Lunes  24 de Noviembre de 2003

¿Y si hacemos las reformas que no se hicieron en los noventa?

El Gobierno mantiene una restricción político-ideológica de no aplicar reformas noventistas para maximizar el bienestar. Habría que pensar en aquellas que quedaron pendientes

El gobierno del presidente Kirchner persigue los mismos objetivos de bienestar que la inmensa mayoría de gobiernos del mundo. Crecimiento sostenible de la economía y del empleo, reducción del desempleo y la pobreza, mejor distribución del ingreso e inflación baja y controlada. Estos objetivos, rara vez compatibles simultáneamente, sí lo son en la Argentina de hoy, en franca recuperación después de una profunda depresión y con altos niveles de desempleo, un generoso stock de capital por las inversiones de la década anterior y circunstancias externas muy favorables.

Estamos viviendo, pues, una inusual oportunidad, que no se repetirá en mucho tiempo. La mayoría de los gobiernos del mundo prefieren también maximizar el bienestar con independencia de los medios necesarios para lograrlo. Así vemos a socialdemócratas abrazando la economía de mercado y, cuando las papas queman, a liberales y conservadores utilizando el peso del Estado para corregir fallas de mercado.

Esto no ocurre hoy con el gobierno argentino. Frecuentemente, la optimización del bienestar aparece sometida a la restricción de que no sea necesario aplicar reformas o políticas noventistas para lograrla. Es un error. Por importantes que hayan sido los errores cometidos, no es conducente descalificar en bloque a la década pasada. La historia contemporánea enseña, desde la revolución francesa en adelante, que ningún experimento constructivista exitoso se apoyó en la completa negación del pasado.

El verbo reformar, que parecía ser el único que sabía conjugarse en los noventa, aparenta ser el único que no sabe conjugarse hoy, y da la impresión de que esta restricción político-ideológica del bienestar ha llegado para quedarse. Hay sin embargo una diagonal para salvar este voluntario obstáculo, y es elegir de entre las muchas reformas pendientes las que no se hicieron en la década del noventa. Sobresale la construcción de instituciones fiscales que permitan erradicar la principal causa de todas las crisis macro de la Argentina, incluida la última. Como se aprecia en el rápido inventario que sigue, se trata de una agenda muy jugosa.

1. Ley marco de responsabilidad fiscal. Bien podría comenzarse por una ley marco de responsabilidad fiscal, que supere el fracaso de la votada en 1999, tal como lo ha hecho Brasil desde el 2000 con buenos resultados. La norma ha quedado incorporada a la Constitución y es obligatoria para todo el sector público. Incluye metas fiscales anuales, pero con plan trienal; límites al endeudamiento público y a los gastos en personal; mecanismos especiales de control en años electorales; mayor responsabilidad de recaudar de los gobiernos subnacionales; límites a las exenciones, que deben compensarse, y la regla de oro de que el endeudamiento no puede superar al gasto de capital. Las penalidades son graves, llegando a la limitación de las transferencias a las entidades incumplidoras y a sanciones penales a los funcionarios.

2. Presupuesto plurianual y ley de inversión pública. Una ley así obliga a manejarse con un presupuesto plurianual, que limita la discrecionalidad de los funcionarios –manifestada aquí y ahora en la prórroga de la emergencia económica– y da mayor certidumbre a los ciudadanos. En este sentido, es imprescindible que un gobierno afecto a la inversión pública cumpla seriamente con la ley 24.354 que la rige, votada por unanimidad en 1994 y muy frecuentemente soslayada, que obliga a invertir sólo en proyectos evaluados y sobre la base de una programación trienal.

3. Reforma impositiva. Un presupuesto plurianual lleva a su vez a la necesidad de proponer y administrar un sistema impositivo previsible, algo muy lejano de la Argentina de hoy. La recaudación de impuestos distorsivos llegará este año a cerca de 5% del PIB, y no bastan declaraciones más o menos vagas para confiar en su eliminación.

4. Coparticipación federal. La necesidad de una nueva ley de coparticipación es más que evidente. Lo más probable, empero, es que no la tengamos o que sea un cambio gatopardista. Sin embargo, si incluyera normas de responsabilidad a la brasileña se convertiría en un hecho casi revolucionario.

No es fácil vencer la lógica conservadora que determina que en las épocas buenas las reformas no se hagan porque no son necesarias –como ocurrió en la segunda mitad de los 90– y en las épocas malas tampoco, porque lo único que importa es sacar a la economía del pantano, como ocurrió desde 1999 hasta 2002. Pero esta lógica es la que nos ha llevado a ser uno de los mayores fracasos económicos del siglo XX.



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