa reforma le podría ahorrar al Estado u$s 265.000 millones en la próxima década, lo cual permitiría salvar de la quiebra al actual régimen de pensiones y reducir sustancialmente un crónico déficit fiscal que estrangula al sector público. 

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