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El gobierno francés saltea al Parlamento y sanciona la resistida reforma laboral

François Hollande logró que se apruebe la ley por un artilugio constitucional. La oposición necesita una mayoría que no tiene para lograr una moción de censura

Las manifestaciones en contra no lograron frenar la ley

Las manifestaciones en contra no lograron frenar la ley

El gobierno francés sancionó, gracias a un "atajo" constitucional la reforma laboral por la que tanto bregó en el último tiempo y que le valió multitudinarias manifestaciones y protestas gremiales de todo tipo.

El primer ministro Manuel Valls logró aprobar la ley sin ser sometida a voto gracias al artículo 49,3 que le permite saltear al Congreso en caso de necesidad. Para ser revocada la norma, la oposición necesitará una mayoría que se cree es improbable y para lograr una moción de censura.

La "ley El Khomri" -por el nombre de la ministra de Trabajo- establece modificaciones en materia de negociación colectiva de trabajo, despidos, cantidad de horas trabajadas y condiciones de trabajo.
Entre otras modificaciones permite los acuerdos "por empresa", facilitar despidos por "causas económicas" y ampliar la cantidad de horas trabajadas semanales de 35 a 46 y cambiar las ciertas condiciones de trabajo fijadas en el contrato.

"Este es un texto de progreso" que en primer lugar "da confianza a los trabajadores y a los empresarios", señaló el primer ministro socialista en referencia a uno de los aspectos más criticados de la reforma, que da primacía a los acuerdos dentro de la empresa sobre los acuerdos sectoriales.
Valls justificó la utilización por tercera vez del artículo 49.3 con el argumento de que la reforma del mercado de trabajo es "la gran reforma de este quinquenio", y que "no había alternativa".Las centrales sindicales criticaron la "adopción con fórceps" de una ley "regresiva" que, a su juicio, cuenta con el rechazo de la mayoría de los franceses, según consideró el mayor sindicato del país, la CGT.

"Este Gobierno no ha escuchado a quienes se han movilizado y se han expresado en contra de este proyecto", señaló la CGT, al tiempo que consideró que el Ejecutivo de Valls "ha perdido la batalla ideológica".

Pese a todo, los principales sindicatos opuestos a la medida -que sí contó con el respaldo de la segunda mayor central del país y primera en la empresa privada, CFDT- llamaron a una gran jornada de movilización el próximo 15 de septiembre.

Los diputados de la oposición de izquierda barajan ahora la posibilidad de presentar un recurso ante el Consejo Constitucional por el supuesto "no respeto del debate parlamentario" en el que habría incurrido el Gobierno.

Para ello, necesitarían las firmas de 60 diputados, algo que solo lograrían si se suman algunos parlamentarios de la bancada de la derecha.

En cualquier caso, la batalla por la reforma laboral dejó exhaustas a las filas socialistas. Donde los opuestos a la ley ven "una victoria pírrica", sus defensores lamentan no haber podido someterla a un debate parlamentario.

El mismo impulsor de la ley, el socialista Christophe Sirugue, declaró que estaba "enormemente frustrado" por "no haber podido confrontar el texto a los diputados".