Lunes  03 de Mayo de 2010

Multinacionales ¡Go Home!

Muchos líderes populistas han hecho carrera culpando a las empresas multinacionales de todos los males. Comportamiento esquizofrénico, porque ese odio suele terminar en una negociación, presentada por el gobierno como un éxito en la “lucha por la liberación nacional” pero que, en realidad, suele incluir algún privilegio para estas corporaciones. En Argentina, Juan Domingo Perón nacionalizó los ferrocarriles, por ejemplo, pagando por ellos a la compañía inglesa propietaria más que su valor de mercado.

Las empresas gigantes no son un producto natural del mercado. Y menos hoy cuando la tecnología permite, y exige, el reemplazo de las grandes y masivas líneas de producción seriadas, por productos más personalizados. Peter G. Klein asegura que “lo típico es que las grandes firmas surjan donde los mercados... sufren la interferencia gubernamental; éstas circunstancias proporcionan ventajas” a las grandes corporaciones que, entre otras cosas, tienen gran capacidad de lobby, logrando a menudo la promulgación de regulaciones que las benefician o que hasta impiden las operaciones de sus rivales.

Del mismo modo, exageradas fortunas como la del petrolero brasileño Eike Batista, que ya está octavo en la lista de los más ricos del mundo de Forbes, al igual que la de Carlos Slim en México, no suelen surgir de la libre competencia sino de privilegios, de tipo monopólico, otorgados por sus amigos en el gobierno. Es el corporativismo latinoamericano donde el Estado favorece a quienes tienen gran capacidad de lobby, a costa del resto del país.

Así es cómo las multinacionales han ocupado un lugar dominante en la economía de muchos populismos, mientras que esas mismas firmas tienen poca influencia en sus países de origen, como EE.UU. En Argentina, durante los años 90, se favoreció a las grandes corporaciones, con políticas “neoliberales”, privatizando empresas estatales, aplicando infinidad de regulaciones y creando monopolios en manos privadas. Así, se multiplicaron los privilegios concedidos por el gobierno, que los grandes lobistas supieron aprovechar.

En el plano de las telecomunicaciones, por ejemplo, pequeñas empresas fueron barridas porque el Estado les prohibía funcionar, luego de otorgar el monopolio a grandes grupos económicos. Así hoy, de las 500 empresas líderes en Argentina, casi 400 son extranjeras, es decir, que pertenecen a grupos con gran capacidad de lobby y economías de escala que controlan casi el 75% de las exportaciones del país, el 69% de la producción y el 84% de las ganancias empresariales. Esta “multinacionalización”, que no es “antipatriótica” porque los capitales no tienen pasaporte (¡por suerte!), sí conlleva un retroceso de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), generalmente de capitales locales.

Además, las trabas burocráticas a menudo imposibilitan el ingreso al mercado de nuevos y pequeños inversores, ya sea porque el Estado les exige una capacidad financiera exagerada o por la imposición de otras trabas. De hecho, en Argentina, abrir una empresa requiere unos ocho meses de diligencias burocráticas. En el reciente informe de “Facilidad para hacer negocios” del Banco Mundial, que mide la carga tributaria y regulatoria impuesta por el Estado, lista que encabeza Singapur y donde EE.UU. está 4, Brasil ocupa el puesto 129 entre 183 países, muy por detrás de Colombia (37), Chile (49) y Argentina (118).

Cabe destacar el caso de Chile donde, según el BID, entre 1960 y 2005 la productividad creció 19% más que la de EE.UU, brindado un gran ejemplo de lo que el mercado (las personas) crece al ritmo de la disminución de la opresión estatal en la forma de impuestos y regulaciones donde las laborales, por ejemplo, son tan gravosas que muchos se ven forzados a vivir en la informalidad. Por caso, una Pyme con 20 años de antigüedad en Buenos Aires y con 25 empleados a quienes paga un sueldo de 350 dólares mensuales, si dentro de diez años quiere cerrar deberá pagar en concepto de indemnizaciones unos 400.000 dólares. Y todo por haber cometido la imprudencia de contratar trabajadores legalmente.

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