Brasil: Bolsonaro presenta una reforma para reducir el gasto en la administración pública

El gobierno envió un proyecto de enmienda que busca, entre otras cosas, eliminar los ascensos automáticos y una mayor flexibilización en las contrataciones en la administración pública

En la misma semana que Jair Bolsonaro decidió extender hasta fin de año el ‘auxilio emergencial’ por la pandemia  –se calcula que sólo entre abril y agosto el  gobierno ya desembolsó u$s 9300 millones–, también presenta en el Congreso su reforma constitucional, con el objetivo de reducir el gasto y volver más eficiente la administración pública.

En una primera instancia –el gobierno primero presentó el proyecto ‘Nueva Administración Pública’ que requiere una enmienda constitucional (PEC) y planea presentar reformas subsiguientes mientras se define el proceso de reforma–, la iniciativa prevé terminar con los ascensos automáticos, beneficios por antigüedad y una mayor flexibilización en las contrataciones dependiendo de las categorías:  las carreras propias del aparato estatal, como diplomáticos o militares, tendrán una mayor estabilidad, mientras que se establecen contrataciones por tiempo indeterminado para ciertas profesiones y contratos ad hoc, con un plazo definido y, por lo tanto, menos estables.

También se propone un proceso más riguroso, y probablemente más largo, a la hora de efectivizar personal.

En una instancia posterior, el gobierno también quiere reducir el número de cargos así como los sueldos de nivel inicial y mayores rangos salariales dentro de la carrera pública.

Según el gobierno brasileño, los salarios públicos son la segunda mayor fuente de gasto público y representan cerca del 13,6% del PBI.  En este sentido, uno de los objetivos de la Administración Bolsonaro es achicar la brecha entre los sueldos públicos y los privados.

Sin embargo, es poco probable que el proyecto vaya a tener un impacto significativo en el corto plazo, ya que la mayoría de las modificaciones están orientadas a las personas que se incorporen a la administración pública y casi no repercute en  los que ya están trabajando en el Estado.

También se busca descentralizar en las 27 unidades federativas temas como salarios, aumentos o bonos, cuya decisión  pasaría a depender de comités regionales formados por funcionarios y la sociedad civil.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la reforma, es probable que el Congreso sea reticente a aprobarla rápidamente, especialmente en la cuenta regresiva a las elecciones municipales.  Por su parte, el presidente de la cámara de diputados, Rodrigo Maia, dijo que se le dará prioridad a otra iniciativa clave de la gestión Bolsonaro, la reforma tributaria, porque fue presentada antes. Maia, además, está enfrentado con el presidente del senado, Davi Alcolumbre, por el tratamiento del PEC administrativo: Maia insiste que la reforma ingrese por diputados, mientras Alcolumbre pretende que sea debatida en una comisión mixta de diputados y senadores.

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