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La Policía Federal Argentina desarticuló una operación de venta ilegal de patrimonio histórico nacional después de recuperar más de 200 documentos vinculados a figuras clave de la historia argentina, entre ellos José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Martín de Pueyrredón.
Las piezas —que incluyen cartas manuscritas, fotografías, libros y recortes periodísticos de época— estaban siendo ofrecidas en una casa de subastas porteña por un valor inicial cercano a los 100,000 dólares.
El operativo fue ejecutado por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, y contó con respaldo judicial del juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4.
Un tesoro nacional de San Martín, Rosas y Pueyrredón que circulaba como mercancía
Lo que la Policía Federal encontró en esa casa de subastas sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no era una colección privada más. Era, en los términos más concretos, un fragmento material de la historia puesto a la venta como si fuera cualquier objeto de anticuario.
Entre las más de 200 piezas que componían el lote había cartas y escritos atribuidos al General José de San Martín, documentos vinculados a Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
También formaban parte del conjunto fotografías históricas, libros antiguos, documentos oficiales con sellos y firmas de época, y recortes periodísticos relacionados con organismos nacionales y provinciales.
El precio de salida del lote completo rondaba los 100,000 dólares, una cifra que da cuenta tanto del valor de mercado que este tipo de piezas alcanza en el circuito internacional de subastas como de la magnitud del negocio que se intentaba concretar.
Cómo se detectó la operación y cómo actuó la Justicia
La investigación no comenzó con una denuncia puntual ni con un dato de inteligencia tradicional. Fueron los propios especialistas del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA quienes, durante tareas de monitoreo preventivo, detectaron la publicación del lote en una plataforma de venta en línea. El material estaba siendo ofrecido abiertamente, con descripción de las piezas y precio de salida, lo que permitió a los investigadores actuar con rapidez.
Con la evidencia digital reunida, el caso fue elevado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. La magistratura ordenó una presentación judicial con allanamiento en subsidio —es decir, con autorización para ingresar al local si fuera necesario— con el objetivo de asegurar el resguardo inmediato de las piezas y evitar que el lote fuera adjudicado o trasladado antes de que la Justicia pudiera intervenir.
El operativo fue ejecutado por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA. Una vez en el lugar, los documentos fueron identificados, inventariados y trasladados a una dependencia policial donde quedaron bajo custodia judicial en calidad de depósito. Allí permanecerán mientras los peritos especializados realizan el trabajo de análisis que determinará, pieza por pieza, el valor histórico de cada elemento y su situación legal.
Qué dice la ley y qué futuro tienen los documentos
La Argentina cuenta con un marco normativo específico para proteger este tipo de bienes. La Ley número 15.930, que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación, establece que determinados documentos históricos son patrimonio del Estado y, como tales, no pueden ser comercializados libremente por particulares.
La norma abarca piezas que, por sus características —antigüedad, sellos, tipografía, contenido— forman parte del acervo documental de la Nación.
Según informaron las autoridades, gran parte del material incautado presentaría esas características y podría quedar comprendido dentro de las disposiciones de esa ley. Esto significa que, si las pericias así lo confirman, los documentos no solo no podrán devolverse a quien los tenía en su poder, sino que deberán ser transferidos al Estado como bienes culturales protegidos.
