Miércoles  14 de Julio de 2010

Realizan fuertes críticas a la licitación de concesión de rutas provinciales

Reclaman al gobierno de la provincia de Buenos Aires que los actuales contratos sean rescindidos. Impulsan un proyecto que contemple la red caminera del país.

Total rechazo produjo en el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de relicitar por 30 años más la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia Nº 11.

La entidad lamenta “la actitud autoritaria y antidemocrática, especialmente del gobernador, Daniel Scioli, y de la ministra de Infraestructura, Cristina Rodríguez, que sin consultar ni escuchar a las distintas Entidades de Usuarios Viales, convoca a una nueva licitación bajo el mismo régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito, que tantos perjuicios económicos ha ocasionado y sigue ocasionando a los usuarios viales y a la comunidad en su conjunto”.

En ese sentido, la Conaduv recalcó que, en junio de 2008, representantes del organismo fueron recibidos “por funcionarios de la Subgerencia de Concesiones de la Provincia de Buenos Aires, quienes prometieron que antes de tomar cualquier tipo de decisión respecto a las concesiones de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia 11, como todo lo relacionado a la Red Vial del Atlántico, se convocaría a una audiencia pública de manera tal de poder escuchar los reclamos y alternativas que pudieran presentar los usuarios viales”.

A través de un comunicado, el Comité señaló que los pedidos de audiencia a Daniel Scioli y a la Ministra de Infraestructura, en febrero de 2008, fueron denegados. Ahora, solicita de forma urgente una audiencia pública vinculante, con la finalidad de que los usuarios viales puedan expresar sus reclamos y proponer alternativas.

La Conaduv reclamó que los actuales contratos de concesión de los dos corredores viales, “deben ser rescindidos en forma inmediata, por leoninos e ilegales”.

Además, indicó que no deben ser indemnizados los actuales concesionarios, “ya que ellos deberían devolver a los usuarios viales el dinero que se les ha cobrado en forma indebida durante más de 20 años a través de tarifas abusivas e ilegales que violan lo expresamente establecido por la Ley 9.254”.

En ese sentido, el organismo sostuvo que durante la gestión Felipe Solá, el ex ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Eduardo Sicaro, manifestó públicamente que no existían estudios técnicos que fundamentaran las tarifas de peaje en cuanto a la relación beneficio/costo del usuario, según marca la Ley de Peaje Provincial.

Mejor financiamiento

En otro punto del comunicado difundido por la entidad defensora de los usuarios viales, enfatiza su oposición al el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta, “ya que existen métodos de financiamiento vial más adecuados”.

Asimismo, la Conaduv afirmó que el sistema de financiamiento vial implementado con cabinas de cobro en rutas abiertas nacionales y provinciales, “es inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago”; ilegal, dado que “las tarifas no cumplen con lo expresamente establecido en las Leyes 17.520 y 9.254”; antieconomico, por la baja densidad de tránsito promedio lo que hace que gran parte de lo recaudado se destine a la instalación de garitas, su mantenimiento y administración, sin llegar plata para las obras necesarias; injusto y discriminatorio, ya que al ser rutas abiertas, algunos pagan y otros no.

Ante estos reclamos, la entidad propone “en forma urgente la implementación de un verdadero Proyecto Vial Nacional que contemple toda la red caminera de nuestro país, a través de un sistema de peaje indirecto o en la sombra, libre de cabinas de cobro en ruta y de aduanas interiores, mediante la reasignación de parte de los $ 14.000 millones anuales que recauda el Estado nacional en concepto de fondos viales y que con tanto esfuerzo aportan los usuarios viales cada vez que cargan combustibles”.

También pide rejerarquizar la actividad de la Dirección Nacional de Vialidad.

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