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Críticas al proyecto de gratuidad universitaria en Chile

Luego de años de reclamos y protestas callejeras, la presidenta chilena Michelle Bachelet envió al Congreso el anhelado proyecto de ley que establece la gratuidad a nivel universitario en Chile. Después de nueve prórrogas y superar el último plazo autoimpuesto, la mandataria anunció en cadena nacional el envío de la ley de reforma de la Educación en Chile.
"Cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos en 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior", señaló la mandataria al ofrecer detalles del proyecto.
Pero la gradualidad del proyecto y los plazos difusos de implementación de la gratuidad no conformaron a nadie, y mucho menos a los estudiantes.
"El proyecto no termina con el negocio de la educación. No cambia sustancialmente lo que hay hasta ahora", dijo Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la principal agrupación que encabezó las numerosas marchas bajo la consigna "educación pública, gratuita y de calidad".
"Lo que ha planteado la presidenta en la cadena nacional nos llena de preocupación y desaliento", afirmó también Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso.
La ley consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes más pobres al final del mandato de Bachelet (2018), y desde ahí establece una serie de condicionantes económicos para llegar a la gratuidad universal.
El proyecto mantiene la convivencia de universidades públicas con las privadas, al igual que el actual sistema de créditos y becas para el financiamiento del pago de los aranceles.
Con una matrícula que supera el millón de estudiantes, la gratuidad total fue la gran promesa de campaña de Bachelet, que se había comprometido a llegar al 70% de la matrícula hacia el final de su mandato y al 100% en 2020, comprometiendo políticas del próximo gobierno.