Lunes  04 de Febrero de 2008

TODOS SOMOS DELINCUENTES

El autor aborda la falsificación marcaria, un delito que gran parte de la sociedad se resiste a reconocer. Consumidores, abogados y jueces, eslabones clave de una tendencia que crece

Es curioso, pero nuestra conducta y la visión que tenemos del derecho nunca es la misma cuando sufrimos un ataque a nuestra propiedad, que cuando nosotros lo provocamos en la propiedad de un tercero. El delito de falsificación de marcas es una acabada demostración de ello; así, nuestra sociedad definitivamente, se resiste a considerarlo un delito o una violación a la propiedad de un tercero. Todos sabemos que efectivamente lo es, pero nos negamos a reconocerlo como tal.

Quizás la explicación la encontremos por aquello que siempre vamos a intentar justificar nuestros propios actos o el de nuestros seres queridos, negando que hayamos hecho algo malo o incurrido en la violación de un derecho o simplemente infringido la ley.

Veamos de qué se trata. Comencemos por aquellos profesionales -abogados o agentes marcarios- que se ocupan de la protección de las marcas. La primera recomendación que van a dar a un cliente que quiera salir al mercado con una marca propia, seguramente sea que la registre, -aunque no se entusiasmen con la ratificación por parte de nuestro país al Protocolo de Madrid-, pues la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso sólo se obtienen a partir de su registro. Una vez registrada la marca, recién allí se pueden ejercer las defensas que autoriza la ley.

Sin embargo, esos mismos profesionales que incentivan y aconsejan el registro de la marca, no van a ser tan enfáticos a la hora de considerar la violación de aquella como un delito; y por ello no van a recomendar tampoco, seguramente, que se persiga su falsificación a través del proceso penal. Por la misma razón es que tampoco están interesados en impulsar la reforma de la ley penal en materia marcaria, para adecuarla en penas y responsabilidades a los tiempos que corren, y a lo comprometido por la República Argentina en el Artículo 61 del Acuerdo TRIPs.

Ello a pesar que para Interpol y para las aduanas del mundo, la falsificación de marcas es considerada el delito del siglo XXI, tan peligrosa como el tráfico de drogas y de armas; que se utiliza para financiar actos de terrorismo y facilitar el lavado de dinero. Adviértase que este delito mueve en el mundo según las últimas cifras volcadas en la Conferencia Internacional sobre la “Lucha contra la falsificación y la piratería” alrededor de 500 billones de euros.

Veamos ahora qué ocurre en el seno de una familia. A nadie le llama ya la atención ver a sus hijos bajar música por Internet. Tampoco resulta extraña la copia de software para usar en nuestras computadoras hogareñas, que también bajamos de Internet o adquirimos a través de la compra de muletos.

Datos brindados por CAPIF dan cuenta que si se intenta cuantificar la circulación por Internet, donde la piratería alcanza el 90%, el tráfico de música no autorizado en el país llega al 80% de las obras. Refiriéndose a medicamentos, Rubie Mages, directora de Seguridad Global del laboratorio Pfizer, informó que entre el 40% y el 90% de lo que se vende por Internet es falso.

Pero más allá de Internet, la conducta del mismo grupo familiar continúa siendo la misma a la hora de comprar cualquier otra clase de mercadería con marca falsificada. No importa que se trate de productos de alta gama o de consumo masivo. Ferias como las de La Saladita o La Salada son buena prueba de ello. También lo es lo que sucede con las carteras Louis Vuitton por ejemplo; no hay mujer que se precie que no tenga una copia falsa de dicha marca francesa.

Sabemos al momento de comprarla, que estamos perjudicando a los titulares de la marca; sabemos que estamos defraudando a nuestros amigos, pretendiendo hacerles creer que tenemos lo que no tenemos. Perjudicamos al que verdaderamente compra un modelo original que paga por su originalidad y se ve defraudado por la aparición de las copias.

Se nos ha informado que el dinero que produce este comercio ilegítimo financia el terrorismo, pero no nos importa. Somos participes de una cadena que produce una competencia desleal, pero preferimos ignorarlo. Y todo ello sin ningún remordimiento. Por el contrario, siempre encontramos a mano alguna excusa que justifique nuestro accionar.

Desde el estado, hay sectores como la AFIP o la Aduana, que quizás por tener que enfrentar diariamente este flagelo, han cobrado verdadera dimensión del peligro que encierra este delito y han actuado en consecuencia, reconozco que con una eficacia sorprendente. Han generado medidas en frontera y no han limitado su accionar solo a los puertos de entrada, sino que cada vez avanzan mas en lo que se conoce como zonas secundarias.

Pero no alcanza sólo con ello. Como tan bien expresara el Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas en su visita a Buenos Aires para presidir la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra la Falsificación y la Piratería, Sr. Michel Danet, lo que se requiere para poder combatir verdaderamente a la piratería, son leyes modernas que cada país debe generar en su propio territorio, para pelear de la frontera para adentro.

Lamentablemente, hay reconocidos abogados del foro local que todavía no entienden esto. Pregonan por dejar la legislación tal cual está, ciertamente ineficiente, pretendiendo que la lucha se de y se agote tan solo en frontera, delegando allí toda la responsabilidad en las aduanas. Pero más lamentable aún, es que nuestros legisladores no tomen conciencia de la gravedad que trae aparejada la falsificación de marcas para el país; para la seguridad de las personas y para la salud de la población. Hay dos excelentes proyectos en el Congreso de la Nación, los proyectos de la senadora Curletti y del diputado Ritondo, que todavía no encuentran el debido eco en el resto del cuerpo legislativo, pese a los estragos que este mal ocasiona.

La realidad es escalofriante: entre el 10 y el 20% de los medicamentos que circulan son falsos. Hoy esto impacta en el mundo en perdidas por u$s 35.000 millones. Desgraciadamente, la tendencia sigue en alza y se especula que para el 2010 esta suma llegue a los u$s 75.000 millones. Obviamente la Argentina acompaña esta tendencia.

Pero adviértase que hablamos de medicamentos que cuestan vidas humanas y atacan la salud de las personas. En materia de seguridad ocurre lo mismo. Hoy cualquier contrabando de mercadería falsificada viene acompañado de armas y drogas. En los mismos containers. Delitos como el contrabando y los piratas del asfalto van siempre de la mano con la falsificación.

De los u$S 3.200 millones que implica el comercio de la indumentaria, el 50% se lo lleva la falsificación. Tan solo recordemos el tema de los talleres clandestinos (5.000 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que involucran más de 30.000 trabajadores) y que durante el transcurso del año 2006 costaron la vida a seis personas y una pérdida del orden de los u$s 700 millones. Tan solo la Salada mueve alrededor de los $ 1.200 millones de al año. Luego, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar ser participes de todo esto?

Para concluir el espectro, falta referirnos a nuestros jueces, que tampoco escapan a esta generalidad. Forman parte de la sociedad e integran los grupos familiares a los que me he referido; luego para ellos tampoco existe verdadera toma de conciencia con respecto al delito. Pero para aquellos jueces que no lo consideran un delito menor y le otorgan su justa entidad, -los menos por cierto-, la legislación vigente no les da mucha oportunidad ni les deja margen; pues la actual ley contempla una pena muy menor que se desvirtúa definitivamente a partir de la probation que extingue la acción penal, o del instituto de la prescripción. En cualquier caso, no hay sanción.

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