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Estados Unidos impone multa de u$s 2600 millones a Odebrecht

La justicia en Brooklyn condenó a la empresa brasileña por haber sobornado a funcionarios públicos. La compañía busca otros acuerdos de culpabilidad

Estados Unidos impone multa de u$s 2600 millones a Odebrecht

En lo que constituye la mayor penalización de la historia de Estados Unidos por un caso extranjero de sobornos, el juez Raymond Dearie del Tribunal Federal de Brooklyn condenó ayer a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de u$s 2600 millones por haber sobornado a funcionarios públicos en el exterior para asegurarse contratos en más de 100 proyectos.

Sin embargo, el monto es muy inferior a los u$s 4500 millones que pretendía la Fiscalía estadounidense en diciembre, cuando llegó a un acuerdo de culpabilidad con Odebrecht –el grupo admitió que desde el año 2001 pagó u$s 788 millones a funcionarios públicos de varios países para la firma de contratos– y la empresa alegó que sólo podría pagar u$s 2600 millones. También el brazo petroquímico de Odebrecht, Braskem, se había declarado culpable de los cargos estadounidenses de soborno y en enero fue condenado a pagar una penalización de u$s 632 millones, un tercio menos que lo contemplado en el acuerdo.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se hizo un estudio con autoridades norteamericanas y brasileñas que concluyó que la multa debería respetar el valor mínimo alegado por el grupo constructor, a lo cual se sumó la creación de un supervisor contable independiente durante tres años. Los fiscales señalaron que Odebrecht tenía controles inadecuados de anticorrupción entre 2001 y 2016, cuando pagó los sobornos.

El dinero de la multa se distribuirá en los tres países que investigaron inicialmente a la compañía: la mayor parte será para Brasil –u$s 2.391 millones–, u$s 116 millones para Suiza y u$s 93 millones para el Tesoro estadounidense, éstos pagaderos hasta el 30 de junio.

La condena se conoce en un momento en que la constructora negocia acuerdos de culpabilidad con otros países, incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, la República Dominicana, Venezuela, Panamá y Portugal.

En Brasil, el presidente Michel Temer prevé que algunos ministros renuncien tras verse implicados en el "vergonzoso" escándalo Lava Jato, pero afirmó que eso no impedirá que su gobierno apruebe importantes reformas económicas. El mandatario reiteró que no despedirá a ninguno hasta tanto sean acusados formalmente por fiscales, lo que podría insumir meses o incluso años.

Para acelerar y priorizar los procesos del Lava Jato, la ministra Cármen Lúcia, presidenta del Supremo Tribunal Federal, determinó ayer la creación de un "grupo de asesoría especializada" para reforzar al equipo del gabinete del ministro Edson Fachin, responsable de las actuaciones del caso Lava Jato en el tribunal, indicó O Globo.