Miércoles  03 de Diciembre de 2003

Volvieron los convenios colectivos con aporte forzoso al sindicato

Ya hay 5 actividades con una ‘cláusula solidaria’ que es un aporte que se debe descontar al empleado para el gremio. A veces es más cara que la cuota de afiliación

El Gobierno está impulsando el regreso de hecho a la afiliación obligatoria de los trabajadores a los sindicatos, al presionar a los empleadores a aceptar en los convenios colectivos una cláusula de solidaridad que deben pagar al gremio todos los empleados no afiliados.

Por este motivo, ya aporta al gremio respectivo toda la plantilla de personal de empresas dedicas a las actividades de plásticos, agrarios, curtiembres, alimentación y frigoríficos.

La cláusula de solidaridad es, en algunos casos, incluso más cara que el aporte del propio afiliado, con lo cual se empuja a la inscripción en el gremio.

Otro punto en los que el Ministerio presiona al sector empresario gira alrededor de la suma fija de $ 224 que un decreto incorporó a los básicos de convenio. Los gremios no aceptan que sea universal la cifra de $ 28 mensuales en la que se graduó la incorporación, sino que pretenden que se aplique sólo a la categoría más baja, y que para las demás se adapte según porcentajes de convenio.

“Es fuerte la presión del Ministerio de Trabajo –que encabeza Carlos Tomada– sobre las empresas a favor del punto de vista de los sindicatos, aunque todavía esa presión no llega a lo ilegal”, dijo el abogado laboralista Julián de Diego.

Así pintó el especialista el panorama laboral actual, en un seminario sobre “Los desafíos de la gestión de recursos humanos”, realizado ayer por SEL Consultores, de Ernesto Kritz, y Towers Perrin.



Peligro trimestral

De Diego advirtió a los empresarios que se preparen para eventuales intervenciones estatales trimestrales en la cuestión salarial, con otorgamiento de nuevas sumas fijas, su incorporación a convenios o subas del Salario, Mínimo, Vital y Móvil.

El especialista recomendó a los empresarios que firmen con cada uno de sus empleados cláusulas de absorción a cuenta de premios o sumas remunerativas otorgados voluntariamente en el periodo. Indicó que se debe incluir la precisión en el reverso del recibo de sueldo y hacer firmar este también al empleado.

Pero incluso contra eso quiere intervenir el Estado. “En las actuales negociaciones se habla de eliminar e incluso impedir las cláusulas de inclusión, por lo que la intervención es doble, con aumentos directos y en la discusión de convenios colectivos”, protestó De Diego.

Cuando le llegó su turno, el ministro Tomada dijo que no ve por ahora la necesidad de que el Estado tenga que intervenir nuevamente sobre los salarios, “porque está funcionando bien la discusión paritaria”, y justificó las medidas que empezarán a regir en enero al decir que, cuando se anunciaron, “había que sostener el consumo”.

Sobre la cuestión de la protesta salarial, De Diego identificó lo que llamó el síndrome Moyano o síndrome piquetero, por el que el Estado estaría asimilando el derecho de huelga del siglo XX a nuevos métodos que implican daños a la propiedad de las empresas, toma de plantas y delitos contra la libre circulación.

El consultor explicó que los sindicatos no pueden movilizar a los trabajadores de su sector, en algunos casos por falta de representatividad y en otros porque en momentos de desempleo la gente privilegia la estabilidad en el puesto. Por este motivo, los gremios habrían descubierto las ventajas de asociarse a piqueteros “para reclamos reales o prefabricados para legitimarse”.

“Esa asociación entre gremialistas y piqueteros está obligando a los empresarios a sentarse con un dirigente de cada uno de esos sectores lado a lado, uno pidiendo aumento salarial y el otro bolsas de comida para el barrio, ya que no unifican sus reclamos”, ejemplificó el laboralista.

Para Tomada, en cambio, la protesta es válida y lo que hay es “una operación de prensa para identificar a los piqueteros con la violencia”.



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