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Necesitamos un nuevo modelo de medios

El enrarecimiento del clima en Latinoamérica con la decisión de Hugo Chávez en Venezuela de endurecer las acciones hacia los medios privados de comunicación y convocando a una suerte de auditoría permanente sobre las licencias otorgadas, nos recuerda que en la Argentina ya no estamos ajenos a ese proceso, el discurso de las más altas autoridades de nuestro país se endurece diariamente y el ante proyecto de ley de radiodifusión oficial, con el artículo que propone revisar las reglas por la que se otorgan las licencias cada dos años, también propone una suerte de auditoría permanente sobre las mismas. Rafael Correa, presidente de Ecuador, en total sintonía con el pensamiento de Chávez informó sobre su voluntad de actuar contra la prensa. Propuso legislar desde la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en contra de los medios críticos. Planteó directamente crear instancias internacionales para ‘defender a gobiernos y al pueblo de la prensa corrupta’, legislación para sancionar a la prensa cuando él sea presidente del organismo. En este contexto regional la Argentina sufre los vaivenes de la falta de política de Estado en la relación del gobierno con los medios. Relación que por otra parte no está despojada de la concepción totalitaria que posee el aliado más poderoso de los Kirchner, Hugo Chávez. Para quienes insistimos en la necesidad de legislar para garantizar la libertad de expresión en la Argentina y en la protección del ejercicio de la labor periodística, este momento constituye un punto de inflexión para definir el modelo y la matriz de medios públicos y privados de las próximas décadas. Creemos firmemente en la necesidad de generar pluralidad informática, proteger a los medios pequeños y radios comunitarias que durante 25 años desarrollaron una importante función social y de generación de identidad cultural. Es necesario atender al sector desde la nueva normativa pero también desde acciones inmediatas. El Comfer debe otorgar ya las licencias definitivas a los radiodifusores que operan con permisos precarios, esa morosidad para ponerlos en igualdad de condiciones con el resto de los prestadores no se explica luego de haberse modificado el articulo 45 de la ley de radiodifusión, por lo que desde el 2005 las organizaciones sin fines de lucro pueden obtener licencias.

Generar un nuevo plan técnico de radiodifusión es imperativo, la CNC y el COMFER deben presentarlo para que todos los ciudadanos sepamos cual es el modelo que se proyecta. Es necesario definir cuáles son las frecuencias disponibles, quienes las ocupan actualmente y como se piensa depurar el espectro para generar la segmentación que proponen en el borrador de proyecto oficial. Alguien va a dejar de emitir para que nuevos actores ingresen, por lo tanto es aún más necesario que los que hoy detentan autorizaciones provisorias tengan legalizados sus permisos antes de la nueva compulsa por las licencias.

Para nosotros el nuevo modelo de medios en la Argentina debe contener a los más chicos, asegurarles condiciones de competitividad y garantías de permanencia. Si el borrador oficial se convierte en ley, especialmente por sus artículos 25, 38, 40 y 143, las reglas del juego cambiarán y solo los grupos grandes tendrán capacidad de resistir la competencia de los nuevos actores monopólicos.

Las contradicciones del Gobierno en la materia son alarmantes, impulsan una propuesta de radiodifusión que se presenta como desconcentradora pero en realidad le abre la puerta a las empresas de servicios públicos que el propio gobierno denuncia por prácticas monopólicas. Habla de proteger a las radios comunitarias pero en realidad no toma una sola medida en seis años para proteger al sector legalizando los permisos. Las únicas medidas que el kirchnerismo ha tomado en seis años fueron para consolidar el modelo actual, tanto que el acuerdo impulsado la semana pasada por la Presidenta para el canje de deuda de los medios por publicidad oficial, fue rubricado en primer lugar por empresas con múltiples licencias.

La diversidad, la libertad de expresión y el acceso a la información se aseguran legislando con objetividad y para el largo plazo. Si el Ejecutivo insiste con su propuesta sin considerar los aportes realizados en los proyectos que tienen años de estado parlamentario en la Cámara de Diputados, si se avanza sin considerar prioritaria la regulación de la publicidad oficial, la ley de acceso a la información y la despenalización del delito de calumnias e injurias, se habrá perdido la oportunidad de lograr una política integral de medios y una base legislativa a la altura de los nuevos paradigmas de comunicación en el mundo, para parecernos cada día a los modelos que imponen el largo brazo del Estado como mordaza para no escuchar otra voz que no sea la propia.