No dejar pasar las amenazas

Que uno de los principales temas de la agenda política en la Argentina sea la seguridad del Presidente y de su familia, a partir de las amenazas que el propio jefe de Estado aseguró haber recibido hace poco más de una semana, es la muestra más categórica del clima de inseguridad que vive el país. Sobre todo si, como lo deja ver el Gobierno, las intimidaciones pueden tener su origen en sectores desplazados de la Policía Bonaerense, presuntamente conectados con sectores políticos.

En un país con serios antecedentes de violencia política, el caso es de gravedad institucional y merece plena atención, pese a que el propio Gobierno ha preferido hasta el momento desestimar la posibilidad de realizar una denuncia formal y ningún funcionario judicial ha tomado tampoco el caso para una investigación. Se pierde así una oportunidad de desentrañar por vía de una pesquisa judicial qué sectores están detrás de los amedrentamientos y, en todo caso, de los hechos delictivos graves que azotan a la provincia de Buenos Aires y varios puntos del país. ¿Acaso el nivel de deterioro es tal que no son suficientes los canales institucionales habituales para dilucidar estos casos?

Evidentemente, existe una organización delictiva –o varias– que se siente con el poder y la impunidad suficiente como para amenazar el sistema de seguridad que rodea al Presidente, que se supone debería tener un bajo nivel de vulnerabilidad.

Del mismo modo, según se desprende de las sucesivas purgas en la Policía Federal y en la Bonaerense, en las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito que pesan sobre comisarios de la provincia, las sospechas sobre posibles vinculaciones de uniformados y dirigentes políticos en resonados casos en más de un distrito, está claro que el flagelo de la delincuencia y los secuestros abarca también a las instituciones y a la corrupción que anida en una parte de ellas, y no puede acotarse a las causas de la pobreza y la marginalidad.

El modo en que se conoció el hecho de las amenazas al Presidente también revela pobreza institucional: el secreto de Estado fue confesado a un líder piquetero (Luis D’Elía), quien luego lo propaló a la prensa.

Néstor Kirchner aclaró ayer que las presiones no lo harán callar y volvió a dirigirse hacia los uniformados de la Policía Bonaerense, en un acto que compartió con el gobernador Felipe Solá. Si la decisión del Gobierno es ir a fondo en el combate contra la corrupción y la delincuencia, la clase dirigente tendrá la oportunidad de darle todo su apoyo para cumplir con una de las principales aspiraciones de la sociedad, más allá de las disputas internas que generó el último cacerolazo ciudadano.

El propio Gobierno, por su lado, deberá aportar todas las pruebas que tenga a su alcance para sacar a luz todas las sospechas, a fin de que las denuncias –como suele ocurrir en la Argentina– no queden a mitad de camino. La figura presidencial no puede estar en juego.



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