Martes  19 de Noviembre de 2019

El mapa de la protesta social que redefine la política en Sudamérica

Con Ecuador y Chile como las más emblemáticas, una ola de rebeliones populares arreciaron desde octubre contra medidas económicas de ajuste, que contagia a otras naciones a seguirla. Colombia, que va a la huelga el jueves, en la mira.

El mapa de la protesta social que redefine la política en Sudamérica

América del Sur parece actualmente un peligroso dominó social, que a comienzos de octubre tuvo su primer estallido en Ecuador, siguió con Chile, Bolivia y cuya próxima ficha se alista en Colombia esta semana.

En gran medida, el factor común de la “explosión” de estas protestas sociales es la desigualdad económica dentro de cada país. Esos motivos económicos para salir a la calle y sumarse a colectivos de autoconvocados, luego confluyeron con el rechazo a las políticas económicas  y sociales implementadas por los respectivos mandatarios. 

En Ecuador y Chile, el detonante de las protestas fue el aumento del precio del combustible. 

En Bolivia, la grieta opolítica entre los seguidores del ahora ex mandatario Evo Morales y sus opositores, tras casi 14 años en el poder, se ahondó con el resultado de unos comicios que la OEA recomendó realizar nuevamente por irregularidades. Pero también en Perú hubo rechazo popular a la clase política, aunque sin movilizaciones masivas.

Primero fue Perú

En este caso, el detonante no fue la desigualdad económica -aunque ésta sea inherente al Perú moderno- sino la corrupción de la clase política,  que se cobró víctimas insospechadas como el suicidio del ex presidente Alan García en relación al caso Petrobras en abril. 

Poco antes fue la detención, renuncia y posterior arresto domiciliario del presidente Pedro Kuckzynski, acusado de comprar votos para evitar su destitución. En su lugar asumió su vice Martín Vizcarra, que enfrentado al Legislativo por el proyecto de reforma constitucional vinculada a la inmunidad parlamentaria, propuso adelantar elecciones (serán el 26 de enero 2020), cerró el Congreso y reivindicó el apoyo a su gestión de las FFAA.

Ecuador

El 1 de octubre, Ecuador anunciaba su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) remitiéndose a su desafío de enfrentar la sostenibilidad fiscal del país. Mientras  el gobierno de Lenin Moreno ensayaba medidas de ajuste, tras obtener un préstamo del FMI condicionado a cambios profundos en materia tributaria. La medida más polémica fue la eliminación de subsidios a los combustibles, vigente hacía décadas. 

La  respuesta de la calle fue inmediata, con movilizaciones autoconvocadas en las que progresivamente, la población indígena fue decisiva. El gobierno respondió con toques de queda, el estado de excepción, y tras una masiva movilización a Quito en la que el reclamo era el restablecimiento de subsidios al combustible o la salida del poder de Moreno, el mandatario dio marcha atrás con la medida.

Los enfrentamientos dejaron 10 muertos, 1340 heridos y 1200 detenidos. Recién a fin de octubre el gobierno de Moreno pareció hallar una alternativa viable para seguir su gestión, tras acordar un rediseño de medidas de ajuste conjuntamente con líderes indígenas.

Pero este fin de semana la Asamblea Nacional desechó la propuesta de Ley para el Crecimiento Económico, lo que volvió a exponer la debilidad del mandatario para reestructurar las finanzas del país, exigencia que le planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de concederle en mayo una línea de crédito, condicionada a que se ejecuten cambios sustanciales en materia tributaria.

El gobierno apuraba hoy un nuevo proyecto de ley, cuando el ministro de Finanzas Richard Martinez, exhortó la "responsabilidad" del Congreso con "alternativas reales" para superar un "problema estructural" en Ecuador: "el déficit fiscal crónico".

Chile

A mediados de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza del pasaje del transporte público en Santiago de Chile, tanto en micros como subte, que derivó en protestas sostenidas. 

Rápidamente las protestas escalaron en virulencia y se ampliaron a varias ciudades, el gobierno decretó toques de queda, Carabineros desplegó a Fuerzas Especiales, y a cinco días de iniciaddas  las protestas, Piñera anunció un diálogo con las diversas fuerzas políticas para consensuar una nueva agenda social.

Siguió una escalada de movilizaciones, con hasta un millón  de personas, que exigieron que el gobierno retirara a los militares de las calles y encarara profundamente las causas de la desigualdad social.

El mandatario hizo recambios en su gabinete, anunció cambios en el sistema previsional que beneficiarán a tres millones  de pensionados, congeló  aumentos de tarifas de energías, entre otras medidas, pero el descontento continuó y siguió con movilizaciones que hasta el fin de semana, contabilizaban 22 muertos y 2200 heridos.

Finalmente, el viernes pasado, los legisladores acordaron convocar para abril próximo un plebiscito para elaborar una nueva Constitución que reemplace a la promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Lo hicieron "ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el pedido del presidente" para  "buscar la paz y la justicia social".

Bolivia

Un caso aparte es el de Bolivia, donde Evo Morales compitió en elecciones para un cuarto mandato y tras un cómputo cuestionado, resultó ganador. Las protestas se desataron la misma noche de los comicios, cuando se interrumpió el conteo, y ante las crecientes denuncias opositoras y protestas, el entonces mandatario accedió a una auditoría de la OEA que, por las irregularidades constatadas, instó a convocar nuevas elecciones, algo que Morales acató. 

Aún así y ante la escalada de protestas, más el pedido del jefe de las FFAA y de la policía nacional, Morales y su vice, Alvaro García Linera, anunciaron sus dimisiones explicando que lo hacían para que no escalaran los enfrentamientos y luego se asilaron en México.

En todo caso, asumió el poder vacante la senadora de Unidad Demócrata Jeanine Añez, de manera interina hasta tanto se convoquen nuevas elecciones; dio más libertad de acción al ejército y la policía para intervenir en las protestas, que se mantienen hasta ahora entre rivales y seguidores de Morales, y que están provocando desabastecimiento de combustible y aumento de precios de alimentos en La Paz y El Alto. 

Mientras la situación sigue sin avizorar una pacificación -con un saldo de 23 muertos y 700 heridos-, la Iglesia católica, la ONU y la UE auspician desde ayer un diálogo entre las partes.

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