Martes  13 de Julio de 2010

Las iniciativas y efectos de reforma laboral

Los constantes embates del diputado, Dr. Héctor Recalde, consistentes en su intención de avanzar en una mega reforma a la Ley de Contrato de Trabajo, no deja de aumentar la preocupación en el sector empresario.

Bajo el rótulo de “mejorar los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo”, lo cierto es que la intención de reimplantar un panorama legal propio de los años 70 (la ley de contrato de trabajo Nº 20.744 data del año 1976) significa un franco retroceso tanto práctico como jurídico, mas allá de producir un estancamiento y rigidez en las relaciones laborales, las cuales -si se caracterizan por algo- es por su constante dinamismo. Si a ello le sumamos el hecho de que esta batería de proyectos y normas produce, a la vez, una disímil y confusa interpretación de las leyes por nuestra jurisprudencia laboral, el panorama no parece ser demasiado alentador para ganar en seguridad jurídica.

Algunos ejemplos puntuales nos ayudarán a ilustrar esta desafortunada tendencia.

La ley 26.574 (29/12/2009) modificó el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que en su redacción original, al consolidar el principio de irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, establecía la nulidad de todo acuerdo que redujera los derechos “… previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas …”. Pues bien, esta reciente ley ha agregado a esta norma a “… los contratos individuales de trabajo …” entre los mínimos indisponibles, lo cual en la práctica importa reducir a su mínima expresión la posibilidad de permitir a las partes acordar, renegociar o ajustar las condiciones de trabajo, aún cuando -la eventual disminución de algún beneficio- fuere superadora de los “pisos” contenidos en la norma. No caben dudas de que esta ley, en lugar de propender a una relación dinámica, produce mayor rigidez y seguramente se piense dos veces a la hora de otorgar beneficios adicionales al trabajador, por miedo a tener que enfrentar conflictos y juicios en el futuro si, producto de una crisis profunda, la empresa necesitase adecuar su realidad económica.

Otro ejemplo de este pretendido retroceso lo encontramos en el proyecto tendiente a modificar la ley Nº 25.323, estableciendo nuevos agravamientos indemnizatorios. No negamos que el trabajo clandestino deba combatirse por los serios perjuicios que produce, pero creemos innecesario el continuo dictado de normas que sancionen económicamente al empleador. Ya contamos con diversas penalidades que llegan hasta triplicar los montos indemnizatorios (v. Ley Nacional de Empleo y la redacción original de la ley 25.323 que se pretende reformar), y la realidad nos demuestra claramente que el nivel de informalidad, lejos de disminuir con la creación de estas penalidades, se ha acrecentado. Mas aún, es cada vez mas común convivir con situaciones en las cuales el trabajador, lejos de pretender cuidar su fuente de trabajo, analiza con énfasis como prefabricar una situación favorable a sus intereses poder culminar en un despido indirecto y acrecentar sus indemnizaciones. Lejos estamos entonces de que este tipo de normas contribuyan a un afianzamiento de las relaciones laborales.

Otros ejemplos nos muestran la sanción de normas realmente innecesarias, lo cual implica una función legislativa -al menos- criticable, en cuanto a la inocultable existencia de otras cuestiones cuyo tratamiento es requerido por nuestra sociedad en forma urgente.

La ley Nº 26.590, por la cual se establece la gratuidad de las transacciones bancarias para el trabajador es fiel ejemplo de ello, ya que -si se buscaba este mejoramiento al bolsillo del dependiente- hubiera bastado con una resolución emanada de la autoridad de aplicación que reglamentara el artículo 124 de la LCT.

Idéntica mención respecto al “dispendio legislativo” lo advertimos con la sanción de la Ley Nº 26.593 que introdujo el artículo 255 bis, por el cual se aclara que el pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 (esto es, 4 días hábiles desde tal momento). Una vez más se demuestra el afán de lograr un protagonismo político mediante el dictado de normas innecesarias. Es una realidad incuestionable que -mas allá de la época de pago de salarios ya estaba claramente definida en el referido artículo 128 de la LCT- no solo la costumbre patronal sino la clara disposición contenida en el artículo 149 de la LCT nos demuestra que, para el pago de las indemnizaciones, siempre se han observado idénticos parámetros.

Contrapartida

No es ocioso señalar también la reciente Ley Nº 26.597 por la cual se modificó la ley de jornada laboral, estableciéndose la obligación de pago de horas extras a personal que hasta hoy estaba expresamente excluido, a sola excepción de gerentes y directores. Esta reforma introduce una alteración radical al criterio jurisprudencial mayoritario que existía en cuanto al concepto de empleos de "dirección y vigilancia".

Como contrapartida, no vemos que se adopte similar actitud frente a otros temas que merecen un rápido tratamiento.

No podemos ignorar la aparición de sindicatos disidentes, que enfrentan a los gremios tradicionales (con riesgo de quiebre del modelo sindical) a efectos de disputarse la representación de los trabajadores. No vemos en este sentido una participación tan directa y protagonista por parte de la autoridad de contralor. Con este panorama, la incertidumbre es enorme, ya que no habrá reglas claras en el futuro que permita a una empresa determinar con simple claridad con qué gremio se sentará a negociar.

La actualidad de la negociación salarial es otro punto que necesita una atención mas profunda por parte de la autoridad laboral, donde se establezcan parámetros objetivos y razonables. El resultado que nos muestra la realidad es alarmante, ya que -mientras una actividad negocia un 23% de aumento (v. bancarios) otra lo hace por un 49% (v. curtidores). El continuar ignorando el aumento de inflación nos conduce a estos resultados, que no nos posicionan como se debiera frente a la comunidad internacional.

Y quizás el tema central que no termina de definirse, generador de una preocupante litigiosidad y aumento del costo empresario, es el relativo a los riesgos del trabajo. Mientras no se modifique la ley vigente, los accidentes de trabajo continuarán resultando siendo una cuestión imprevisible y no asegurable.

La principal motivación debería ser el tratamiento y búsqueda de solución a estas cuestiones pendientes y urgentes, en lugar de proseguir con la intención de continuar ganando protagonismo político desempolvando normas anacrónicas con casi 40 años de creación y que, obviamente, han perdido virtualidad frente a la coyuntura actual.

El protagonismo debe buscarse en la inserción del país a nivel mundial, para lo cual debe garantizarse un marco de seguridad jurídica razonable con el objeto de atraer inversiones. Seguir gastando esfuerzos en pujas políticas internas, que solo muestran egocentrismo, no parece ser el camino mas lógico para alcanzar la atracción de inversiones y una consecuente inserción internacional provechosa.

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