Martes  11 de Mayo de 2010

Por qué la Corte acierta al respaldar la prohibición de indexar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió con fecha 20 de abril de 2010 en los autos: “Massolo, Alberto José c/Transporte del Tejar S.A. s/Daños y Perjuicios” en el sentido de que sigue vigente la prohibición de actualizar prevista por el art. 4 de la ley 25.561.

El caso se trata de un reclamo por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. En el mismo, la aseguradora de la parte demandada arribó, con fecha 26 de octubre de 2001, a un acuerdo de pago con el Sr. Massolo ofreciéndole abonar la indemnización en pesos, en 15 cuotas mensuales iguales y consecutivas. A esa fecha, recordamos, regía la ley de convertibilidad que fijaba la paridad de un peso igual a un dólar estadounidense.

En razón de ello, en la cláusula 4ª del convenio de pago se acordó expresamente que en caso en que quedare sin efecto la 1 Ley de Convertibilidad, dejando de existir la paridad peso/dólar, la aseguradora se obligaba en cada cuota a entregar al demandante la cantidad de pesos necesaria, para que éste último pudiera adquirir la cantidad equivalente de dólares.

En marzo de 2002, el demandante pidió que se cumpla con lo pactado expresamente entre las partes, planteando la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561. Su aplicación implicaría un deterioro de su crédito dada la depreciación de la moneda.

El juzgado de primera instancia decretó la inconstitucionalidad del citado art. 4 de la ley 25.561 lo que luego fue confirmado por la Sala “A” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Contra esta decisión es que se interpuso primero recurso extraordinario y, luego, recurso de queja para así llegar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte declaró admisible el recurso y consideró que el art. 4 de la ley 25.561, al sustituir el texto de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la prohibición de indexar que establecían dichas normas. En concreto, la inadmisibilidad de toda forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y haya o no mora del deudor.

En base a estas normas -que la Corte considera de orden público- es que el máximo Tribunal entendió que la cláusula 4ª del convenio de pago suscripto entre el actor y la compañía de seguros resultaba inválida y debía ser dejada sin efecto pues tenía un inequívoco propósito indexatorio de las obligaciones pendientes de pago ya que su objeto era estabilizar el valor de las prestaciones vinculándolas con el de una moneda extranjera.

Sostuvo el máximo Tribunal que la ventaja, acierto o desacierto de las leyes, que establecieron la prohibición de toda clase de actualización monetaria, escapa al control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial.

En tal sentido, afirmó que los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11 de la Constitución Nacional de fijar el valor de la moneda.

La Corte no desconoce que la actualización por depreciación monetaria pudo significar, en determinados períodos, una defensa de los derechos patrimoniales, pero advierte que su mantenimiento sine die no sólo posterga disposiciones constitucionales sino que causaría un daño profundo a todos los derechos patrimoniales al alimentar la grave patología que los afecta: la inflación.

Por último, el fallo consideró que validar la cláusula de estabilización firmada por las partes significaría desconocer el objetivo antiinflacionario que se propusieron crear las leyes mencionadas mediante la prohibición genérica de indexación, lo que contribuiría a acelerar las alzas generalizadas de precios y a crear desconfianza en la moneda nacional.

El Dr. Petracchi votó en este mismo sentido aunque con sus propios fundamentos, entre los cuales agregó dos conceptos interesantes. El primero es que, si al practicarse la liquidación definitiva, para el demandante se hubiere producido una marcada desproporción que vulnerase su derecho de propiedad, siempre podrá recurrir a otros institutos del derecho civil como ser la teoría de la imprevisión, el abuso del derecho y la frustración del fin del contrato, de modo de preservar la equidad de la prestación al tiempo del cumplimiento.

El segundo concepto es la función que cumple la tasa de interés correspondiente en estas circunstancias, lo que indica deberá ser evaluado por los jueces de la causa como una alternativa para evitar que los efectos de la depreciación incidan solamente sobre quien fue la víctima del daño.

En síntesis, la Corte entendió procedente el recurso y ordenó que el Tribunal de origen vuelva a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Este fallo fue firmado sólo por los Dres. Maqueda, Highton, Petracchi y Zafaroni, lo que abre un interrogante sobre la opinión en concreto del resto de los miembros del máximo Tribunal.

En mi opinión el fallo resulta acertado pues la Corte debe obrar con máxima prudencia al considerar la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso de la Nación en uso de las facultades previstas por el art. 75 inc. 11 de la Constitución Nacional.

Hay que tener presente la coyuntura actual de “tensión de precios” por lo que puede decirse que la Corte de Justicia de la Nación ha fallado con sumo cuidado.

Recordemos que la indexación de precios -según ya ha sido demostrado en épocas pasadas- sólo conduce a una dinámica de aceleración que inevitablemente concluye en procesos inflacionarios gravísimos.

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