Jueves  25 de Diciembre de 2003

No parece estar bien encaminada la reforma de la Ley de Servicios Públicos

El Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley marco que busca regular la actividad de los servicios públicos, introduciendo cambios en las reglas de juego que venían rigiendo el sector durante los últimos años. Si bien es recomendable que se busque darle al sector un paraguas legal homogéneo y se fijen reglas de juego comunes a todos los servicios, no está claro que el proyecto en discusión vaya en la dirección de otorgar mayor certidumbre al inversor y mayor bienestar al consumidor.

¿Qué necesita un inversor para tomar la decisión de hundir capital en infraestructura de largo plazo? Tarifas que le permitan obtener una rentabilidad razonable sobre su inversión y estabilidad en las reglas de juego. Con este objetivo en mente el Gobierno debería llamar a una revisión extraordinaria y recalcular todas las tarifas teniendo en cuenta las nueva realidad económica y social argentina, pero sin necesidad de modificar los marcos regulatorios sectoriales que (en su mayoría) ya contemplan la posibilidad de realizar revisiones extraordinarias en caso de aumentos exógenos en los costos. Paralelamente, y para mitigar el aumento tarifario, hay que, por un lado, inyectar competencia en todos los sectores y servicios donde sea tecnológicamente factible y, por otro, reducir la alta carga impositiva que soportan los servicios públicos. En la actual situación, todo aumento tarifario generaría un aumento en la recaudación impositiva indirecta en los tres niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal), porque el consumo de servicios públicos es inelástico y todo aumento en los precios implicaría un aumento en los ingresos de las compañías y por ende en la recaudación impositiva. Dado que el Gobierno ha demostrado preocupación por el impacto del eventual aumento tarifario sobre los bolsillos de la gente, es de esperar que reduzca la presión tributaria antes del aumento de tarifas, de forma de mantener el monto de la factura mensual que paga el usuario constante. No sería justo que el Gobierno se beneficiara con el aumento de tarifas.

Camino equivocado

¿Está encaminado en esta dirección el proyecto de ley del Gobierno? No parece. En primer lugar, obliga a las empresas a renunciar a la jurisdicción internacional para dirimir disputas o conflictos con el Estado nacional, cuando fue la existencia de esta posibilidad, entre otras cosas, lo que las indujo a invertir en nuestro país. Si lo que pasó el año pasado ocurrió a pesar de la existencia de esta posibilidad, uno se pregunta lo que podría pasar si esta herramienta no estuviera disponible, lógicamente el nivel de inversión sería mucho más reducido. En segundo lugar, se insta a modificar los marcos regulatorios sectoriales a fin de adecuarlos a esta ley, cuando lo que hay que hacer es respetar los marcos regulatorios que existían al momento en que las compañías tomaron decisiones de inversión de largo plazo. Por último, se niega la posibilidad de trasladar a tarifas aumentos exógenos en los costos, permitiendo aumentos solamente bajo circunstancias extraordinarias o estacionales. Esto es sorprendente, teniendo en cuenta que tanto los concesionarios de peajes como los de obra pública pueden trasladar directamente a los precios todo aumento en los costos de sus insumos, ¿Porqué en los servicios públicos debería ser diferente?

En síntesis, no parece que el proyecto de ley en discusión vaya a contribuir a reducir el actual grado de incertidumbre en el sector, o genere grandes cambios en el ánimo de los consumidores. Propone modificaciones en las reglas de juego, da mayor lugar para la discrecionalidad y sugiere un régimen de ajuste de tarifas con poca relación con lo recomendado por la teoría económica y la experiencia internacional.

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