Martes  09 de Abril de 2019

"Un día de éstos" y las cuentas pendientes de la democracia latinoamericana

"Un día de éstos" y las cuentas pendientes de la democracia latinoamericana

En un cuento breve publicado en 1962, titulado “Un día de éstos”, Gabriel García Márquez relata que al finalizar su visita al dentista “el alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera”.

- Me pasa la cuenta -dijo.

- ¿A usted o al municipio?

El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica:

- Es la misma vaina.”

El término corrupción proviene del latín corrompere, que significa trastocar, alterar, echar a perder. Y puede definirse como un acto realizado por servidores públicos -electos o no- para su beneficio personal. Tal acto requiere de una transacción, la que no necesariamente encuentra como contraparte a otro agente estatal, sino a miembros de la sociedad civil que pueden ser empresarios, sindicatos o, incluso, partidos políticos. Por su parte, Transparency International define a la corrupción como "aquel acto en que se produce un abuso de la función pública para beneficios privados". Para reír o llorar, en nuestra América Latina la apropiación privada de lo público es mucho más que un relato del realismo mágico.

La democratización en Latinoamérica está cumpliendo su cuarta década y es tiempo de balance. La lucha contra la corrupción ha avanzado a una velocidad infinitamente más lenta que el propio fenómeno a combatir.  Y los mecanismos de accountability (en todas sus dimensiones) se han desarrollado ex post, persiguiendo a la realidad siempre "desde atrás". Lo cierto es que ninguno de nuestros países ha podido controlar la corrupción estructural. Hace ya más de dos décadas que los índices de percepción de la corrupción nos muestran la persistencia de un "problema insoluble", cuyos efectos parecen nunca terminar de desarrollarse y sus consecuencias siempre son de provisoria cuantificación. En términos de costo de oportunidad, la región lleva varias décadas perdidas en manos de este "flagelo sistémico".

Nuestras noticias desbordan de mandatarios, exmandatarios y personas allegadas al poder que transcurren sus vidas entre escándalos de proporciones épicas. Desde el sur del Río Bravo hasta el Cabo de Hornos y desde el Atlántico hasta el Pacífico, nuestra escuálida ciudadanía latinoamericana percibe que los mandatarios, viejos o nuevos, difícilmente escapan de la lógica oportunista de engrosar sus arcas con dinero público y/o el favor privado. En contextos de pobreza estructural, con enormes y crecientes desigualdades, este "flagelo sistémico" resulta cada día más intolerable para nuestro votante mediano. Que la corrupción termina, más temprano que tarde, empeorando nuestra calidad de vida es una realidad palpable y no sólo una percepción pintoresca retratada por el realismo mágico. ¿Extraña en este contexto el triunfo de Andrés Manuel López Obrador o Jair Messias Bolsonaro? Ambos con fuertes discursos anti-corrupción, anti-establishment, prometiendo terminar con las prácticas corruptas y los partidos tradicionales.

Una dimensión central para el desempeño de nuestros regímenes democráticos, donde también termina impactando la corrupción estructural, ha sufrido un camino más incierto: los mecanismos de accountability han resultado ser intrascendentes cuando no impotentes. Sabemos que la relación entre corrupción y democracia es traumática, tensionando el vínculo entre ciudadanía y autoridad. La corrupción genera un efecto negativo sobre la legitimidad de ejercicio de cualquier sistema político. En este sentido, la rendición de cuentas constituye un valor esencial para la efectiva "salud" de las democracias, aún en la versión delegativa.

Así, siguiendo al reconocido politólogo argentino Guillermo O´Donnell, y pensando en los mecanismos de accountability vertical, algunos países de la región comenzaron a tomar “precauciones auxiliares”. En México, el ya muy difundido Instituto Nacional Electoral (INE), cuya misión es el control de todo el proceso electoral asegurando su transparencia y equidad. En Brasil, la implementación de la "Ficha Limpia", que modificó la Ley de Inelegibilidad, de 1990, al definir nuevos criterios para ser candidato a cargos electivos en ese país. La Ley Complementaria nº 135, de 2010, hace inelegible por ocho años a un candidato que tenga el mandato cesado, haya renunciado para evitar la cesación o sea condenado por decisión de un órgano colegiado, aunque aún exista la posibilidad de recursos. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados, en mayo de 2010, y por el Senado Federal, en el mismo mes, por votación unánime. Y fue promulgada por el entonces Presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, en junio de 2010. La misma prohíbe que los políticos condenados en las decisiones colegiadas de segunda instancia puedan presentarse a cargos electivos. En febrero de 2012, el Supremo Tribunal Federal (STF) consideró a la ley constitucional y válida para las elecciones subsiguientes. De todos modos, teniendo en cuenta los resultados de los procesos electorales antes mencionados tanto en Brasil como en México, la realidad muestra que estos mecanismos tampoco han alcanzado para solucionar los problemas de la rendición de cuentas en su dimensión vertical (electoral).

La corrupción sistémica está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Tanto de las organizaciones partidarias como de las campañas electorales emerge como uno de los principales “nudos” en la agenda de pendientes de las democracias latinoamericanas. El foco central de esta agenda tiene nombre: calidad institucional. En efecto, la eficacia de nuestras instituciones, formales e informales, es la variable de mayor peso a la hora de ponderar el impacto sobre los niveles de corrupción.  La opacidad en el financiamiento de la política colabora en el descrédito de la misma y mina las bases de la democracia.

En los albores del inicio de la quinta década democratizadora, y para poder "desestimar" las visiones que interpretan la presente reversión democrática como otra "contra ola autocrática" (Lührmann & Lindberg), es prioritario abordar el problema del financiamiento de toda la política en nuestras democracias, quebrando su comunión con la corrupción estructural. Tal vez así el relato del realismo mágico nos cuente “un día de éstos” que “la misma vaina” ya es un recuerdo de nuestro pintoresco pasado.

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