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Por qué se cobra la tasa de seguridad e higiene

El autor reflexiona sobre las contribuciones municipales que deben pagar los vecinos y advierte que solamente pueden cobrarse ante la efectiva prestación del servicio.

Por qué se cobra la tasa 
de seguridad e higiene

La tasa de seguridad e higiene es el principal recurso propio con el que cuentan los municipios. Cabe recordar que, de acuerdo a la ley de coparticipación federal de impuestos, al recibir coparticipación secundaria, básicamente a los municipios les queda la posibilidad de cobrar tasas retributivas de servicios. Es cierto que en los últimos tiempos se les han transferido a los municipios un conjunto de responsabilidades y servicios adicionales, y la cercanía con los vecinos hace que sean los primeros en tener que responder (como pueden ser la seguridad, salud y limpieza, entre otros).
De tal manera un debate importante es cumplir con el mandato constitucional, incumplido desde el año 1996, de generación de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, para el correcto financiamiento tanto de las provincias como de los municipios.
No debe perderse de vista que es necesario, insisto, que toda tasa sea retributiva de un servicio efectivamente prestado. En el caso, los servicios relacionados con la seguridad, higiene o mantenimiento, respecto al local, depósito, oficina habilitada en el Municipio y respecto al cual éste cuenta con legítimo poder de policía municipal. Es así que otras tasas, como la de alumbrado, barrido y limpieza, se cobran debido a que dichos servicios son efectivamente prestados, o la tasa de habilitación comercial, que se cobra por el servicio que se presta para que se pueda llevar a cabo la misma, ello por citar algunos ejemplos de tasas municipales.

La base imponible

Uno de los cuestionamientos que se pueden presentar en particular en materia de la tasa de seguridad e higiene es el relacionado con la base imponible, es decir el parámetro sobre el cual se calcula, que generalmente toma como tal a los ingresos brutos provinciales. Esta situación genera muchas distorsiones cuando los contribuyentes tienen un único local en el municipio e importantes ingresos brutos provinciales, ya que se pueden generar distorsiones entre el monto de la tasa y el servicio efectivamente prestado. Si bien la jurisprudencia no es muy abundante, existen algunos precedentes jurisprudenciales que analizaron este punto, concluyendo que el monto de lo cobrado no tenía relación con el costo del servicio efectivamente prestado.
No obstante, el propósito de estas reflexiones es poner de relieve un aspecto que está destacando la reciente jurisprudencia es que el municipio que exige cobrar una tasa efectivamente pruebe el servicio por el cual sustenta el mismo, esencialmente en reclamos que son retroactivos a todos los períodos no prescriptos. Este es un punto que debe resaltarse y que debe ser aplicado a cualquier clase de tasa municipal.

La necesidad del servicio

La Corte Suprema de Justicia empezó a destacar ese punto en el conocido precedente "Quilpe S.A." del 9 de octubre de 2012, en donde también se resaltó que la prueba del servicio recae sobre quien está en mejores condiciones de hacerlo, el Municipio. En otras palabras, quien está en mejores condiciones de probar lo que invoca es el municipio. En dicho fallo, la ausencia de prestación efectiva del servicio, hizo improcedente en el caso concreto el intento de cobro retroactivo de la tasa.
Esa línea jurisprudencial está siendo seguida en posteriores pronunciamientos por diversos tribunales en donde surge con nitidez que debe prestarse efectivamente el servicio y que el mismo nunca puede ser potencial. Así se pronunció recientemente la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario en sentencia dictada el pasado 26 de julio en la causa 98/2012 en donde destacó que de la propia prueba y contestación del Municipio en los períodos reclamados no habían labrado actas ni efectuado ninguna clase de inspección, por lo que correspondía hacer lugar a la demanda.
Un aspecto que a veces desalienta a los contribuyentes a seguir adelante con sus reclamos puede ser el hecho de la vigencia del requisito del pago previo que rige en materia tributaria para habilitar la instancia judicial, pero ello no debe convertirse en un escollo procesal o en una limitación al acceso a la justicia.
En resumen, la jurisprudencia está resaltando la necesidad que es el municipio quien debe probar la existencia del servicio, para cobrar una tasa tan importante para la actividad empresarial como es la de seguridad e higiene y que en muchos casos genera muchas controversias.

(*) El autor es asociado en Lisicki Litvin & Asociados.

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