Lunes  03 de Marzo de 2008

Los problemas de tránsito se trasladan a la justicia

En materia de franquicias y seguros, la Corte sentó un criterio opuesto al de los tribunales inferiores. Se discute quién responde por los accidentes. Aparece una encrucijada legal.

El colectivo se lo llevó puesto. Su auto que tenía un baúl espacioso ahora luce como un karting infantil a pedal.

Si pensó que eso era lo peor, cuando demande a la empresa de transporte público y a su aseguradora se encontrará con una puja intra-judicial para ver quién le debe pagar.

La práctica indica que el reclamo lo encaminará contra ambas empresas; el punto es si el seguro que tienen contratado entre ellas le será oponible o no. Sucede que una póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en la década de los ‘90 -una vez declarada la emergencia económica del sector- estableció una franquicia de $ 40.000 para este tipo de seguros, monto que se mantiene intacto hasta hoy.

Con la franquicia vigente, una porción del riesgo que asume el asegurador queda en manos del asegurado. Por todo lo que supere a los $ 40.000, la aseguradora deberá responder. En términos prácticos: un bollo, un espejito descuartizado, un toque, un raspón o buena parte de los daños materiales que pueda implicar un incidente de tránsito queda a cargo de la compañía transportista. Por los montos que se suelen reclamar, la suma no es significativa cuando hay lesiones o muertes.

“La franquicia es un instituto dentro del derecho de seguros muy tradicional. La persona que se asegura, al tener un primer tramo del riesgo a su cargo, toma más cuidado que si transfiere todo el riesgo al asegurador”, contextualizó Ramón Santamarina, socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa, especialista en temas de seguros y reaseguros.

El instituto beneficia al asegurador porque lo exime de tramitar cada uno de los pequeños juicios que se puedan plantear, e implica para el asegurado una reducción en el precio de la prima, dijo.

Ahora bien, desde la década pasada y hasta ahora, en sucesivos reclamos de particulares se fueron planteando distintas impugnaciones a la franquicia, ya sea porque se la consideró inconstitucional o porque se dijo que desvirtuaba la obligación del transportista público de tener un seguro.

“Esos planteos terminaron en un fallo plenario de la Cámara Civil, jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales inferiores y las Salas, en el que se concluyó que la franquicia era válida entre asegurador y asegurado, pero no era oponible a la víctima de un accidente”, señaló.

Básicamente: en la decisión alcanzada en el caso Obarrio en diciembre de 2006 se hizo naufragar la figura de la franquicia, habilitando la demanda por igual contra asegurado y asegurador, extremo que despertó fuertes cuestionamientos entre los abogados cultores del derecho privado, toda vez que se impugnó judicialmente una cláusula contractual entre particulares mediante su declaración de inoponibilidad contra la víctima.

La situación se mantuvo estable por algo menos de un año, hasta que, en agosto pasado, una sentencia de la Corte en otro caso (Cuello) estableció que las cláusulas de un contrato privado no pueden ser declaradas inoponibles por un juez.

Desconcierto

“Si bien el de la Corte es un precedente relevante, no es obligatorio para los jueces de primera ni de segunda instancia, como sí lo es el fallo plenario hasta tanto se lo modifique”, explicó Alejandro Borda, otro especialista en temas de seguros.

Si quieren que se aplique la franquicia, los aseguradores deberán hacer reservas en cada caso que se les plantee, para llevarlos hasta la Corte vía recurso extraordinario, dijo el socio de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosoa, y como en los nuevos juicios que se están desarrollando se tiene por obligatorio el fallo plenario, hay una situación de “incertidumbre judicial”: ¿Con quién alinearse?

“Hay un tema que puede generar alguna duda: en el juicio que le tocó resolver a la Corte no se había planteado la inconstitucionalidad de la resolución de la Superintendencia de Seguros, pero en los últimos fallos la Cámara Civil está declarando esa inconstitucionalidad”, aportó Borda.

Para destrabar el conflicto entre la posición del Máximo Tribunal y la de los restantes jueces, las vías que registran antecedentes históricos son la modificación del plenario por uno nuevo o un cambio normativo tal que desvirtúe la posibilidad de que se planteen nuevos casos con similares situaciones.

Por lo pronto, Borda apuntó que hubo un pedido de nuevo plenario al que no se le hizo lugar.

Por las dudas, entonces, el planteo de demanda contra la empresa de transporte deberá hacerse con citación en garantía de la aseguradora. Al menos, hasta que se defina quién responde y por cuánto.

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