Domingo  14 de Diciembre de 2003

Reseña de Jurisprudencia Tributaria



JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

1. Procedimiento. Apelación de la denegatoria de reintegro de crédito fiscal e intimación de impuesto. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación.


Causa: ”Curtiembre Fontela y Cía. S.A.C.I. C/DGI“, Sala V, 12.5.03.

El Tribunal Fiscal resolvió hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional donde se debatía la impugnación de las resoluciones de la AFIP que habían denegado reintegros de crédito fiscal y habían intimado el ingreso de determinados importes.

Para así decidir, consideró que era de aplicación lo resuelto en autos en fecha 20.9.00, en el Plenario en el que se fijó la siguiente doctrina legal: ”El Tribunal Fiscal no es competente para entender en los recursos de apelación deducidos respecto de los actos de la AFIP-DGI por los que se reclaman sumas reintegradas pretendidamente en exceso a los responsables“.

Apeló la actora agraviándose por considerar que la doctrina legal del plenario resultaba inaplicable debido a que en el caso concreto se había interpuesto recurso de apelación contra resoluciones de la AFIP-DGI que habían denegado recuperos de crédito fiscal y que, como consecuencia de esta denegatoria reclamaban ser reintegrados en todo caso ”indebidamente“ y no ”en exceso“. Y sostuvo, asimismo, que en el caso de impugnación de los créditos fiscales del IVA atribuibles a operaciones de exportación hubiera implicado modificar las DDJJ de dicho impuesto presentadas por el contribuyente lo que hubiera constituido un acto de determinación del tributo.

La Cámara, por mayoría, entendiendo aplicable el precedente de la Sala ”Algora Comercial e Industrial S.C.A. C/DGI“ del 10.3.97 donde, entre otras cosas, se dijo que ”...la circunstancia de que la D.G.I. no hubiera recurrido al procedimiento previsto en los arts. 23 y s.s. de la ley fiscal (actual 16 y s.s.) no obsta a que los actos administrativos dictados en consecuencia sean igualmente revisables en sede de dicho organismo jurisdiccional si es que ellos en esencia se comportan -como ocurre en el caso- como una verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria declarada por el contribuyente o responsable...“. Consecuentemente, la Cámara resolvió revocar la decisión apelada y ordenar la devolución de las actuaciones al Tribunal jurisdiccional a fin de que reasumiese la competencia que había declinado y se pronunciase sobre los planteos efectuados.



2. Impuestos Internos -rubro vinos-. Traslado interprovincial de vinos comunes para su fraccionamiento. Procedencia de la exención.

Causa: ”Resero S.A.I.A.C. C/DGI“, Sala V, 14.5.03.

El Tribunal inferior resolvió revocar la resolución apelada en cuanto había determinado la obligación del contribuyente respecto de Impuestos Internos -rubro vinos-, por los períodos fiscales 12/91 a 4/92 y 6/92 a 12/92, liquidando impuesto, con más intereses resarcitorios y multa.

La responsable por dichos períodos, al determinar el tributo en cuestión, tomó los traslados interprovinciales de vinos comunes como exentos, en tanto la DGI consideró que, al no ser fraccionados en el mismo lugar de origen de su materia prima, se encontraban alcanzados por el impuesto, procediendo a determinar de oficio dicho tributo sobre base presunta. Puntualmente, se discutía si se perdía el carácter de ”fraccionado en el lugar de origen de la materia prima“, en el caso de trasladarse vinos de Mendoza, elaborados con uvas de Mendoza hacia la Provincia de San Juan para fraccionarse totalmente allí.

Para resolver de tal modo, consideró que atento la definición que proporcionaba la normativa de aplicación, correspondía entender por zona vitivinícola al ámbito geográfico integrado por una o varias provincias limítrofes, por lo que concluyó que asistía razón a la recurrente en su postura.

Apeló el Fisco y se agravió por entender que el Tribunal sentenciante se excedió en su interpretación, al incluir el traslado de la producción de una zona vitivinícola a otra para su expendio dentro de la exención de la ley, cuando no existía norma alguna que lo avalase. Alegó, además, que las Resoluciones 39/91 y 107/92 dictadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, establecían las diferentes zonas vitivinícolas de origen y que, al delimitar dicho Instituto las zonas de origen compuestas por más de una provincia, lo hizo expresamente, excluyendo a las Provincias de Mendoza y de San Juan a las que consideró como distintas ”zonas de origen“.

La Cámara, luego de analizar la normativa, prueba y aspectos fácticos involucrados, señaló que: a) Los traslados, incluso entre distintas zonas, estaban autorizados por la ley 23.149 y los vinos seguían conservando el carácter de fraccionados en el lugar de origen, aún cuando hubieran sido cortados con otros vinos, en tanto cumplieran con lo dispuesto por la normativa lo que en el caso de la empresa actora había acontecido, tal como lo había señalado el organismo de contralor interviniente (Instituto Nacional de Vitivinicultura), b) No se habían vulnerado los fines parafiscales que tenía en su momento la ley de ”Política vitivinícola nacional“ ya que, además de haberse realizado en una de las zonas de producción (no de consumo), se cumplieron con las verificaciones a las que había estado sujeto por el mencionado Instituto. De este modo, la Cámara confirmó el decisorio recurrido.



3. Procedimiento. Procedencia de la excepción de defecto legal articulada por la falta de individualización de la resolución impugnada.

Causa: ”Victorio Americo Gualtieri S.A. C/DGI“, Sala II, 2.9.03.

El Tribunal Fiscal hizo lugar a la excepción de defecto legal opuesta por el ente recaudador por considerar que la presentación efectuada por la actora carecía de los requisitos mínimos para la consideración del recurso articulado, encontrándose así el Fisco Nacional impedido de ejercer su derecho de defensa.

Apeló la actora agraviándose por cuanto, a su entender, en el presente caso la demandada no se encontraba con la imposibilidad de defenderse toda vez que del texto de su demanda surgía en forma reiterada el pedido de declaración de nulidad del acto administrativo que daba por decaído el plan de pagos dispuesto por el Decreto 93/00.

La Cámara destacó que la excepción de defecto legal resultaba admisible cuando la demanda no se ajustaba a los requisitos que exigía la ley -en principio los enunciados en el artículo 330 del C.P.C.C.N.-, o existía ambigüedad y oscuridad en su redacción. Expresó que dicha excepción tenía un contenido directamente constitucional pues se proponía impedir que el demandado se encontrase en estado de incertidumbre o duda que le impidiese contestar eficazmente la demanda, situación que, por su propia naturaleza, se vinculaba al principio de inviolabilidad de la defensa en juicio. Asimismo, señaló que los defectos debían ser graves colocando al demandado en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas conducentes u obligarlo a producir pruebas que serían innecesarias si la demanda fuera clara.

A su vez, agregó que la actora no individualizó el acto recurrido y que, incluso, reconoció que la AFIP no había emitido resolución alguna afirmando que infería que el ente fiscal había dado por caduco su acogimiento al decreto 93/00 por cuanto se había presentado en el concurso preventivo ”a insinuar todos los períodos consolidados en el decreto 93/00“. Sobre la base de tales argumentos, la Cámara concluyó que el recurso articulado adolecía de un elemento indispensable tal como lo era la individualización de la resolución que se impugnaba para que la demanda pudiera ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, el tribunal superior confirmó la sentencia apelada.



JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Procedencia del recurso de amparo frenta una demora injustificada del Fisco.


Causa ”Valot S.A. C/AFIP-DGI“, Sala ”B“, 25.8.03.

El particular dedujo recurso de amparo en los términos del artículo 182 de la Ley N´ 11.683 en razón de la demora del organismo estatal en expedirse acerca de la solicitud de entrega de bonos de créditos fiscal resultantes de la suspensión de beneficios promocionales dispuesta por la Ley de Emergencia Económica N´ 23.697.

En apretada síntesis, los hechos más relevantes fueron los siguientes: a) El 29.6.95 la empresa presentó formalmente un pedido de devolución de conformidad con las Resoluciones Generales 3838 y 3905; b) El 28.11.95 el contribuyente presentó una nota solicitando una compensación de los saldos a favor de ambas partes; c) El 21.8.97 el particular presentó los extremos reglamentarios previstos por la Resoluciones Generales 4182 y 4212 la que fuera rechazada por el Fisco el 15.10.97; d) Desde octubre de 1997 hasta noviembre de 1998, el organismo fiscal solicitó nueve requerimientos de información; e) El 6.4.98 el particular denunció al Fisco un retardo injustificado en resolver la cuestión planteada y el 10.2.99 el particular le peticionó a la AFIP si consideró presentada la totalidad de la documentación de conformidad con la Resolución General 3838 y, a la vez, ofreció un seguro de caución para garantizar las obligaciones y f) A partir del 22.3.99, el Fisco ordena nuevos requerimientos de información.

En el escenario descripto, el Tribunal competente apreció que el ampara debe prosperar ya que de los antecedentes surge que el último impulso fiscal en materia de investigación data de abril de 2000.

A su vez, el Tribunal, de las actuaciones internas, interpretó que

”...los sucesivos requerimientos formulados tienen como objetivo dilatar en el tiempo la resolución del trámite presentado por el contribuyente ante el Organismo Fiscal más allá de aquél que razonablemente el mismo pudiere demandar, con el consecuente perjuicio económico que ello implica al impedirle el normal ejercicio de su actividad económica...“.

Los argumentos apuntados llevaron al Tribunal a hacer lugar al recurso de amparo promovido y le ordenó al Fisco que dicte la resolución correspondiente en un plazo determinado.



2. Sellos. Tratamiento fiscal de la transmisión fiduciaria.

Causa ”Oscar Margariños S.A. C/AFIP-DGI“, Sala ”B“, 5.9.03.

El particular apeló la resolución dictada por el organismo recaudador que determinó de oficio el Impuesto de Sellos junto con sus accesorios y multa con relación a la escritura Nº 307 del 5.3.97.

Al respecto, vale repasar los antecedentes de hecho del asunto. En fecha 5.3.97 el recurrente, a través de la escritura Nº 370, adquirió una serie de inmuebles situados en la Capital Federal que gozaban de la exención prevista en el artículo 2º del Decreto N´ 114/93 del PEN al ser destinadas a la construcción de viviendas. Tiempo después, más exactamente en fecha 17.6.97, el apelante, por medio de la escritura Nº 175, constituyó un fideicomiso sobre dichos terrenos, cediéndolos fiduciariamente, al Banco Hipotecario.

En tal sentido, el Fisco impugnó la viabilidad de la exención por entender que se incumplió un aspecto material para su procedencia al haber una nueva venta en tanto que el contribuyente sostuvo la tesis opuesta.

El Tribunal, con la finalidad de resolver el conflicto, tuvo en consideración los siguientes aspectos: a) Precisó que la transmisión fiduciaria está gravada de conformidad con el artículo 2´ del Decreto Nº 114/93 pues la norma al hacer referencia al ”dominio“ es muy amplia al incluir tanto al perfecto como al imperfecto; b) Estimó que en el presente caso si bien medió una transferencia a título fiduciario se hallaba en juego su relación con la exención de los terrenos destinados a la construcción de viviendas; c) Analizó ambas escrituras detalladamente e interpretó que la segunda escritura ratificó la finalidad de la primera (es decir, el destino de construcción de viviendas) y, por ello, desde la óptica instrumental no ha habido alteraciones y d) Concluyó que la prueba aportada era demostrativa que se verificaron en la realidad los aspectos materiales que habilitan la exención.

Los motivos explicados sirvieron de base al Tribunal Fiscal de la Nación para revocar la resolución apelada y, por ende, se desestimó la pretensión estatal.



3. Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable a una reorganización de sociedades.

Causa ”Establecimiento Modelo Terrabusi SAIC C/AFIP-DGI“, Sala ”B“, 5.9.03.

El particular dedujo sendos recursos de apelación frente a las distintas determinaciones de oficio hechas por el Fisco en el Impuesto a las Ganancias y al IVA junto con sus accesorios más la aplicación de las multas consagradas en la ley de procedimiento fiscal.

La operación cuestionada está dada por un fusión por absorción entre el apelante (absorbente) y ”Luis Vizzolini e Hijos SAIC“ y ”Mafe S.A.“ (absorvidas) en los términos del artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, su Decreto Reglamentario y la Resolución General Nº 2245 de la DGI.

El objeto del debate está dado en que, para el recurrente, dicho negocio jurídico encuadra en una fusión por absorción prevista en el artículo 77 inciso a) de la ley del gravamen y, por lo tanto, exenta del misma en tanto, para el organismo recaudador, dicha operación consiste en una transferencia de bienes por ”Luis Vizzolini e Hijos SAIC“ y ”Mafe S.A.“ a ”Establecimientos Modelo Terrabusi SAIC“ alcanzado por el referido tributo.

El Tribunal actuante, en su pronunciamiento, hizo las siguientes consideraciones: 1) En los antecedentes administrativos media un contrato de compraventa de acciones entre el recurrente y los accionistas de ambas sociedades absorvidas. A su vez, en el mismo expediente obran las Actas de Asamblea de las distintas sociedades en el que constan: a)Las personas que reciben la acción de la empresa, su transferencia, el momento de la transferencia y quién es el beneficiario de dicha transferencia; b) La renuncia de los cargos del órgano de administración y a sus honorarios por parte de los accionistas de las sociedades absorvidas y c) La aprobación del balance especial de fusión y la firma del compromiso previo de fusión que dispone la reorganización en los términos de la normativa fiscal aplicable a partir del 31.12.96; 2) Precisó que la operatoria descripta no encuadra en el supuesto del inciso c) del artículo 77 de la ley del tributo ya carece de uno de los requisitos exigidos por tal normativa consistente en la subsistencia de las empresas transmitentes a la transferencia. En el caso las sociedades absorvidas citadas se disuelven sin liquidarse y, por ello, tal recaudo no se verifica; 3) Ponderó que el presente caso encuadra en un supuesto de fusión por absorción y se cumplimentó con el recaudo de la participación accionaria de las empresas involucradas que exige el Decreto Reglamentario de la ley; 4) Los antecedentes normativos y las constancias obrantes en el expediente llevaron al Tribunal a concluir que el apelante tenía razón en su posición.

Consecuentemente, los motivos reseñados llevaron al Tribunal actuante a revocar las resoluciones apeladas y, por lo tanto, se hizo lugar a la tesis del contribuyente.



4. IVA. Tratamiento fiscal aplicable a los servicios prestados en el país a favor de empresas extranjeras que no cuentan con subsidiarias, filial, sucursal, representación ni planta elaboradora en el país.

Causa ”Codipa

S.A. C/AFIP-DGI“, Sala ”C“, 12.9.03.

El particular dedujo un recurso por retardo de repetición en virtud de que el órgano fiscal no se expidió en el lapso fijado por el artículo 81 de la ley de rito (vigente al momento del debate) frente al reclamo de repetición hecho el 18.3.96 por una suma determinada junto con sus intereses.

Al respecto, el contribuyente estimó que la actividad desarrollada consistía en la prestación de servicios en el país a favor de empresas extranjeras que no cuentan con subsidiaria, filial, sucursal, ni representación, como tampoco planta elaboradora en la República Argentina actuando como un agente de ventas y, por ello, recibe una comisión.

Por esta operatoria, ”Codipa S.A.“ pagó el IVA y consideró que dicho pago era improcedente y, por ende, articuló las vías recursivas señaladas anteriormente.

Con el propósito de resolver la cuestión, el Tribunal actuante tuvo en cuenta los siguientes aspectos: a) Mencionó el precedente ”Tecnopel“ de fecha 6.12.99 de otra Sala del mismo Tribunal y citó los artículos de la ley del gravamen, los Decretos Nº 2633/92 y 1082/99 del PEN, la Circular 1288/93 de la DGI y otra normativa vinculada a la cuestión; b) Analizó los antecedentes fácticos y legales de la cuestión así como el cuerpo del expediente administrativo. De este último punto, la propia AFIP admitió la viabilidad de la repetición así como la legitimación activa que tenía el reclamante.

En consecuencia, el Tribunal Fiscal hizo lugar al recurso promovido y, a la postre, admitió el criterio propiciado por el contribuyente.



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