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La provincia de Entre Ríos aplicó por primera vez la nueva legislación que modifica el procesamiento de menores en la Argentina. Un operativo policial en la ciudad de Concordia derivó en la detención de un joven imputado en una causa penal en un caso que sienta un precedente inmediato tras la reciente entrada en vigencia del marco normativo nacional.
La nueva Ley 27.801 reemplaza el marco legal vigente desde 1980 en todo el territorio argentino. La norma fija en 14 años la edad mínima para el procesamiento imputable de adolescentes por conductas punibles y establece pautas procesales específicas para el juzgamiento y detención de personas menores de edad.
Las autoridades judiciales locales dispusieron el inicio de las actuaciones en el marco de la reciente legislación. El procedimiento representa el inicio formal de las acusaciones penales adaptadas al nuevo sistema procesal.
¿Cómo fue el primero caso de procesamiento de un menor en Argentina?
El primer caso se desencadenó tras un operativo policial preventivo en las calles del barrio La Bianca. Los efectivos interceptaron a dos jóvenes durante una recorrida de rutina en los pasillos de la zona. Uno de los adolescentes intentó desprenderse de un envoltorio con una sustancia sospechosa al notar la presencia oficial.
Los peritos confirmaron minutos después que el paquete incautado contenía dosis de cocaína. La Fiscalía de turno ordenó de inmediato las medidas judiciales correspondientes para el esclarecimiento del hecho y así, el joven imputado fue trasladado a una dependencia especializada para el alojamiento de menores.
Una normativa que no dejó afuera a uno de los procesados
Su acompañante era un chico de 13 años que fue restituido a la custodia de sus padres. La ley contempla que los no imputables por franja etaria queden excluidos del procedimiento penal directo. Las fuerzas policiales corroboraron además la falta de antecedentes previos en ambos involucrados.
La aplicación de la norma demanda instalaciones separadas y la prohibición de contacto con adultos privados de libertad. El juez de la causa determinará si corresponde el procesamiento bajo medidas alternativas o privativas de la libertad. El trámite judicial avanza bajo las pautas de resocialización impuestas por la reglamentación nacional vigente.
