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La madrugada de este domingo marcó un punto de inflexión en la crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace más de siete semanas. Tras una extensa sesión, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por más de dos tercios de los votos el decreto de estado de excepción emitido horas antes por el presidente Rodrigo Paz Pereira, otorgando respaldo institucional a una medida que ya había comenzado a traducirse en el despliegue conjunto de policías y militares para despejar rutas y recuperar el control de las carreteras bloqueadas.
Sin embargo, el giro no comenzó en el Parlamento ni en los cuarteles. El hecho político que alteró el escenario ocurrió el viernes por la noche, cuando la Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país y uno de los motores de la huelga general iniciada el 1° de mayo, firmó un acuerdo de diálogo y pacificación con el Gobierno.
La secuencia fue vertiginosa. Después de 51 días de conflicto, bloqueos y movilizaciones, la conducción de la COB aceptó abrir una instancia de negociación con el Ejecutivo. Horas más tarde, Paz decretó el estado de excepción y ordenó el inicio de operativos para levantar los cortes de ruta que mantenían paralizadas importantes zonas del país.
El resultado comenzó a verse rápidamente. Según los últimos reportes oficiales, Bolivia pasó de registrar más de 40 bloqueos a contabilizar 31 puntos de corte este domingo. La reducción fue especialmente visible en Santa Cruz, donde fue levantado el estratégico bloqueo de San Julián, activo durante 38 días. En La Paz, sin embargo, persisten 14 bloqueos vinculados principalmente a organizaciones campesinas de la Federación Túpac Katari.
La aprobación parlamentaria terminó de consolidar el nuevo escenario. La sesión legislativa estuvo atravesada por cuestionamientos al vicepresidente Edman Lara, quien debió convocar a la Asamblea pese a expresar públicamente sus diferencias con la medida. A medida que avanzó la madrugada, distintas bancadas anunciaron su respaldo al decreto y terminaron garantizando una amplia mayoría favorable al estado de excepción.
La resolución respalda las medidas adoptadas por el Ejecutivo para recuperar la transitabilidad y enfrentar las consecuencias económicas y sociales derivadas de casi dos meses de conflicto.
El acuerdo que cambió la relación de fuerzas
Más allá del respaldo parlamentario, numerosos observadores coinciden en que la clave del actual reordenamiento político reside en la decisión de la COB de abandonar la estrategia de confrontación abierta.
La central sindical había sido una de las impulsoras de la huelga general por tiempo indefinido y de los bloqueos que se extendieron por gran parte del territorio boliviano. Durante semanas, la protesta logró reunir a sectores campesinos, organizaciones indígenas, movimientos vecinales, maestros, cooperativistas mineros y diversas expresiones del sindicalismo.
La amplitud de esa coalición social fue uno de los principales problemas que enfrentó el Gobierno. Los intentos de despejar rutas mediante operativos policiales fracasaron en varias ocasiones. En mayo, un corredor humanitario impulsado por el Ejecutivo terminó en violentos enfrentamientos en la zona de Achica Arriba. Otros operativos encontraron una fuerte resistencia de manifestantes y comunidades movilizadas.
Sin embargo, durante las últimas semanas comenzaron a aparecer señales de desgaste. Algunas organizaciones regionales levantaron bloqueos, otras aceptaron negociar demandas sectoriales y crecieron las diferencias internas respecto de la continuidad de las medidas de fuerza.
El acuerdo firmado por la COB aceleró esa tendencia. Mientras el sindicalismo organizado optó por abrir una etapa de negociación, sectores campesinos e indígenas más radicalizados rechazaron el entendimiento con el Gobierno y resolvieron mantener los cortes.
La propia Federación Túpac Katari, una de las organizaciones con mayor protagonismo en la protesta, cuestionó el acuerdo y ratificó la continuidad de los bloqueos. En los hechos, el conflicto ingresó en una nueva fase: ya no se trata de una movilización unificada, sino de un escenario donde el Gobierno busca aislar a los sectores que continúan apostando a la confrontación.
Una crisis que excede a los bloqueos
Las protestas no surgieron únicamente por demandas sectoriales. El conflicto hunde sus raíces en un deterioro económico que se arrastra desde hace varios años y que se profundizó durante la gestión de Rodrigo Paz.
La reducción de subsidios a los combustibles, las dificultades de abastecimiento, la inflación, la caída de reservas internacionales y el agotamiento del ciclo expansivo impulsado durante los años de auge gasífero conforman el telón de fondo de la actual crisis.
Bolivia continúa exhibiendo indicadores sociales mejores que los registrados durante las décadas previas al ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS), pero enfrenta crecientes tensiones económicas. La desaceleración del crecimiento, los problemas fiscales y la disminución de ingresos por exportaciones energéticas erosionaron márgenes de maniobra que durante años permitieron sostener la estabilidad social.
Ese contexto explica por qué distintas demandas terminaron confluyendo en una misma protesta. Desde reclamos salariales hasta cuestionamientos por reformas agrarias, pasando por denuncias sobre combustibles, transporte y condiciones de vida, el conflicto fue adquiriendo un carácter cada vez más amplio.
Una historia de rebeliones
La actual crisis también encuentra antecedentes profundos en la historia boliviana.
Desde la Revolución Nacional de 1952, pasando por la experiencia de la Asamblea Popular de 1971, la Guerra del Agua de Cochabamba en 2000 y la Guerra del Gas de 2003, Bolivia desarrolló una larga tradición de movilizaciones capaces de alterar el curso político del país.
La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 constituye quizás el antecedente más cercano. Aquella rebelión, protagonizada por organizaciones vecinales, campesinas e indígenas, dejó decenas de muertos y abrió el camino para la llegada de Evo Morales al poder.
También entonces los bloqueos de rutas desempeñaron un papel central.
La diferencia actual es que las fuerzas sociales que protagonizaron buena parte de aquellas experiencias aparecen fragmentadas. El MAS ya no ocupa el lugar hegemónico que tuvo durante años. Evo Morales conserva influencia en sectores del movimiento popular, pero carece de la capacidad de conducción que exhibió en otros momentos. La COB enfrenta cuestionamientos internos y las organizaciones campesinas muestran crecientes divisiones.
Paradójicamente, esa fragmentación puede haber facilitado la estrategia gubernamental de negociación selectiva y aislamiento de los sectores más combativos.
El desafío de Rodrigo Paz
La aprobación del estado de excepción representa una victoria política para el presidente boliviano. No solo consiguió el respaldo legislativo que necesitaba, sino que además logró avanzar en la recuperación de rutas sin enfrentar, al menos por ahora, una resistencia unificada.
Las imágenes difundidas este fin de semana muestran a policías y militares retirando piedras, montículos de tierra y obstáculos instalados sobre las carreteras. En varias localidades, los operativos fueron recibidos favorablemente por vecinos y comerciantes afectados por semanas de interrupciones.
Pero la crisis está lejos de haber terminado.
Persisten decenas de bloqueos, continúan las denuncias por detenciones y existen organizaciones que rechazan tanto el acuerdo de la COB como el estado de excepción. Además, las causas estructurales del conflicto permanecen abiertas.
He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país.
— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 20, 2026
Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares.
Este Estado de Excepción no…
Por eso, más allá del evidente retroceso de las protestas durante las últimas horas, la principal incógnita no es si el Gobierno logrará despejar las rutas. La verdadera pregunta es si conseguirá resolver las tensiones económicas y sociales que hicieron posible una movilización capaz de paralizar gran parte del país durante casi dos meses.
