El 'sheriff' Donald: la versión empoderada de Trump post-impeachment

Los demócratas están viendo de primera mano las secuelas del impeachment: en lugar de debilitarse, la absolución le dio presidente Donald Trump  un nuevo impulso en el marco de un año electoral.

Primero fueron las salidas del Teniente Coronel Alexander Vindman (miembro del Consejo Nacional de Seguridad)  y de Gordon Sondland (embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea), ambos testificaron en contra de Trump durante el juicio político en el Senado.

Pero mientras muchos terminaban de digerir los castigos de Trump en el gobierno, el presidente volvió a escandalizar a la opinión pública cuando le concedió clemencia a un grupo de aliados políticos, eludiendo el proceso habitual del Departamento de Justicia.

Trump repartió perdones para siete personas y le concedió clemencia (una reducción de la condena) a otras 4. El grupo está conformado por ejecutivos, CEOs en prisión por evasión fiscal, empresarios acusados de encubrimiento, financistas condenados por fraude, un alto oficial de la policía de Nueva York y el exgobernador de Illinois, Rod Blagojecivh, entre otros.

En su defensa, Trump dijo que está autorizado a involucrase en el sistema legal y se definió como "el principal oficial de aplicación de la ley", según le dijo a medios estadounidenses, aunque admitió que prefiere no involucrarse.

Sin embargo, en Estados Unidos el comportamiento de Trump tiene a todos cada vez más preocupados: el fiscal general William Barr –que ha recibido varias críticas a lo largo de los años por su cercanía con Trump– admitió recientemente que, si bien el presidente nunca le había pedido que hiciera algo respecto a un caso criminal, sus tuits sobre el Departamento de Justicia, estaban haciendo el trabajo de Barr imposible. En la interna, la tensión llegó a tal extremo que, según oficiales de la administración citados por el Washington Post, Barr había considerado renunciar a su puesto si Trump no dejaba de tuitear respecto a casos en curso.

Y es que sus intervenciones no sólo exponen al Departamento de Justicia, también corre el riesgo de politizar los casos, en el marco de una sociedad polarizada y sensiblemente movilizada por las elecciones. 

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Uno de los casos que Trump sigue de cerca es el de su exasesor, Roger Stone.  En noviembre de 2019, Stone fue encontrado culpable por siete crímenes, incluyendo obstrucción de justicia, mentirle al congreso y manipulación de testigos, en conexión con la investigación de Robert Mueller sobre la posible intervención rusa en la campaña de 2016 que enfrentó a Trump y Hillary Clinton.

Este 20 de febrero la jueza Amy Jackson deberá dictar la sentencia; por su parte,  los fiscales habían pedido entre 7 y 9 años de prisión para Stone. Ese mismo día Trump tuiteó: “Esta es una situación horrible y muy injusta. Los verdaderon crímenes estaban del otro lado, y no les pasa nada. No se puede permitir este fracaso de la justicia! . Horas más tarde y en contra del protocolo, el departamento de Justicia envió un memo diciendo que la condena que pedían los fiscales era demasiado dura.  Los demócratas dijeron que Trump estaba presionando a la Justicia,  el presidente lo negó, pero 4 fiscales del caso renunciaron en protesta.

Más de 2.000 ex empleados del Departamento de Justicia firmaron una carta pública esta semana objetando la intervención pública de Trump en el caso de su amigo Stone, e instando al fiscal general Barr a renunciar.  El jefe de la Asociación de Jueces Federales también convocó a una reunión de emergencia para abordar las crecientes preocupaciones sobre la interferencia política en el caso Stone.

Trump también le ha apuntado a la jueza Jackson en varios de sus tuits y algunos ya están especulando que Trump podría concederle un perdón a Stone en caso de que la condena sea alta. "No lo he pensado. Mientras tanto, está pasando por un proceso", dijo Trump y matizó: "Pero creo que ha sido tratado muy injustamente .