Las privatizadas y el riesgo de una renegociación total

El Gobierno tiene ahora una herramienta para plantear una renegociación global para las empresas de servicios públicos privatizados. El problema sigue siendo tarifas y rentabilidad

Luego de la sanción del la Ley 25.790 por parte del Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos un poderoso instrumento para renegociar los contratos de concesión de servicios públicos. Poderoso porque le otorga amplias facultades para modificar los contratos “sin verse limitado por lo estipulado en los marcos regulatorios originales (Art. 2).

Es decir, el Gobierno podría (si así lo estimase conveniente) modificar los contratos, avanzando sobre los marcos regulatorios que existían cuando las compañías tomaron decisiones de inversión hundiendo capital en infraestructura de largo plazo.

¿Cuáles son los riesgos involucrados en una renegociación amplia de contratos? Muchos.

En principio, los cambios en las reglas de juego cuando hay involucrada inversión de largo plazo, pueden generar ganancias transitorias de bienestar pero en el largo plazo logran siempre niveles de inversión subóptimos. ¿Por qué?

Ante todo, porque la incertidumbre sobre el retorno esperado es mayor, nadie hunde capital de alta especificidad en un país, si no tiene seguridad de recuperar su inversión.

Una nación que cambia sus reglas de juego cada cinco años no puede atraer capital de largo plazo y por ende no puede crecer en forma sostenida.

En segundo lugar, porque esto generaría mayores incentivos a demandar al Gobierno en tribunales internacionales por violaciones de los contratos, y por último, dificultaría el proceso de renegociación de pasivos de las empresas del sector al aumentar la incertidumbre sobre los ingresos futuros y las posibilidades de repago de dichas obligaciones.

El objetivo del debate sobre la problemática de los servicios públicos privatizados hoy debería centrarse en cómo recuperar las inversiones, que vienen cayendo en forma vertical desde el año 2001. Es claro que esto, de no revertirse, empezará sin duda a ocasionar problemas en otros sectores que utilizan a estos como insumos de producción. Para recuperar la inversión, este sector (como cualquier otro) necesita dos cosas, tarifas que remuneren adecuadamente sus costos (incluyendo una retribución al capital) y certidumbre de que van a ser los mismos empresarios los acreedores de la renta que generen dichas inversiones, y no el Gobierno a través de un fondo fiduciario.

Así, puede decirse que una renegociación acotada, que se circunscribiera exclusivamente al tema tarifario (o eventualmente a la calidad del servicio), devolvería rentabilidad a las empresas del sector, reduciría drásticamente la incertidumbre al recuperar el marco legal vigente al momento de la devaluación, limitaría enormemente las posibilidades de acciones legales (o dictámenes) en contra del gobierno nacional. Por último, ayudaría a las empresas referidas en sus procesos de renegociación de pasivos.

Con gran satisfacción he participado de la primera ronda de debate en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones anunciada por la Secretaría de Comunicaciones donde la gran mayoría de las empresas del sector está a favor de mantener el actual marco regulatorio (Decreto 764/2000) oponiéndose totalmente a un cambio en las reglas de juego, porque ello premiaría a los oportunistas en detrimento de la inversión en infraestructura física de largo plazo. Las señales de las empresas son claras: más competencia, menos regulación, menos impuestos y mayor certidumbre sobre las reglas de juego.

En síntesis, no hay peor enemigo de la inversión de largo plazo que la incertidumbre sobre las reglas de juego. Y la incertidumbre no se reduce anunciando cambios drásticos en los marcos regulatorios sino cumpliendo las reglas vigentes, así como los contratos firmados.

El Gobierno tiene la gran oportunidad de demostrar que, aun contando con un instrumento poderoso como la Ley 25.790, está a favor de mantener las actuales reglas de juego limitando la renegociación a cuestiones puntuales como el cálculo y la indexación de tarifas, el régimen de calidad o el monto de inversiones obligatorias sin afectar la arquitectura regulatoria original.



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