Miércoles  02 de Enero de 2008

Peligran nuevos proyectos eléctricos por falta de estímulo a las inversiones

Para privilegiar la caja fiscal, el Gobierno no prorrogó la Ley de Inversiones que permite la amortización acelerada de Ganancias y la devolución anticipada del IVA

La instalación de centrales eléctricas, uno de los talones de Aquiles del sistema energético con el que convivirá Cristina Fernández durante su gestión, deberá superar nuevas barreras en los próximos años. Eso se debe a que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner dejó caer el Régimen de Promoción de Inversiones (Ley 25.924), como anticipó El Cronista en su edición del 26 de diciembre.

La norma fue ideada para fomentar inversiones productivas, pero en 2006 se extendió el beneficio a las obras de infraestructura para inducir la construcción de nuevas centrales energéticas a través de abaratar el costo del capital.

“Sin la promoción a las inversiones, afrontar un proyecto de generación en el país bajo las condiciones actuales es prácticamente imposible para un inversor privado”, reconocen fuentes del Ministerio de Economía.

Desde la recuperación, a partir de 2003, la demanda eléctrica creció a un ritmo muy superior a la oferta que se estancó –según explican en el sector– por la falta de estímulos a la inversión en un contexto de tarifas congeladas para hogares y con subas moderadas para consumidores industriales.

La situación llegó a un punto límite en el invierno pasado, cuando la falta de agua en los embalses del sur, los problemas en el suministro de gas para usinas térmicas y las bajas temperaturas obligaron al Gobierno a cortar a energía que consumen las industrias y dejaron al descubierto la precariedad del sector.

Poco antes, el gobierno de Kirchner había comenzado a esbozar recetas de estímulo a la inversión mediante el establecimiento del Servicio Energía Plus, que permite a los nuevos proyectos cobrar la electricidad más cara.

Esa norma actúa de forma complementaria con otras medidas para seducir al capital. Entre ellas, la resolución 256 del año 2000, de Economía, que instituyó exenciones impositivas para la importación de maquinaria destinada a grandes proyectos de inversión, y la propia Ley 25.924, que establece beneficios similares para obras de infraestructura.

Aunque no de la manera prevista en el Ministerio de Planificación, ese paquete de medidas estimuló la llegada de inversiones al sector. Todos los nuevos proyectos en desarrollo se basan en el Energía Plus y las exenciones fiscales.

Algunos ejemplos son las ampliaciones de la usina Modesto Maranzana (Córdoba), del grupo Albanesi, que estima una inversión de u$s 100 millones, la Central Río Turbio (Santa Cruz), una iniciativa oficial que demandará u$s 500 millones y desembolsos en Central Térmica Güemes (Salta), en manos de Pampa Holding, del empresario local Marcelo Mindlin, por otros u$s 100 millones.

También tienen la posibilidad de acceder a regímenes promocionales proyectos concebidos bajo la modalidad de fideicomisos, como las usinas de Campana y Timbúes (Santa Fe), que sumarán 1.600 megawatts (Mw) al sistema y constituyen uno de los ases en la manga de la gestión de Cristina para amortiguar los problemas este invierno.

La lista de proyectos a la espera de beneficios fiscales incluye a Ingentis, una sociedad entre Alejandro Ivanisevich, Pampa Holding y Chubut, que prevé una inversión de $ 1.240 millones para sumar 600 megawatts (Mw), y la ampliación de la usina Loma La Lata, en la provincia de Neuquén, que agregará otros 185 megawatts con una inversión de $ 450 millones.

Ahora la caducidad del Régimen de Promoción de Inversiones complicará la instalación de esa clase de iniciativas.

El régimen permite optar por devolución anticipada del IVA o la amortización acelerada del capital al momento de afrontar Ganancias. En algunos proyectos energéticos incluso se podía pedir los dos beneficios.

El ex ministro de Economía, Miguel Peirano, había diseñado un proyecto de ley para restablecer los beneficios a la inversión, pero la iniciativa se encuentra demorada en la Casa de Gobierno.

En los últimos meses de 2007, se tomaron varias medidas para reforzar los ingresos –aumentaron impuestos a la exportación de productos agropecuarios, petróleo y minerales– y se eliminaron exenciones –devolución del IVA a la compra con tarjetas de crédito– que tendrán un fuerte impacto este año.

En ese contexto, se complica la posibilidad de extender el régimen de inversiones por el alto costo fiscal que implica.

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