Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
DÓLAR
/
MERVAL

Cambio de era en Venezuela: debaten en el Congreso la amnistía a presos políticos

Aunque se da por descontado que la ley será aprobada por la mayoría opositora, Maduro ya avisó que la vetará por lo que podría desembocar en un nuevo choque institucional

El nuevo Congreso venezolano comenzó ayer el debate del proyecto de ley de amnistía para presos políticos, pero aunque se da por descontada su aprobación por la mayoría opositora, le espera un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional.
En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los políticos presos, un grupo de diputados presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional, que lo someterá a votación en las próximas semanas.
"Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía", expresó la legisladora opositora Delsa Solórzano, desde la tribuna del hemiciclo.
La ley, a la que el gobierno de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista. Esta busca amnistiar a unos 75 presos –entre ellos el dirigente Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión al haber sido encontrado culpable de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir durante una serie de protestas opositoras– y a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.
"No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos", afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodr¡guez.
Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó a López.
El gobierno, que niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como "asesinos" y "golpistas", propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.
En un reflejo de la ardua disputa legislativa que se viene, a la sesión de ayer acudieron partidarios de Maduro y familiares de fallecidos en las protestas que rechazan la amnistía, así como familiares de los llamados presos políticos.
El proyecto de ley que se debate fue elaborado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y juristas, para que lo acogieran los diputados y le dieran trámite. Pero según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Congreso deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.
Estallará entonces un nuevo choque entre Ejecutivo y Legislativo que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -concretamente la Sala Constitucional-, al que la oposición acusa de estar al servicio del chavismo.
Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el nuevo Congreso el pasado 5 de enero, cuando el TSJ obligó a la bancada opositora a separar a tres de sus diputados cuya elección fue impugnada por el oficialismo.