Pelea judicial de la vicepresidenta de Huawei para evitar que extradición a EE.UU.

Comenzó en Canadá la primera audiencia por el proceso de extradición de Meng Wanzhou (CFO de Huawei e hija del fundador de la compañía) a los Estados Unidos, donde tiene una denuncia por fraude. El caso es seguido de cerca por el gobierno chino que instó a Canadá a liberar a Meng lo más rápido posible.

Mientras que Washington acusa a la alta ejecutiva de utilizar una empresa fantasma con base en Hong Kong para vender equipos a Irán, en violación a las sanciones impuestas por los Estados Unidos; desde China definen el caso como "un incidente político completamente serio", según manifestó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, el lunes en conferencia de prensa. Meng fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en diciembre de 2018 y permanece en libertad bajo fianza, mientras enfrenta una batalla judicial para no ser extraditada a los EE.UU. 

Huawei –un emblema del crecimiento económico chino, que también está sospechada de tener fuertes vínculos con el gobierno– ha quedado en el medio de una batalla entre ambas potencias, que se están disputando el liderazgo tecnológico en las próximas décadas. De hecho, Beijing ve el caso como un intento de contener el ascenso de China. 

Esta primera etapa del proceso de extradición se centrará en analizar si los delitos de los EE.UU. acusa a Meng, también constituyen crímenes en Canadá. Los abogados de Meng alegan que su caso se trata realmente de sanciones de Estados Unidos contra Irán –Canadá no tiene ese tipo de sanciones–, no de un caso de fraude.

La segunda fase, programada para junio, considerará los alegatos de la defensa de que los Servicios Fronterizos de Canadá, la Real Policía Montada Canadiense y el FBI violaron los derechos de Meng mientras recolectaban evidencia antes de que fuera realmente arrestada.

Por ahora, sin embargo, no se esperan definiciones ya que el proceso se podría extender por varios años si las partes deciden apelar. Entre 2008 y 2018, casi el 90% de los arrestados en Canadá fueron extraditados a los Estados Unidos.