Miércoles  10 de Diciembre de 2003

Que los oligarcas paguen impuestos

En todo el mundo, hay preocupación acerca del arresto del multimillonario petrolero ruso Mikhail Jodorkovsky. La preocupación es que Rusia puede estar abandonando la senda de la democracia y el imperio de la ley.

Rusia enfrenta numerosos problemas planteados por el legado del comunismo y la manera en que se efectuó la transición desde éste a la economía de mercado. Un conjunto de problemas tiene que ver con la política y las dificultades para afianzar la democracia y el imperio de la ley tras décadas de totalitarismo. El otro se relaciona con la economía.

Durante la presidencia de Yeltsin se cometieron dos graves errores de política económica. El primero, como argumento en mi libro La globalización y sus descontentos, fue crear incentivos que produjeron el despojamiento de los activos, en lugar de la creación de riqueza. El otro fue arruinar los pocos legados positivos que dejó la era comunista.

Uno de ellos fue un alto nivel de capital humano, especialmente en las áreas técnica y científica, mucho de lo cual se ha perdido, ya que la mayoría de los talentos del país han emigrado. Otra herencia malgastada (con serias consecuencias políticas) fue la relativa igualdad lograda por el comunismo.

De hecho, la política y la economía están inextricablemente vinculadas aquí: la erosión de las clases medias, acompañada del surgimiento de unos cuantos oligarcas enormemente ricos y el descenso de millones a la pobreza, hicieron mucho más difícil la creación de una sociedad democrática y del imperio de la ley.

La razón es simple. No son los Rokefellers ni los Gates de este mundo los más fuertes partidarios de un terreno nivelado y del respeto de la ley (incluida la ley de la competencia). Históricamente son las clases medias las que tienen un interés inherente en la justicia y la igualdad, jugando de este modo un papel instrumental en hacer que las leyes se obedezcan.

Por esta razón, enfrentar las privatizaciones ilegítimas de los años 90, que están en la raíz de la inequidad de la riqueza en Rusia, es algo que aún debe hacerse. Y no sólo en aras de la justicia: es importante para el desempeño de largo plazo de la economía rusa.

En último término, la seguridad de los derechos de propiedad (y el crecimiento que esto permite) depende primariamente de la legitimidad con que tales derechos son vistos por la sociedad. Si la visión que se tiene de quienes poseen riquezas es que las han obtenido de maneras que carecen de legitimidad, ningún sistema legal puede hacer que la propiedad sea segura. Si la propiedad no es segura (o incluso si no es percibida como segura), los incentivos se distorsionan. De este modo, quienes controlan las empresas rusas continuarán apropiándose de los activos comunes y convirtiéndolos en formas de riqueza que se pueden sacar fácilmente del país.

Peor aún, si no se enfrenta el legado de privatizaciones ilegítimas, es probable que la oligarquía económica se convierta en una oligarquía política también. Bajo esta luz es como deben verse las acciones de Putin contra Jodorkovsky. Porque si los oligarcas tienen éxito en mantener en su poder sus riquezas mal obtenidas, no es difícil de imaginar que alguien como Jodorkovsky (quien ya estaba comenzando a construir una maquinaria política junto a su imperio comercial) cobre sus acciones de Yukos, ponga su riqueza en un lugar seguro en el exterior y lo use para manipular la política rusa.

¿Qué es lo que se debe hacer entonces con la propiedad manchada por la corrupción de las salvajes privatizaciones de los años 90? Probablemente habría sido más fácil para el gobierno de Rusia recapturar parte de las ganancias malhabidas de los oligarcas con anterioridad, por ejemplo, tras la crisis del rublo de 1998, cuando muchos de ellos cayeron en la moratoria de sus deudas.

Aunque esa oportunidad ha pasado, todavía pienso que será mucho más fácil enfrentar este problema ahora que en, digamos, una década. Una vez que Jodorkovsky y sus semejantes vendan lo que poseen a intereses extranjeros y pongan su dinero lejos de Rusia, será poco lo que se pueda hacer.

Pero, ¿revertir las privatizaciones ilegítimas de los 90 no crearía nuevos problemas y minaría el intento de Rusia de establecer derechos de propiedad seguros? Creo que algunas de las desigualdades del pasado se pueden enfrentar sin un ataque directo a los derechos de propiedad, no importando cuán dudosamente hayan sido adquiridos. Rusia podría imponer un impuesto al exceso de ganancias de capital, análogo en espíritu al impuesto instaurado por EE.UU. a las compañías petroleras cuando sus utilidades aumentaron con desmesura, sin ningún esfuerzo de su parte, debido a los altos precios del petróleo en la década de 1970.

Se podría imponer un impuesto, por ejemplo una tasa de 90%, a las ganancias excesivas tras la adquisición de activos estatales. Por ejemplo, sobre las ganancias por más del 10% de los retornos acumulados sobre inversiones en acciones de interés variable originales. El impuesto se podría hacer pagadero ya sea cuando la compañía aparezca listada en un mercado de valores o cuando se vendan los activos. Un impuesto así dejaría a los oligarcas con montones de riqueza y podría incluso compensarles por sus iniciativas de reestructuración de las empresas.

Para estimular la inversión local, y reconociendo que es difícil imponer impuestos a activos colocados en el exterior, también se podría crear un impuesto de salida sobre el capital que se saque fuera del país.

El dinero recolectado por el n

uevo impuesto podría ayudar a restaurar, por ejemplo, los aquejados sistemas de salud y educación rusos. Es claro que el impuesto no solucionaría todos los problemas de Rusia. Sin embargo, rectificaría de alguna manera las consecuencias de las apropiaciones de riqueza ocurridas en la era Yeltsin. Lo que es más importante, aunque no aseguraría la creación de una democracia viable, al menos reduciría la amenaza a la democracia planteada por el papel cada más venenoso del dinero en la política rusa.

Copyright: Project Syndicate

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