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La avanzada presidencial llegó al Poder Judicial

Mientras se abren demandas en EE.UU. contra el decreto migratorio que dispuso el presidente Donald Trump, él continúa a ritmo sostenido la sanción de decretos y de acciones públicas ejemplificadoras.
El lunes despidió a la fiscal general interina Sally Yates -que también estaba a cargo del Departamento de Justicia-, porque se opuso al veto migratorio considerándolo ilegal. Yates había ordenado a los abogados del Departamento que no preparasen la defensa del decreto.
Tras jurar el cargo, Dana Boente, la fiscal designada para reemplazarla, aseguró a la prensa que hará cumplir el decreto migratorio.
Aun así, el mandatario se queja de que no todos sus deseos se cumplen. Ansía que su favorito para convertirse en nuevo fiscal general, el senador conservador Jeff Sessions, sea confirmado pronto por el Comité del Senado, y acusa a los demócratas de dilatar su aprobación.
También la máxima institución judicial del país está pendiente de definir la tendencia ideológica que tendrá a partir de ahora y por un largo tiempo (ya que los cargos del Tribunal Supremo son vitalicios). Al cierre de esta edición Trump iba a anunciar con qué conservador quiere "desempatar" esa Corte que, con una vacante hace un año, actualmente se compone de 4 jueces conservadores y 4 progresistas. El tribunal es clave en temas muy polarizados en EE.UU. como el control de armas y el aborto. Para despejar dudas, la semana pasada Trump mandó al vicepresidente Mike Pence a participar de la tradicional marcha antiaborto en Washington.