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Procurador de Brasil pide prisión de titulares del Senado y Diputados

La decisión afecta también a un ex mandatario y un senador. Se los acusa de intentar obstaculizar la investigación de corrupción en la estatal Petrobras

Renan Calheiros y Romero Jucá en otros tiempos

Renan Calheiros y Romero Jucá en otros tiempos

El Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, pidió a la Corte Suprema la detención de los presidentes del Senado y la cámara de Diputados, un ex presidente y un ex ministro, todos del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y vinculados con el gobierno interino de Michel Temer, en un nuevo capítulo del escándalo de corrupción en Petrobras que amenaza poner en jaque a la nueva administración a menos de un mes de su asunción.

Es la primera vez que un jefe de los fiscales pide la prisión de un titular del Congreso y de un ex mandatario. La información fue publicada ayer inicialmente por el diario OGlobo y confirmada a lo largo del día por varios medios de comunicación brasileños, aunque no se manifestaron públicamente ni Janot ni el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial.

Janot solicitó a la Corte encarcelar a Renan Calheiros, jefe del Senado y quien sigue en la línea de sucesión a Temer; y al senador Romero Jucá, de estrecha confianza del presidente interino y ex ministro de Planificación, que renunció a ese cargo poco después de asumir tras ser acusado de intentar obstaculizar la Operación Lava-Jato, que investiga las coimas en Petrobras. Los pedidos se extendieron al ex presidente de Brasil, José Sarney (1985-1990), de 86 años. En el caso de Sarney el fiscal pidió prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Los tres caciques del PMDB, partido de centro que sostuvo al gobierno de Dilma hasta poco antes de iniciarse el impeachment, fueron grabados por un arrepentido que entregó los audios con diálogos que muestran sus intenciones de interferir en las investigaciones, a la justicia.

El cuarto pedido de prisión cayó sobre Eduardo Cunha, el jefe de Diputados que ya había sido suspendido de ese cargo por decisión unánme de la Corte, y que está siendo investigado por lavado de dinero y corrupción tras detectarse cuentas en Suiza por millones de dólares, que habrían sido abastecidas por los sobornos de la estatal petrolera.

Los pedidos de arresto son un duro golpe para Temer, cuyo gobierno nació débil por las dudas en torno al proceso de impeachment a Rousseff y aún lucha por ganar legitimidad en medio de cuestionamientos por las sospechas de corrupción que le costaron dos ministros, y sobrevuelan sobre otros funcionarios.

Calheiros dijo en una nota "que no practicó ningún acto concreto que pueda ser interpretado como un supuesto intento de obstruir la justicia" y calificó su pedido como "irracional, desproporcionado y abusivo".

Juca, que tuvo un rol destacado en el alejamiento de Rousseff, lamentó, a su vez, "este tipo de filtración selectiva que expone a las personas sin ningún tipo de derecho de defensa" y dijo que puso a disposición de la justicia "mi secreto fiscal, bancario y telefónico", a través de un comunicado.

La solicitud de Janot se basa en audios de conversaciones que grabó secretamente Sergio Machado, ex presidente de Transpetro, subsidiaria de Petrobras, que colabora con la justicia a cambio de reducir una eventual condena por su participación en la red de coimas de la petrolera. En uno de los diálogos, Jucá habló sobre la necesidad de apartar a Dilma, para que llegue Temer y conseguir "un pacto" para frenar el Lava-Jato. Calheiros defiende en otro audio un cambio en la ley del arrepentido para impedir que alguien investigado pueda convertirse en delator para moderar su castigo.

Las delaciones premiadas fueron la base de la monumental investigación del juez federal Sergio Moro, que encarceló a decenas de políticos y empresarios, entre los cuales Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora homónima, quien se acogió al citado beneficio, lo que lo tornó una bomba de tiempo en el escenario político.

La escalada del caso podrá influir en el impeachment de Rousseff que deberá votar el Senado hasta agosto.