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El jefe de los fiscales Rodrigo Janot provoca un crash institucional

El pedido de prisión del jefe del Senado, Renan Calheiros, tiene el poder de paralizar el Congreso, complicar el proceso de impeachment y conducir a Brasil a un impasse institucional.
La temperatura de la crisis volvió a alcanzar el máximo grado de ebullición, como sucedió con la conducción coercitiva del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su momento. No hay buena solución para el gobierno interino de Michel Temer. Y está en juego la credibilidad del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, para dar continuidad a la Operación Lava-Jato.
En el gobierno algunos vieron inicialmente como algo positivo la acción del jefe de los fiscales, porque creyeron que quitaría el peso de la crisis del Palacio do Planalto y lo llevaría a la cúpula del Congreso. Un engaño.
El Lava-Jato tiene el poder de arrastrar también al presidente interino al centro de la crisis. El Congreso amenaza parar, a la espera de la decisión del juez de la Corte Suprema Teori Zavascki, relator de la investigación sobre corrupción en Petrobras.
El pedido de prisión de Calheiros tiene el poder de condicional el proceso de impeachment porque si lo acata el Supremo Tribunal Federal (STF), el proceso quedará en manos de dos políticos que fueron críticos de la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff: el senador Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT), primer vicepresidente de la cámara Alta, y el juez del STF Ricardo Lewandowski, que dirige la comisión de impeachment por ser titular de la Corte.
El impeachment no era la solución de los sueños para Calheiros, pero el senador no quiso nadar contracorriente. Como conductor del proceso que abrió el juicio político a Dilma, le dio juego a sus colegas Lindbergh Farias y Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores, y Vanessa Grazziotin, del Partido Comunista, perros de guardia de la presidenta apartada, pero al mismo tiempo no dejó que lo frenaran. Para Viana, en cambio, el impeachment fue un golpe.
El pedido de Janot incluye al senador Romero Jucá, uno de los más hábiles negociadores en el Senado, que cayó del gobierno por su vinculación con la investigación del Lava-Jato. Si Jucá cae, el proceso no perdería un voto porque su suplente también sufragará a favor. El ex senador y ex presidente José Sarney no vota, pero sus aliados mantendrán la misma posición de la primera votación, a favor de la destitución definitiva de Dilma. Resta el diputado apartado Eduardo Cunha, hoy el objetivo más fácil de Janot y que no vota en el impeachment.
Zavascki deberá tomar una decisión difícil y tendrá que hacerlo rápidamente. La concesión de los pedidos de prisión de los senadores puede derivar en un impase institucional, si el Senado, al examinar la decisión, resuelve rechazarla. La prisión de cualquier legislador en ejercicio de su mandato, incluso en flagrante, requiere la confirmación de la cámara a la que pertenece el congresista, Senado o Diputados. Así ocurrió con el senador destituido Delcidio Amaral, del PT, que fue detenido por conspirar contra el Lava-Jato. ¿Qué ocurrirá si el Senado la rechaza? ¿Renan, Jucá y Sarney tienen como medir fuerzas con la Corte a esta altura? La reacción inicial de los senadores indicaría que sí.
Para el gobierno resta una lección. No se puede pelear contra el Lava-Jato. El lunes Temer le envió un mensaje al ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, pidiéndole que dejara el cargo tras haberse conocido las denuncias en su contra por el caso Petrobras. Alves ignoró el aviso y luego fue confirmado en el cargo. El gobierno de Temer no puede permitirse más esas señales equívocas. Debería haber aprendido de la gestión de Dilma que no se puede jugar con el Lava-Jato.
Si Zavascki niega el pedido de Janot o si acepta solo la detención de Cunha, el tamaño de la crisis disminuirá poco o nada. El proceso de juicio político contra Dilma en el Senado sería dirigido por alguien (Calheiros) bajo sospecha de tener un interés propio en la destitución de la presidenta. En esa hipótesis, también quedaría golpeada la credibilidad de Janot por recurrir a la Corte en un tema de gravedad sin la seguridad de que el máximo tribunal le daría su aval.