S&P prevé caída de 2,8% del PBI británico si hay Brexit sin acuerdo

La calificadora de riesgos pronosticó que si hay un Brexit duro, en 2021 la producción británica podría caer un 4,7%. Mientras, un tribunal escocés consideró que Boris Johnson y su gobierno dieron "garantías inequívocas" de que solicitarán una extensión del Brexit a Bruselas, si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre.

La agencia Standard & Poor's (S&P) consideró hoy que una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin acuerdo -"Brexit duro"- puede provocar una reducción del PBI británico del 2,8% en 2020.

La calificadora de riesgos pronosticó que en 2021, la producción podría ser un 4,7% más baja en caso de no lograr una salida acordada.

El informe de S&P parte de la base de que este país no abandonará el bloque comunitario sin consenso con Bruselas, pero reconoció que el riesgo de que se produzca una salida abrupta de la UE "continúa siendo alto".

También estimó que la economía británica perdió alrededor de un 3% del PBI en los 10 trimestres que siguieron a la celebración del referéndum europeo de junio de 2016.

El informe de la agencia resaltó que, tras tres años de debate político que "casi paralizaron las políticas del gobierno", llegar a un compromiso con la UE sigue siendo un desafío, dado el número de accionistas, la complejidad que implica y el calendario ajustado.

Por otra parte, un tribunal escocés consideró hoy que el primer ministro británico, Boris Johnson, y su gobierno han dado "garantías inequívocas" de que solicitarán una extensión del Brexit a Bruselas, si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre.

Al divulgar su dictamen en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el magistrado Lord Pentland se refirió a las "garantías inequívocas" de que Johnson cumplirá con la llamada "legislación Benn", aprobada por el Parlamento en septiembre, que establece la necesidad de pedir una extensión de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre. 

Al mismo tiempo, alertó que si el líder tory no se atiene a la legislación podría "dañar la confianza mutua" que existe entre los tribunales y los políticos.

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