Verdades y mentiras sobre la deuda en default

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, le pidió a la sociedad que se ponga unánimemente detrás del Gobierno con respecto a la propuesta de renegociación de los títulos públicos en default por considerar que es la única salida que tiene el país.

En declaraciones radiales el funcionario ahondó en dos conceptos. Uno está relacionado con quién es el dueño del problema. Y en este caso el ministro tiene razón. Lavagna pide adhesión de la población, porque, dice, la resolución de la deuda no es una cuestión política, es decir, de hombres o de partidos. Es cierto. El resultado de esta negociación significará mayor o menor sacrificio para nosotros y nuestros hijos. Del éxito de este acuerdo también dependerán generaciones futuras y su fracaso no será pagado por políticos ni por funcionarios. Los costos caerán, irremediablemente, sobre toda la sociedad. Que no queden dudas. Si este Gobierno o este ministro de Economía fracasa en esta renegociación, habrá menos trabajo y menos riqueza. Como ya lo vivió la población de manera dramática en 2002, los que más pagan son los que tienen menos recursos para sobrellevar las crisis. Por eso, es esperable que la sociedad apoye a su gobierno para lograr el resultado más beneficioso posible.

En cambio se equivoca el ministro en otro tema sobre el cual también se explayó. Ni este diario ni su competencia mienten cuando estiman quitas totales cercanas al 90% del valor total de la deuda. El Gobierno ha dicho hasta el cansancio que deberá bajar el stock nominal de deuda (esto es el capital que recibió por los títulos que entregó) en un 75%. Si a este capital se le suma la quita que se quiere hacer sobre intereses pactados y plazos convenidos, la quita total entre lo acordado pagar o valor presente (devolución de capital más intereses en un determinado plazo) es de alrededor del 90%. El monto exacto no puede saberse porque aún faltan datos relevantes necesarios para un cálculo serio.

Ayer, Lavagna dijo que quienes hablan de quita del 92% “quieren generar una situación de crisis, mientras que otros quieren presionar para que (la quita) sea 40% ó 60% . En realidad, en este caso, los medios no generan por sí mismos situaciones de crisis. La compleja situación en la que se encuentra la renegociación de la deuda no se explica por los medios de difusión, sino por la obstinación del Gobierno de querer imponer una reestructuración mucho más agresiva de las que otros países ya realizaron. Lo que se debe analizar en este caso, despojados de ideologías, es qué genera mayor costo para la población: ir por una propuesta que puede ser bien recibida por los acreedores y pagar, por ejemplo, u$s 600 millones más al año en servicios de deuda para acordar rápidamente y generar un clima de negocios y aprovechar la excelente coyuntura internacional (precios de commodities altos y tasas bajas), o arriesgarse a seguir en default, situación que postergará decisiones de nuevas inversiones por parte de las empresas. La gran pregunta es: ¿qué costará menos o será más benéfico para la población?

Todos deseamos que el Gobierno tenga la respuesta acertada.



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