Reclaman más control de armas de fuego

La Red Argentina para el Desarme (RAD) reclamó la aplicación efectiva del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de fuego, aprobado en el Congreso y que, pese a ya haber sido reglamentado, no está activo desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR). "Hay que actuar con mayor celeridad e ir por el desarme; hasta ahora, la única novedad que tuvimos es que el pago del incentivo se dejará de hacer por el Banco Nación y lo empezarán a hacer mediante redes como PagoFácil o RapiPago", advirtió Adrián Marcenac, titular de la red y padre de Alfredo, asesinado a los 18 años por Martín Ríos, el apodado Tirador de Belgrano.
En la red afirman que hay una profunda preocupación por "la falta de políticas activas que pongan freno a la peligrosa proliferación de armas de fuego en el seno de la sociedad". Según cifras de la entidad, cerca de la mitad de las casi 800.000 personas a las que se ha habilitado para poseer armas de fuego "tiene sus permisos vencidos", lo que vuelve aún más difícil el control estatal. "Sean legales o ilegales, las armas se cobran ocho vidas por día en el país, es preocupante que el Estado no tenga capacidad de fiscalizar las que circulan en manos de la sociedad civil ni controlar a quiénes habilita a tener un arma", afirma un documento de la entidad.
La urgencia de la red es clara. El Congreso aprobó la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria para 2016 y 2017. Es decir, el Estado "ya desperdició casi 75% del tiempo" del plan, dice Marcenac. Más allá del plan civil, la ANMaC, logró destruir unas 26.600 armas en 2016; la última serie, de más de 21.000 a fines de año, una suma elevada en comparación con años atrás.