En esta noticia
Durante mucho tiempo fue común que una familia hiciera criar a su perro o a su gato y luego regalara o vendiera las crías entre familiares, amigos o conocidos. En la mayoría de los casos no existía un fin comercial y se trataba de una costumbre completamente normalizada.
Sin embargo, esa situación cambió en España con la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que endureció las reglas sobre la reproducción de animales de compañía.
El objetivo de la norma es combatir la reproducción sin control, reducir el abandono de mascotas y garantizar que quienes se dediquen a la cría cumplan con requisitos de bienestar animal, sanidad y trazabilidad.
En la práctica, esto significa que una decisión que antes dependía únicamente del dueño de la mascota ahora está regulada por la ley. Tener crías ya no es una elección que cualquier propietario pueda tomar libremente, sino una actividad reservada para quienes cuentan con autorización oficial.
Solo los criadores registrados pueden hacer criar perros y gatos
Uno de los cambios más importantes que introdujo la ley es que solo las personas inscriptas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía pueden reproducir perros, gatos y hurones.
El artículo 27 establece expresamente que los particulares que no formen parte de ese registro no pueden criar animales de compañía. La medida apunta especialmente a estas especies porque son las que concentran la mayor cantidad de abandonos en refugios y centros de acogida.
Según las autoridades, la intención no es únicamente controlar quién vende animales, sino también reducir la reproducción no planificada y terminar con un mercado que durante años funcionó mediante publicaciones en internet, redes sociales o acuerdos entre particulares.
Las autoridades sostienen que muchas de esas crías terminaban en situaciones de abandono o eran entregadas sin controles sanitarios, sin seguimiento veterinario y sin ningún tipo de garantía sobre su origen.
Qué significa la ley para los dueños de mascotas
Con la normativa vigente, un particular ya no puede decidir cruzar a su perro o a su gato y luego regalar o vender las crías. Para hacerlo de manera legal, deberá estar registrado como criador, cumplir una serie de requisitos y quedar sujeto a controles por parte de la administración.
El Registro de Criadores también busca garantizar la trazabilidad de los animales. Quienes formen parte de él deben demostrar conocimientos sobre bienestar animal y contar con instalaciones que aseguren condiciones adecuadas de higiene, espacio y atención veterinaria.
De esta manera, las autoridades pueden identificar el origen de cada animal y controlar que todo el proceso de reproducción se haya realizado conforme a la normativa.
Los dueños también tienen la obligación de evitar que sus mascotas se reproduzcan
La ley no solo regula quién puede criar, sino que también responsabiliza a los propietarios de impedir que sus animales tengan crías si no cuentan con autorización.
En el caso de los gatos, la norma establece que deben ser esterilizados antes de cumplir los seis meses de edad, salvo que formen parte de un programa de reproducción autorizado o exista una justificación veterinaria.
Para los perros y hurones, la legislación no impone una esterilización obligatoria en todos los casos, pero sí exige que el propietario adopte las medidas necesarias para evitar la reproducción si no está registrado como criador.
Esto implica que, si un animal tiene crías sin autorización y el dueño no cumplió con esa obligación, podría enfrentarse a consecuencias legales.
Qué pasa si tu perro o gato tiene crías
La ley también modificó otra práctica que durante años fue habitual: la venta de cachorros entre particulares.
Desde la entrada en vigor de la normativa, los perros, gatos y hurones solo pueden comercializarse a través de criadores registrados, por lo que los anuncios de crías nacidas en domicilios particulares quedaron fuera del marco legal.
Incluso si la reproducción ocurre de manera accidental, la situación debe comunicarse a las autoridades competentes. Además, esas crías no podrán venderse por fuera de los canales autorizados.
Cuáles son las multas por incumplir la ley
Las sanciones previstas por la Ley de Bienestar Animal pueden ser elevadas. Criar animales sin estar inscripto en el Registro de Criadores puede derivar en multas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Con esta normativa, el Gobierno español busca reducir el abandono de mascotas, controlar la reproducción de perros y gatos y combatir la cría ilegal. La filosofía de la ley se basa en el principio de “sacrificio cero”, una estrategia que pretende disminuir la cantidad de animales que terminan en refugios o centros municipales por nacimientos no planificados.
