LA OPOSICIÓN YA CERRÓ FILAS CONTRA EL "IMPUESTO AL CHEQUE"

Rousseff y Levy empiezan la batalla en el Congreso para sacar adelante plan anticrisis

Tras reunirse con líderes de seis partidos de la coalición de gobierno, la mandataria aseguró que hará "todo lo posible" para impedir los "intentos" desestabilizadores

Deglutido el trago amargo de presentar el ajuste a la sociedad brasileña, la presidenta Dilma Rousseff trasladará su pelea al Congreso para conseguir que apruebe las impopulares medidas, que ayer cosecharon el rechazo de movimientos sociales y gremiales vinculados al oficialismo, empresarios y legisladores de todo el arco político.
Los congresistas de la oposición cerraron filas contra la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, incluso las de escaso valor, el plato fuerte que preparó el gobierno para financiar con más de u$s 8.000 millones la deficitaria caja de jubilaciones en 2016. Dilma perdió a su vicepresidente Michel Temer como negociador con el Parlamento y tendrá que buscar una figura de peso para avanzar en un Legislativo que le es esquivo y mira con recelo su escasa popularidad y las denuncias de corrupción que salpican a miembros del gabinete en el caso del Lava Jato.


El juez que investiga el escándalo de corrupción en Petrobras procesó ayer a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de beneficiarse del gigantesco esquema de sobornos armado en la estatal.
Los empresarios pusieron el grito en el cielo previsiblemente contra el alza tributaria y consideraron pobre el recorte de gastos. "El gobierno no recortó en la carne. Lo que hubo fue falta de transparencia y una transferencia (de la factura) a la sociedad" se quejó Paulo Skaf, presidente de la poderosísima Federación de Industriales de San Pablo (Fiesp).


Las voces en contra se alzar on también en los bloque de aliados, que resisten el camino que eligió la mandataria de izquierda para sacar a Brasil del pantano económico y hacerle recuperar el sello de buen pagador que le quitó Standard & Poors.


"Dilma está disparando contra quienes pueden ir a la calle a defender su mandato", lamentó el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farias, enfurecido contra el "paquete de maldades". Los gremios de empleados públicos, donde pesa el PT, anunciaron que iniciarán huelgas para presionar al Congreso contra la propuesta que congela los reajustes salariales hasta agosto de 2016, cuando se espera que la inflación de este año sea de 9%.


Los movimientos sociales, que defienden a Dilma en las calles contra la ofensiva de la oposición a favor del impeachment, quedaron en la encrucijada de respaldar al gobierno contra "el golpismo" o protestar contra los recortes que no dejaron a salvo los planes sociales que identifican a la gestión del PT.


El tijeretazo sobre el Presupuesto de 2016 supera los u$s 6.000 millones, y si se suma lo que piensa recaudar con los nuevos impuestos se llega a los u$s 17.000 millones que el gobierno quiere conseguir para cumplir la meta de superávit de 0,7% del PBI el próximo año.


Dilma se mostró ayer fuerte para lidiar con el malestar social que conllevará el ajuste. Tras reunirse con líderes de seis partidos de la coalición de gobierno en el Congreso, que le entregaron un manifiesto en sostén de su mandato, afirmó que hará "todo lo posible para impedir que los movimientos no democráticos crezcan y se fortalezcan"

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