Bill Gates y Jeff Bezos invirtieron en un tucumano que quiere salvar al mundo: qué hace

Cómo es la empresa que ya recibió inversiones de las familias más millonarias del mundo.

Era una historia modelo del emprendedurismo nacional. En 2014, un grupo de argentinos había creado una serie de valijas inteligentes y financiado su aventura por crowdfunding: así habían logrado sacar el producto a la calle y nacía Bluesmart, con sede en Brooklyn, Nueva York, pero con el corazón celeste y blanco (te contamos la historia completa acá). Tanto éxito lograron que hasta el mismo Usain Bolt usara sus productos y Marcos Galperín les había ofrecido su plataforma, MercadoLibre, para vender sus productos a escala local. Envalentonados, en 2015 habían anunciado inversiones por $100 M para abrir un centro de distribución en el país. Pero a finales de 2018, la prohibición de llevar baterías de litio en el equipaje despachado dio un duro golpe a su modelo de negocios. En lo que llamaron un "smart luggage ban" (prohibición, de facto, al equipaje inteligente), la compañía anunció un cese de operaciones y la venta de sus activos a la empresa Travelpro.

Diego Sáez-Gil, uno de los fundadores, se retiró 14 días a meditar en silencio con monjes budistas en Tailandia. Pero volvió con un nuevo proyecto llamado Pachama, que ya llamó la atención de inversores como Ryan Graves (Uber), Paul Graham (Y Combinator) y Chris Sacca (Google). Pero también de Bill Gates y Jeff Bezos, los hombres más ricos del mundo. La nueva startup con sede en California que utiliza imágenes satelitales e inteligencia artificial para validar el trabajo que hacen los restauradores de bosques. "Una de las maneras de cuidar el mebio ambiente es la reforestación, reforestar el planeta revierte los problema del cambio climático. En Tucumán se inunda porque los bosqsues no paran el agua, por la deforestación, son fuente de alimento para comunidades y la biodiversidad permite que la tierra sea fértil para la agricultura. Son una solución valiosa para el futuro de la humanidad", explicó en conversación con la Fundación del Tucumán. Otro de los puntos claves del proyecto es hacer crecer el mercado de permisos de emisión.

En Argentina, la huella de carbono promedio por persona es de 8,4 toneladas de CO2 equivalente. La cifra surge del último reporte de Climate Transparency, que mide las emisiones de los países del G20. Por cierto, la huella media de estas naciones es de 7,5 toneladas. Lo que deja en evidencia algo de lo que poco se habla: más allá de sus vaivenes, el modelo de desarrollo de la Argentina es intenso en carbono: un modelo sucio.  El mercado de créditos de carbono fue creado por las Naciones Unidas y funciona así: el "oferente", que es el que se ocupa de reforestar, contrata auditores -generalmente de Washington D.C. o de Suiza- que mandan inspectores al campo a contar los árboles y a medirlos. Después de un proceso lento, dan el certificado de crédito de carbono para vender.

El comercio de derechos de emisión es un instrumento para la disminución de emisiones contaminantes (principalmente gases de efecto invernadero) que se basa en crear incentivos económicos de manera que dicha reducción se produzca de forma costo-efectiva.

Una autoridad central (normalmente un gobierno o una organización internacional) establece tres aspectos cruciales para el funcionamiento de un régimen de comercio de derechos de emisión. En primer lugar, se establece qué emisores de contaminantes forman parte de dicho régimen. En general, los regímenes de comercio de emisiones suelen centrarse en la regulación de emisiones de fuentes fijas como centrales térmicas o plantas industriales. En segundo lugar, se establece qué contaminantes están sujetos a este sistema. En tercer lugar, la autoridad define un límite sobre la cantidad total de gases contaminantes que pueden ser emitidos durante un periodo de tiempo preestablecido. Las empresas son obligadas a gestionar un número de bonos (también conocidos como derechos o créditos), que representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Las compañías que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras compañías que contaminen por debajo del límite que marca el número de créditos que le ha sido concedido. La transferencia de créditos es entendida como una compra. En efecto, el comprador está pagando una cantidad de dinero por contaminar, mientras que el vendedor se ve recompensado por haber logrado reducir sus emisiones. De esta forma se consigue, en teoría, que las compañías que hagan efectiva la reducción de emisiones sean las que lo hagan de forma más eficiente (a menor coste), minimizando la factura agregada que la industria paga por conseguir la reducción.

"Estamos recién empezando, tenemos perfil bajo. Pero ahora los millonarios del mundo ven que no les va a servir su fortuna en un planeta que puede quedar inhabitable", expresó el emprendedor.

 

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