LOS SERVICIOS ‘PRO-BONO’ LLEGAN BAJO LA INFLUENCIA DE ABOGADOS DE ESTADOS UNIDOS

Los grandes estudios trabajan gratis con fines solidarios

A la crisis social se le sumó el ejemplo de estudios del exterior, que impulsó a los abogados de grandes estudios a dar servicios legales gratuitos a ONG y gente sin recursos

Siguiendo el modelo muy popular en los grandes estudios de Estados Unidos, los abogados locales de firmas como Beccar Varela, Marval, O’ Farrel & Mairal, M&M Bomchil, Llerena & Asociados, Klein & Franco, entre otras, están dedicando parte de su tiempo y su experiencia al llamado trabajo pro-bono. ¿De qué se trata? De la provisión de servicios jurídicos gratuitos a personas de escasos recursos u organizaciones de bien público, sin fines de lucro.

“En 2001 vinieron varios estudios norteamericanos a promover el trabajo pro-bono, en un evento en el Sheraton. Aunque nuestro estudio, ha dado, históricamente, este tipo de servicios a gente sin recursos, surgió la necesidad de intensificar el esfuerzo ante la difícil situación del país , cuenta Pedro Nicholson, a cargo del Comité de trabajo pro-bono del Estudio Beccar Varela.

La experiencia de trabajo en estudios del exterior, un especie de rito iniciático ineludible para todo abogado que quiera hacer carrera, también popularizó el tema.

En Estados Unidos, el trabajo pro bono está muy jerarquizado: por ejemplo, profesionales como Lee Bucheitt, el más entendido en litigios comerciales soberanos de Cleary, Gottliebb, Steen & Hamilton, el estudio que defiende a la Argentina en los juicios por el default, se dedicó durante años al trabajo pro-bono en derechos humanos. De la misma manera, Ted Maynard, uno de los 100 abogados más prestigiosos del mundo, lideró este servicio en Paul Weiss. En promedio, dedican entre 35 y 40 horas anuales a esta tarea comunitaria.

En Beccar Varela, la tarea se orienta en tres direcciones. Por un lado asesoran a organizaciones civiles sin fines de lucro como Junior Achievement o la Fundación DAD (Desarrollo a través del Deporte). “En general a las ONG la asesoramos en cuestiones societarias, les hacemos la inscripción en la Inspección General de Justicia o las ayudamos a presentar sus balances , explica Tomás Allende.

Pero también asesoran en forma gratuita a los clientes del estudio que quieren instrumentar proyectos de responsabilidad social. “No es un típico trabajo pro-bono porque los clientes tienen recursos. Pero los acompañamos en iniciativas de bien público , explica Nicholson.

Desde el estudio se apoya esta tarea comunitaria: se incluye en la planilla de horas de trabajo y se le da el mismo trato que a un servicio facturable.

En Beccar Varela, abogados y empleados están impulsando, además, el Proyecto Dar: cada uno dona un porcentaje voluntario de su sueldo para apoyar planes como los de la Red Puna – ayuda a productores indígenes del Noroeste– o la Fundación Conin, que lucha contra la desnutrición infantil.



Casos de interés público

Donde coinciden varios estudios es en la Comisión de trabajo pro-bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se toman casos de interés público, generalmente derivados por Poder Ciudadano y otras ONG.

“Tenemos reuniones periódicas. Hay mucha disposición y capacidad técnica. Lo que falta es una mayor variedad de casos , dice Santiago Barilá, de M&M Bomchil, que está intentando difundir la actividad a través de la página web del Colegio. Este abogado fue a visitar la semana pasada al ex piquetero ‘Toti’ Flores, que inició un microemprendimiento en La Matanza. “En esa visita identificamos temas de contaminación industrial que al estudio le puede interesar seguir , cuenta Barilá. En el Colegio también hay un consultorio gratuito para gente sin recursos del que participan 10 abogados de M&M Bomchil.

“En Marval, O’ Farrel & Mairal trabajamos en el tema del boleto estudiantil, que era más caro para la secundaria , ejemplifica Santiago Laclau, que aclara que el tema se resolvió finalmente en el Ministerio. Ahora están encarando la representatividad en la Cámara de Diputados, que no es proporcional a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia.



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