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La causa del pedido de destitución es el uso sistemático de "contabilidad creativa"

La presidenta autorizó fondos adicionales para distintas reparticiones sin contar con el aval del Congreso. Se la juzga por realizar estas operaciones en ambos mandatos

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff en la votación de la Cámara de Representantes se sustenta por dos razones legales: la cuestión de los decretos ilegales y la continuación de "pedaladas" (contabilidad creativa) en el primer año del segundo mandato.
Estos dos hechos se dieron a conocer a través de Valor, mucho antes de que se solicitara el juicio político. Y el neologismo ‘pedalada‘ apareció por primera vez en enero de 2014 por el periodista de este diario Ribamar Oliveira.
Valor y otros medios de información sacaron a la luz los préstamos y operaciones fiscales poco ortodoxas que dieron lugar a las investigaciones.
El primer pedido de juicio político presentado por los abogados Helio Bicudo, Janaina Paschoal y Miguel Reale Júnior no hizo ninguna referencia a los decretos ilegales publicados en 2015 y tampoco a la continuación de las ‘pedaladas‘. Se referieron únicamente a las acciones tomadas en 2014.
Existe el argumento de que Dilma no puede ser juzgada por los hechos que se cometieron en el primer mandato.
Pero, el 20 de mayo de 2015, Valor informó de que el Tesoro Nacional siguió ‘pedalando‘ las tasas de interés destinados a crédito rurales. Esta práctica ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas (TCU), al juzgar la el ‘pedaleo fiscal‘ realizado por Rousseff en su primer mandato.
El 9 de octubre, Valor publicó un artículo diciendo que la presidenta Dilma Rousseff emitió seis decretos que autorizan fondos adicionales al presupuesto, incluso antes de que el Congreso Nacional aprobara la reducción de la meta de superávit primario para 2015 establecidas por la Ley de Directrices presupuesto (LDO).
Al analizar las cuentas de 2014, la TCU encontró que Rousseff había otorgado el mismo tipo de créditos adicionales sin comprobar si eran compatibles con el logro de la meta de superávit primario establecido en la LDO.
Para TCU, los créditos no deberían haber sido abiertos, porque no son compatibles con el superávit primario presupuestado en ese año. Cualquier cambio en el gasto, dijo la TCU, sólo podría haber ocurrido después de la aprobación del cambio de la meta fiscal.
Después de la publicación de los artículos, los autores de la solicitud de juicio político presentaron un nuevo texto a la presidencia de la Cámara de Diputados en el que incorpora tanto los decretos ilegales como la continuación del ‘pedaleo de impuestos.‘
En enero de 2014, Valor mostró como el gobierno había conseguido cerrar las cuentas de 2013 debido a retraso en el pago de la ‘Bolsa Familia‘ y el seguro de desempleo, entre otros gastos.