Arduas negociaciones en el Senado de EE.UU. por el nuevo paquete de ayuda de u$s 1 billón

Legisladores republicanos y demócratas debaten un nuevo paquete de asistencia económica por la pandemia, aunque la brecha entre ambos bloques sigue siendo muy amplia. 

Mientras el Congreso se aproxima al receso de agosto, republicanos y demócratas siguen negociando el nuevo paquete de u$s 1 billón en asistencia por la pandemia, que elaboró el bloque oficialista –aunque allí también hay internas– en colaboración con la Casa Blanca.

Uno de los principales ejes es definir en cuánto se fijará el adicional al subsidio por desempleo que termina esta semana: los republicanos –con el apoyo de la Casa Blanca– pretenden reducirlo a u$s 200 semanales y extenderlo sólo por dos meses, después los estados deberán financiar planes que cubran hasta el 70% de los salarios perdidos, aunque no prevén fondos adicionales desde el gobierno federal. Los demócratas plantean que el adicional siga en u$s 600 y se mantenga hasta marzo, mientras se estabiliza el desempleo, que alcanzó niveles récord.

Otra diferencia entre republicanos y demócratas son los pagos directos –fundamentales para la recuperación del consumo– a las familias. Si bien ambos partidos coinciden en renovar los bonos de u$s 1200, para el GOP la suma que se paga por niño o adulto dependiente debería ser de u$s 500, mientras que para los demócratas debería ser de u$s 1200.

La educación, uno de los principales símbolos de reapertura para la Casa Blanca, también es motivo de roces partidarios. Los republicanos planean destinar u$s 105 mil millones en asistencia –u$s 70 mil millones para las escuelas primarias, intermedias y secundarias; u$s 29.000 millones para las universidades y u$s 5 mil millones para un fondo flexible– mientras los demócratas reclaman u$s 430 mil millones sólo para las escuelas.

El proyecto también propone sumar u$s 60 mil millones al Programa de Protección de Cheques de Pago, que da créditos accesibles a Pymes afectadas por la pandemia. También propone blindar judicialmente a las empresas, escuelas y otras organizaciones ante demandas relacionadas con la Covid-19, siempre que hagan esfuerzos "razonables" para seguir las pautas de salud pública y no cometan negligencias graves.

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