Jueves  03 de Enero de 2008

Se consolidó el peor de los mundos para prestar servicios públicos

Finalmente llegó el calor extremo a Buenos Aires y con la temperatura se confirmó el escenario más complicado para el Gobierno y las empresas de servicios públicos. Fallas puntuales y no tan puntuales en la distribución de luz y agua están afectando más que en años anteriores a barrios y zonas del conurbano, y al menos en el caso eléctrico, los cortes aparecen a pesar de que no se llegó ni por lejos a los picos de consumo crítico que se anotaron en la última crisis del invierno. Con las bajas temperaturas en medio del año, no alcanza la generación de electricidad para abastecer a todos. Y parecería ahora que el sistema se torna inestable, porque lógicamente en verano se recalientan al máximo los cables y los transformadores de la red de distribución.

Los dramas con la presión de agua en verano naturalmente no son nuevos. Ocurrían con Obras Sanitarias, con Aguas Argentinas y siguen ahora con AySA. El problema más serio lo tienen ahora los consumidores. Por lo pronto ya no están los franceses del grupo Suez para ir a quejarse, y se sabe que es poco lo que puede resolver la actual gestión de la compañía, que casi de milagro sigue prestando los servicios como puede en la mayoría de las áreas de la concesión. Sin presupuesto aprobado, con tarifas ridículas en múltiples zonas de altos ingresos, sin perspectivas de saber quién pondrá los miles de millones de dólares que hacen falta para garantizar un mínimo de renovación e inversión en el sector. En el caso del agua, la Argentina parece haber ingresado en el peor de los mundos. Se le quitó la concesión a los privados y, la verdad, es que hoy el Estado no está en condiciones serias de invertir el volumen imprescindible para evitar que la calidad del servicio empeore año a año. Conclusión: nadie invierte y todo inevitablemente empeora.

En el caso de las fallas en la distribución eléctrica, ahora el problema en el verano lo tendrán sobre todo Edenor, Edesur y Edelap. Todas compañías que se mantuvieron desde 2002 operando al límite de la rentabilidad por el congelamiento de tarifas que obviamente afectó los planes de inversión en los últimos 5 años. Hoy aparecen cables que se derriten y transformadores que se prenden fuego si hace mucho calor.

Para los consumidores, es decir los argentinos de a pie, no importa ya discutir si las empresas son del Estado, privadas, mixtas, gerenciadas por allegados al Gobierno, nacionales o extranjeras. Pasaron ya seis años desde el estallido económico y político del 2001.

El drama en los servicios públicos estos años fue claramente la falta de inversión. Pasa en todos los sectores, no solo la luz y el agua. Los empresarios se cansaron de explicar que no pueden invertir con precios máximos divorciados de la realidad, y el Gobierno desde 2002 solo respondió acusando a las compañías de todo tipo de tropelías: que nunca invirtieron, que se la llevaron toda en los 90, que se adueñaron del patrimonio del país, que tienen que ceder espacio a la burguesía nacional, y demás argumentos reiterados estos años.- En el medio quedó la gente y la incertidumbre de cómo serán los próximos años en el país en materia de suministros básicos.

Un escenario complejo, que si no se encuadra rápidamente golpeará políticamente a la administración Cristina, y que permite reflexionar sobre un modelo extraño de empresas de servicios públicos que se instaló en la Argentina desde la crisis del 2001 a la fecha. Parece razonable que en un país inestable y con alta inflación, sea el Estado el que se haga cargo de prestar servicios baratos para todos el mundo, asumiendo las inversiones y las pérdidas que supone subsidiar el consumo interno. También resultó razonable luego de la hiper del final de los 80s, la propuesta inicial de la era Menem, de invitar al sector privado a hacerse cargo de los servicios, encarar las inversiones y asegurar precios de mercado que garanticen la rentabilidad empresaria y permitan al Gobierno exigir calidad y universalidad en las prestaciones.

Lo que se entiende menos es cómo puede funcionar un sistema como el que en general rige hoy, en el cual con inestabilidad de largo plazo y alta inflación, el Estado obligue a empresas privadas a prestar servicios e invertir, manteniendo congeladas las tarifas por 6 años. Los resultados están a la vista: con la luz, con el gas, con el agua, con los hidrocarburos, con la carne, con los trenes, con los subtes, con los aviones, con las rutas, o con los puertos.

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