Martes  22 de Junio de 2010

Timerman , Venezuela y la Constitución

Por Eduardo Amadeo, Diputado Nacional Peronismo Federal.

Las primeras declaraciones del nuevo Canciller sobre el tema Sadous -luego parcialmente rectificadas- fueron, cuanto menos, desafortunadas. Dijo Héctor Timerman : “Nunca hay trabas para la soberanía de la Justicia. Pero estamos hablando del Congreso. Como canciller, voy a evitar que se revelen secretos confidenciales que lleven a Sadous a violar sus responsabilidades legales. En lo que a mí respecta también trataré de evitar, con todo respeto por la división de poderes, que el Congreso transforme en un escándalo político algo que no lo es”.

Desafortunadas es un adjetivo benévolo para alguien que ha pasado varios años en un país en el que las audiencias públicas son una parte esencial del funcionamiento de la democracia, en lo que se refiere a la transparencia de la administración y el equilibrio de poderes.

Las audiencias públicas en Estados Unidos sirven para obtener información y opiniones sobre legislación, realizar investigaciones, evaluar las actividades de las áreas del Ejecutivo en la implementación de leyes. Aún puede haber audiencias puramente exploratorias en las que se reciben testimonios e información sobre cuestiones de interés, como sucedió la semana pasada con el Presidente de BP sobre el terrible derrame en el Golfo de México.

La historia política de los Estados Unidos muestra procesos históricos que fueron llevados por el Congreso bajo la forma de audiencias públicas, desde la estafa del Credit Mobilier (1872), o las investigaciones por el Teapot Dome (1921), Ejército contra Mc Carthy (1954) y los más recientes y conocidos Watergate, e Iran-Contra.

Porque está establecido en la Constitución y porque forma parte de su cultura, el sistema político norteamericano tiene totalmente incorporada la obligación de respetar las facultades de control y análisis propias del Congreso, y ningún funcionario público osaría realizar una afirmación que fuese el 50% de lo que acaba de declarar -en su vocación de servicio al Gobierno- el nuevo canciller.

El artículo 75, inciso 8 y 32 de la Constitución Nacional, y los artículos 104 y 106 del Reglamento de la Cámara de Diputados, definen las atribuciones amplias de esta facultad constitucional, que no pueden ser condicionadas por los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La mayoría absoluta detentada por el Partido de gobierno desde el año 2003, ha acostumbrado a sus legisladores a un mecanismo de relación con los actos del Poder Ejecutivo, dirigidos en una sola dirección: la del asentimiento a los actos del mismo. Esto ha impedido, no sólo las investigaciones por eventuales ilícitos, sino también reuniones que pudiesen contribuir a recibir opiniones diferentes a las del Ejecutivo en la formulación de las leyes. El bochornoso trámite de la Ley de Medios, es un ejemplo reciente de este modo de ejercer el poder.

Pero, además del desliz constitucional de las declaraciones del nuevo Canciller, sus expresiones muestran dos errores adicionales. Ante todo, una equivocada percepción sobre el funcionamiento de la opinión pública: en una sociedad abierta, horizontal y ávida de opiniones, la transparencia de los actos de gobierno, es un recurso político premiado por la gente, y su opuesto, es castigado con la crítica y el no-voto.

Luego, es un pobre ejemplo sobre la credibilidad internacional de un país que se mueve en un mundo de contratos -formales e implícitos- que dependen finalmente de la credibilidad que se genere.

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, y de otras Comisiones relacionadas con el tema, estamos decididos a seguir adelante, hasta comprender plenamente que sucedió en lo que -prima facie- aparece como un escándalo de proporciones en la relación de Venezuela. Sería bueno que el Canciller Timerman tome nota de ello, pues es posible que haya nuevos eventos que exijan la presencia de funcionarios de su Ministerio.

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