Lunes  31 de Mayo de 2010

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Improcedencia de la responsabilidad solidaria atribuida.

Causa: "Vinitzky Guillermo Mario (autos La Vendimia -TF 15.188-I) C/DGI", Sala II, 7.9.09.

En cuanto aquí resulta de interés, el organismo jurisdiccional confirmó las resoluciones fiscales que habían determinado que el Sr. Vinitzky resultaba responsable solidario de la deuda que mantenía con ese organismo la contribuyente La Vendimia SARC por Impuestos Internos -rubro vinos- y sobretasa al vino, por los períodos fiscales 12/89 a 12/90 y 01 a 04/91 respectivamente.

El contribuyente apeló dicho pronunciamiento y, a su turno, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Del simple cotejo de las fechas en juego se desprendía que una de las resoluciones impugnadas había sido dictada antes de la expiración del término de 15 días fijado por el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Nº 11.683, para que la contribuyente principal cumpliera con la intimación de pago, en violación a lo dispuesto por el artículo 8º, inciso a), de la citada ley; b) Sin perjuicio de ello y con relación a la responsabilidad solidaria dispuesta por ambas resoluciones impugnadas, tanto el informe pericial y las declaraciones testimoniales, resultaban coincidentes en que el apelante trabajaba en relación de dependencia con la firma La Vendimia SARC, que dependía jerárquicamente del presidente del directorio, que el área que dirigía no se ocupaba de las cuestiones ni decisiones en materia tributaria y que no tenía el manejo de fondos ni contaba con facultades de disposición; y c) Al encontrarse comprobados los extremos invocados por el apelante, en especial la ausencia de facultades de disposición y manejo de fondos, no se daban los requisitos legales para poder atribuir responsabilidad solidaria al Sr. Vinitzky, en particular, los atinentes a la necesidad de la existencia de culpa o dolo en el responsable solidario.

En esas condiciones, la Cámara revocó el fallo en cuanto fue materia de agravios y, en consecuencia, quedó sin efecto la imputación de responsabilidad solidaria al Sr. Vinitzky.

2. Procedimiento. Alcances del régimen de bloqueo fiscal.

Causa: "Vera, Francisco Abel C/DGI", Sala III, 20.10.09.

El Tribunal inferior revocó las resoluciones fiscales que habían determinado de oficio el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto de Emergencia sobre las Altas Rentas, por diversos períodos fiscales, con más intereses resarcitorios y aplicación de multas.

En cuanto aquí interesa, dicho Tribunal desestimó la defensa de la actora con relación al régimen de bloqueo fiscal al entender que no era necesario que se encontrase firme la determinación de oficio del período base para proceder a iniciar el procedimiento de determinación de oficio para los períodos anteriores no prescriptos.

La parte actora apeló ese decisorio agraviándose de tal aspecto y, a su vez, la Cámara señaló en su sentencia que: a) El recurso de la actora resultaba procedente pues el régimen de bloqueo fiscal establecía la presunción -sin admitir prueba en contrario- de la exactitud de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente por los períodos anteriores no prescriptos (conf. artículos 117 y 118 de la Ley Nº 11.683 -t.o. 1998-); b) Esta presunción se mantenía hasta tanto la DGI impugnase y determinase de oficio la obligación tributaria por el período base; c) El primer supuesto del tercer párrafo del referido artículo 118 autorizaba a que la inspección (auditoría) se extendiese a períodos anteriores a fin de comprobar hechos o situaciones con posible proyección o incidencia sobre los resultados del período fiscalizado; d) Valía decir que la fiscalización podía ir hacia atrás pero sólo al efecto de comprobar hechos o situaciones con proyección sobre el período base o posteriores; e) En igual sentido, se había expedido la Sala II de esta Cámara ("Sistema de Procesamiento de Datos para Sociedades S.A. C/DGI" del 10.2.05) en el que se sostuvo que el régimen de bloqueo debía conciliarse con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Nº 11.683 que preveía la suspensión del curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales mientras durase el procedimiento en sede administrativa, contencioso-administrativo y/o judicial; y f) Por lo cual el bloqueo fiscal, como beneficio del contribuyente se mantenía hasta tanto quedase firme la determinación del período base, término durante el cual y como medida de protección del crédito público, se suspendía el curso de la prescripción de los poderes fiscales.

De este modo, la Cámara admitió el recurso de la actora con relación al bloqueo fiscal y, por lo tanto, confirmó el pronunciamiento apelado en cuanto había revocado las resoluciones fiscales.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Ganancias. Operaciones de exportación entre empresas vinculadas. Inexactitud en la comparación de precios.

Causa: "Volkswagen Argentina SA C/AFIP-DGI", Sala "B", 11.12.09.

El apelante promovió un recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI que impugnó la declaración jurada del particular del Impuesto a las Ganancias por el año fiscal 1998 determinándose de oficio el resultado neto final (quebranto) en una suma dada y estableciéndose un nuevo saldo a favor del particular.

Es susceptible de mención que "Volkswagen Argentina SA", dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos automotores, repuestos y accesorios, efectuó operaciones de exportación a la firma "Volkswagen do Brasil" a través de la firma "Cotia Trading SA", dedicada a aportar soluciones de comercio exterior por medio de la prestación de servicios administrativos, financieros y logísticos y, a su vez, el 99,99% de las acciones de la citada sociedad brasilera estaban en poder de "Volkswagen AG" de la República Federal de Alemania. Cabe aclarar que, con fecha 30.7.97, entre dichas sociedades celebraron un contrato de "Empresas Asociadas" por un tiempo determinado y que fue prorrogado el 7.8.98.

En este contexto, el Fisco, en ejercicio de sus facultades de verificación, hizo un ajuste basándose en la diferencia existente entre el precio de exportación y el precio de venta en plaza del vendedor y ello, a su juicio, era contrario a la legislación aplicable, a saber, el artículo 8º inciso a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el artículo 11 de su Decreto Reglamentario.

Al respecto, el Tribunal competente hizo lo siguiente: a) Describió minuciosamente la operación en cuestión; b) Hizo consideraciones con relación a la legislación aplicable y su evolución normativa y también se remitió a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Eduardo Loussinian SA" del 20.9.83) y del Tribunal Fiscal de la Nación ("Laboratorios Bagó SA" del 16.11.06); c) Precisó que el Fisco no afirmó si existió (o no) la imposibilidad de tomar los precios mayoristas del lugar de destino ni explicó las razones por las cuales tomó los precios mayoristas de la plaza del vendedor; d) Apuntó que "…las alteraciones en los precios ocurrían y ocurren en gran medida entre empresas vinculadas y se exteriorizan en precios que no reflejan la realidad del mercado…"; e) Interpretó que la prueba producida por el particular desvirtuó la comparación de precios hecha por el Fisco; f) Hizo suya la opinión de la experta en comercio internacional consistente en que "…el precio mayorista para los concesionarios no resulta comparable con el precio de exportación por una confluencia de factores, entre ellos: que al precio de exportación se le deducen los subsidios, desgravaciones, reembolsos y otras ventajas a la exportación en tanto que en el precio mayorista local están incluidos los costos e impuestos que no se trasladan al precio de exportación (Impuesto a los Ingresos Brutos, costos indirectos de comercialización, costos de publicidad, costo de seguros, costos de garantías, costos de distribución)…" y, a la postre, concluyó que no hubo homogeneidad en la comparación realizada; y g) Entendió que el Fisco se equivocó dado que, al momento de hacer las correcciones, porque en el momento de hacer la comparación de los precios de exportación no se hicieron con los precios de mercado del país de destino y ello resultaba ser una condición indispensable para fundar el ajuste.

Las razones apuntadas hicieron revocar al Tribunal Fiscal de la Nación la resolución recurrida y, por ende, el Tribunal emitió un fallo contrario a los intereses del Fisco Nacional.

2. IVA. Consideración del acrecentamiento de la renta en el referido gravamen.

Causa: "Puentes del Litoral SA C/AFIP-DGI", Sala "D", 12.2.10.

El particular apeló la resolución emitida por el Fisco Nacional que determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto al Valor Agregado -Resolución General Nº 549/99- por pagos realizados a beneficiarios del exterior durante el año fiscal 2000 juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión por omisión prevista en el artículo 45 de la Ley Nº 11.683.

Es susceptible de mención que el único objeto de la sociedad recurrente era la ejecución de un contrato de obra pública consistente en la conexión física que unía dos ciudades de distintas provincias del país de acuerdo con el Decreto Nº 591/98 del PEN.

En esta hipótesis y en lo que aquí interesa comentar, el meollo del debate estuvo dado en si el Impuesto a las Ganancias pagado al beneficiario del exterior, y tomado a cargo del apelante local en el marco de un contrato de transferencia de tecnología, integraba (o no) la base imponible del IVA. Al respecto, el Fisco sostuvo la pertinencia del referido ajuste en tanto que el particular esgrimió la tesis opuesta.

El Tribunal Fiscal, a la hora de decidir, tuvo en cuenta lo siguiente: a) Examinó la legislación aplicable a la materia y emitió consideraciones relativas al negocio jurídico en discusión; b) Precisó que la posición fiscal fue expresada con mucha simpleza; c) Señaló que el artículo 44 del Decreto Reglamentario de la Ley de IVA no contribuía a sostener la posición estatal; d) Expresó que tanto los artículos 10 y 26 de la Ley del gravamen así como del artículo 65 de su Decreto Reglamentario hicieron referencia al precio neto facturado no haciéndose ninguna alusión a que el Impuesto a las Ganancias vinculado a pagos efectuados a beneficiarios del exterior pueda ser alcanzado por el IVA y, menos aún, se incluía al acrecentamiento entre las prestaciones a que hace referencia el artículo 10, quinto párrafo (Ley Nº 23.349 y sus modificaciones); y e) Hizo mención a otros precedentes análogos del Tribunal Fiscal de la Nación a esta discusión (causa "Pluspetrol SA C/AFIP" del 22.9.05).

Los argumentos expuestos llevaron al Tribunal a revocar este ajuste y, por lo tanto, se desestimó el criterio esgrimido por el Fisco Nacional.

3. Ganancias. Impugnación de precios de transferencia.

Causa: "Aventis Pharma SA C/AFIP-DGI", Sala "D", 26.2.10.

El citado contribuyente dedujo un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por el ente recaudador que determinó de oficio el resultado impositivo (beneficio) del Impuesto a las Ganancias del año fiscal 2000, el que fue compensado en su totalidad con quebrantos acumulados provenientes de los períodos fiscales 1995 a 1998, estableciéndose un nuevo saldo a favor del ciclo fiscal 2000.

Vale aclarar que la actividad principal de la apelante era la fabricación de medicamentos para uso humano y productos farmacéuticos y la secundaria era la venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios. Además, durante el año 2000, el recurrente celebró diversas operaciones con empresas vinculadas radicadas en el exterior realizándose el correspondiente estudio de precios de transferencia para evaluar el valor de mercado concluyendo que sus utilidades resultaron consistentes con las obtenidas por las compañías comparables independientes.

En lo que aquí interesa señalar, uno de los ajustes propiciados por el Fisco Nacional fue la selección de la empresa "Bentley Pharmaceuticals Inc" como comparable independiente en el segmento "Manufactura vendida en el mercado local" con sustento en que dicha empresa tenía pérdidas operativas recurrentes y que realizaba otras actividades.

Naturalmente, el particular se opuso al proceder de la Administración al utilizar como método más apropiado "…el Margen Neto de la Transacción y que dentro de la muestra de compañías comparables estaba la firma Bentley, que asume riesgos de negocios y realiza funciones similares a la empresa recurrente en sus actividades de manufactura y opera en condiciones normales de mercado, sosteniendo que las "actividades diferentes" de la manufactura son inmateriales y considera arbitrario y carente de fundamento la exclusión de una comparable por el mero hecho de poseer pérdidas recurrentes, alegando que tal motivo de excepción no surge de la legislación aplicable ni de los lineamientos de la OCDE…".

El Tribunal actuante, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Precisó que la temática relativa a los precios de transferencia resultaba compleja por ser novedosa y por haber numerosos cambios legislativos y pocas opiniones doctrinarias orientativas; b) Señaló que en la legislación argentina no existían los Acuerdos sobre Precios de Transferencia que permitían fijar las pautas de valoración de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas y que se celebraban entre los contribuyentes y el Fisco para evitar futuras confrontaciones; c) Enfatizó que en el país no medió acuerdo alguno y ello fue fijado reglamentariamente por la AFIP; d) Dijo que el Precio de Transferencia de tratas "…contiene una detallado descripción en la metodología empleada para determinar los precios de transferencia, evaluando sus operaciones con entidades vinculadas residentes en el exterior (…). En el mismo se explican las razones de la elección de los métodos empleados para evaluar tanto las operaciones de distribución como las de importación, fabricación y venta en el mercado interno y las de exportación a compañías vinculadas, concluyendo que la utilidad obtenida por Aventis Pharma en esas actividades es consistente con la que han obtenido las compañías comparables independientes. Del mismo modo, en cuanto a los pagos de regalías por el uso de propiedad intangible, los auditores informan que los mismos no son superiores a los de terceros independientes en condiciones similares de negocios…"; e) Resaltó que las directivas de la OCDE resultaban ser un parámetro adecuado para aclarar aspectos controvertidos; f) Puso de relieve que el criterio fiscal no se basó en una conclusión seria sino, por el contrario, se trató sólo de una mera discrepancia teórica; y f) Apuntó que "…las impugnaciones que el ente fiscalizador hizo a la elección de la firma Bentley Pharmaceutical Inc, carecen de sustento porque se basan en reprochar la realización de otras actividades manufactureras que no estaban a cargo de la nombrada sino de empresas vinculadas, en una época en que la norma relativa a la selección de las empresas comparables, es el inciso 1) del art. 4 de la RG 702, que no se opone a la elección efectuada, ya que está referida a la conservación de información sobre empresas comparables con indicación de los conceptos e importes ajustados con la finalidad de eliminar las diferencias; como tampoco la misma contradice las recomendaciones de la OCDE, a las que pudo haberse acudido como alternativa de sustitución…".

Los fundamentos vertidos llevaron al Tribunal competente a revocar el ajuste mencionado y, por ende, se dejó sin efecto la pretensión estatal.

El Dr. José Daniel Barbato, es abogado, asesor del Estudio Tenaillon & Esteban Asesores Legales y su e-mail es: daniel.barbato@teasleg.com.ar; y el Dr. José Luis Jáuregui es responsable del Dpto. Contencioso Tributario del Estudio Razzetto, López, Rodríguez Córdoba y su e-mail es: jljauregui@razzetto.com.ar

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