Lunes  26 de Julio de 2010

Las asignaciones no remunerativas establecidas por decreto

La ley de contrato de trabajo ha adoptado un concepto amplio al definir el salario. La norma dispone que "A los fines de esta ley, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo" y agrega que "El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél" (LCT, artículo 103) La extensión dada al concepto admite que la remuneración corresponda en los casos de trabajo efectivamente prestado, y también que aquélla se gane aunque el trabajador no preste servicios cuando ha puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, aunque éste no la haya utilizado, y en ciertos casos, la ley pone a cargo del empleador el pago del salario, aunque no exista una prestación del trabajo ni una puesta a disposición del mismo, obligación que le atribuye por razones de política legislativa aún en situaciones en que no hay una conexión necesaria entre el trabajo y la causa por la que se dispone la continuidad del pago del salario (por ejemplo, la licencia paga por enfermedad inculpable del trabajador) En virtud de esa amplitud conceptual se ha observado la propensión del pensamiento del legislador "a aceptar que de una noción de salario estrictamente remuneratoria del trabajo, se pase a una remuneración del empleo mismo" (Conf. Rodríguez Mancini, Jorge en "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por Antonio Vázquez Vialard, Buenos Aires, Astrea, 1983, tomo 4°, p. 557) quien señaló que esa noción ya había sido incorporada al ordenamiento por una norma previsional, el artículo 11 de la Ley 18037, que definía al salario, a los fines de esa ley jubilatoria, como "todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal..." Entre los elementos esenciales del salario el autor citado destacó que el salario es siempre una ventaja patrimonial y que todo pago que tenga esa característica, realizado por el empleador dentro del marco del contrato de trabajo, es decir que no tenga su causa comprobada en una relación jurídica ajena a aquélla, se presume que tiene carácter salarial (op. cit. p.556 y 558)

La evolución normativa posterior aceptó la naturaleza no salarial de ciertas prestaciones otorgadas por el empresario a los trabajadores que se brindaban en forma genérica atendiendo a algunas necesidades de éstos con la finalidad de mejorar su nivel de vida o de sus familias, sin que tales prestaciones tuvieran un relación directa con el trabajo prestado por los empleados. La Ley 24700 modificó la ley de contrato de trabajo e incorporó el artículo 103 bis, norma que estableció que se denominan beneficios sociales a "las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulativas ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad

de vida del dependiente o de su familia a cargo" Entre los beneficios sociales la norma incluyó a los vales de almuerzo, hasta el tope máximo por día de trabajo que fijara la autoridad de aplicación (inciso b) y los vales alimentarios hasta un tope máximo de un 20% de la remuneración de cada trabajador comprendido en convenio colectivo de trabajo y hasta un 10% de la remuneración en el caso de trabajadores no comprendidos en convenio (inciso c)

Una ley posterior dispuso a la derogación de los mencionados incisos b) y c) del citado artículo 103 bis y respecto de los empleadores que otorgaban esas prestaciones al tiempo de entrada en vigencia de la ley, impuso el paulatino pasaje a la remuneración del trabajador de los importes de tales prestaciones, en una secuencia que finalizó en agosto de 2009 (Ley 26341, artículo 1° y Decreto 198/08, artículos 1°, 6° y Anexo)

Con motivo de la crisis económica del año 2001, el Poder Ejecutivo Nacional dictó varios decretos que sucesivamente establecieron la obligación de pagar a los trabajadores mensualmente una suma de dinero durante un lapso determinado, en carácter de asignaciones no remunerativas de carácter alimentario. Las primeras normas sobre esta materia fueron los decretos n° 1273/02 (B.O. 18/07/02) ; n° 2641/02 (B.O. 20/12/02) y n° 905/03 (B.O. 16/04/03) En los considerandos de estas normas se afirmó que la crisis económica que atravesaba nuestro país había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios, perjudicando a los trabajadores y acentuando la recesión; que tanto la CGT como las confederaciones representativas de los distintos sectores empresarios que abarcaban la totalidad del sector productivo reconocían la situación descripta y coincidían en que resultaba necesario tomar medidas de emergencia para la recuperación del ingreso alimentario. En los considerandos del último de los decretos mencionados, se exhortó a todas las entidades representativas de los empleadores y de los trabajadores para que con la mayor celeridad posible, en el marco de la negociación colectiva construyeran los consensos pertinentes a los efectos de que las asignaciones fijadas con carácter no remunerativo, fueran incorporadas a la remuneración de los trabajadores.

El Poder Ejecutivo, en cada decreto mencionado, invocó que la situación expuesta configuraba una circunstancia excepcional que hacía imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo que dictó esas normas invocando las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, que se refiere a los decretos de necesidad y urgencia.

También es notorio que en la evolución de la negociación colectiva se han realizado numerosos acuerdos colectivos que han establecido incrementos en los ingresos de los trabajadores pero mediante asignaciones no remunerativas que se pagan mensualmente y que en ciertos casos, se toman como base de cálculo para aportes y contribuciones de obra social, pero que en virtud de su carácter no remunerativo, no se consideran para el cálculo del sueldo anual complementario ni para los rubros indemnizatorios que corresponden en el caso del despido sin causa del trabajador.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c) de la Ley de contrato de trabajo (texto según Ley 24700) relativo a los vales alimentarios, en la sentencia del 01/09/09 dictada en los autos "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.", abordó recientemente la cuestión relativa a la constitucionalidad de los decretos que establecieron las asignaciones no remunerativas mencionadas precedentemente.

El fallo de la Corte

La Corte se pronunció en un caso referido al reclamo de un trabajador al que una sentencia de Cámara, al modificar el fallo de primera instancia, redujo la condena por diferencias en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo anual complementario, pues desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03 que calificaron como "asignaciones no remunerativas de carácter alimentario" a las prestaciones establecidas a favor de los trabajadores y rechazó la pretensión del demandante de que aquéllas se consideraran para el cálculo de los rubros reclamados.

La sentencia de la Corte, del 19/05/2010, fue dictada en el expediente "González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro" Al resolver la queja del trabajador, la Corte ponderó que el desconocimiento de la naturaleza salarial de la prestación produjo una disminución del importe del sueldo anual complementario, y trastornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio del artículo 245 de la LCT, reglamentario del artículo 14 bis de la CN, que ordena proteger al trabajador contra el despido arbitrario, pues condujo a que la indemnización desconociera la concreta realidad a la que quiso atender al limitar uno de los elementos de cálculo de la indemnización que constituye uno de los dos indicadores de esa realidad, que es el salario realmente percibido por el trabajador (el otro indicador es la antigüedad) También evocó que en el supuesto de las vacaciones, el Convenio n° 52 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1936, ratificado en 1950, estableció que durante aquéllas, el trabajador deberá percibir su "remuneración habitual" (considerando 5°)

La Corte manifestó que eran aplicables al caso las consideraciones que había expuesto en la sentencia del 01/09/09 dictada en el expediente "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A." a cuyos votos se remitió (considerando 4°) En ese fallo, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c) de la LCT, que negaba la naturaleza salarial de los vales alimentarios, la Corte consideró que el principio protectorio (CN, artículo 14) se refiere de manera directa al salario, retribución o remuneración; que "la evolución progresiva de la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios, se inserta en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la protección de la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral subordinado." (considerando 4°) Expresó también que el principio protectorio y el plexo de derechos que de él derivan, perderían buena parte de su sentido y efectividad si no expresaran una conceptualización del salario que posibilitara su identificación; que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) brinda, en sus artículos 6° y 7° pautas para esclarecer esa conceptualización, de las que resulta que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo y cuando esa oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, la prestación debida por el empleador al empleado es calificada como "salario" o "remuneración", por lo que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de esas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios, entrañó para el trabajador una "ganancia" que sólo encontró motivo o resultó consecuencia del contrato o relación de empleo (considerando 5°) por lo que "llamar a los vales "beneficios sociales" o "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas", suplantar como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último; introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de una de éstas, el empleador, traduce una calificación que....resulta poco afortunada, carente de contenido y un evidente contrasentido" (considerando 5°)

Agregó que "la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares, le atribuyan... sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional" y que "el artículo 103 bis, inciso c, no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste" (considerando 5°) y que toda ganancia que el trabajador obtiene del empleador, con motivo o a consecuencia del empleo, resulta un salario, una contraprestación de este último sujeto y por esta última causa. Esa contraprestación sólo puede ser llamada jurídicamente, salario, remuneración o retribución (considerando 6°)

En el voto de los jueces Argibay, Highton de Nolasco y Fayt en los citados autos "Pérez c/ Disco S.A." se expresó que "la indebida exclusión " (de la base de cálculo de la indemnización por despido) "de conceptos que se encuentran comprendidos dentro de la noción de salario que brindan tanto las normas internacionales ratificadas por la República Argentina, como la propia legislación nacional, afecta el principio constitucional de retribución justa, que se encuentra en correlación con la base remuneratoria que compone el derecho, también constitucional, a la protección contra el despido arbitrario" (considerando 11 de su voto)

En el voto de la Dra. Argibay en los autos "González c/ Polimat S.A. y otro" la jueza expresó que al haber fundado el actor su agravio en que el artículo 103 de la LCT le otorgaba derecho a considerar que todos los montos que recibía como consecuencia de su prestación laboral tienen carácter remunerativo, no era respuesta válida de la Cámara afirmar que la Constitución Nacional deja a la discreción legislativa la elección de los medios destinados a la obtención del objetivo de asegurar al trabajador una "retribución justa", pues el argumento implicaba tratar de manera equivalente una ley del Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo en una materia que es competencia de aquél. Concluyó que la Cámara había reconocido al Poder Ejecutivo atribuciones para dictar disposiciones de carácter legislativo, lo que resultaba contrario a la Constitución Nacional (considerandos 6° y 7° de su voto) y agregó que un decreto de necesidad y urgencia no adquiere esa condición por la mera decisión del Presidente de adjudicarle ese rótulo, sino cuando se han seguido para su dictado los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional, especialmente en sus arts. 99, inciso 3° y 100, inciso 13, y en el caso no había sido demostrado que los decretos objetados hubieran sido sometidos a consideración de la Consideración Bicameral Permanente, por lo que no hubo pronunciamiento de las Cámaras del Congreso (considerando 8°)

Conclusión

El fallo dictado en "González c/ Polimat S.A. y otro" reafirma el criterio expresado en su antecedente "Pérez c/ Disco S.A." al que se remitió expresamente. El contenido que dió esa sentencia al concepto "salario"tiene una amplitud que comprende a las prestaciones que constituyan un crédito o ganancia para el trabajador y sean consecuencia del contrato de trabajo o sean motivadas por éste. Otra proyección del fallo está referida al concepto del salario y a la inoperancia del nombre diverso que el legislador o los particulares atribuyan a la prestación que recibe el trabajador, precisión que abarca implícitamente a la forma particular que en los últimos tiempos adoptó en muchos casos, en la negociación colectiva, la mejora de los ingresos de los trabajadores, al culminar los acuerdos con el otorgamiento de aumentos que son calificados como "asignaciones o sumas no remunerativas" que son concedidas por única vez o mensualmente de modo que la prestación es acordada durante cierto tiempo como un concepto no remunerativo diferente del salario y que puede estar sometido o no a aportes y a contribuciones (generalmente se aplican los destinados a la obra social) pero esas asignaciones o sumas no remunerativas no son tenidas en cuenta para determinar, entre otros conceptos, las indemnizaciones por despido ni por vacaciones no gozadas, al no integrar la base salarial. La autoridad administrativa que homologa los acuerdos colectivos ha admitido la legalidad del carácter no remunerativo de estas prestaciones pero solamente con carácter transitorio, por ejemplo, en los considerandos de la Resolución ST 570/09 que homologó el acuerdo colectivo de abril de 2009 para empleados de comercio, en los que se expresó que "la atribución de carácter no remunerativo a algún concepto que compone el ingreso a percibir por los trabajadores es, como principio, de origen legal y de alcance restrictivo" y que "correlativamente la atribución heterónoma de tal carácter es excepcional y, salvo supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria".

El nuevo fallo de la Corte resalta la interpretación adoptada en el precedente de "Pérez c/ Disco S.A." e indica que la adopción de rótulos que califican como no remunerativas a las prestaciones acordadas en la negociación colectiva están sujetas a controversia y que su incidencia para el cálculo de las indemnizaciones por despido será admitida, en virtud de la solución adoptada en estas causas sometidas al pronunciamiento de la Corte. Esta conclusión debería ser tenida en cuenta por los actores de la negociación colectiva y por la autoridad encargada de la homologación de las normas convencionales, para lograr acuerdos que no sean, en sus aspectos esenciales, una fuente de conflictividad jurídica.

El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales de ARIZMENDI

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