Viernes  11 de Junio de 2010

La vieja teoría de la conspiración, aplicada al corte de Arroyo Verde

Por Ignacio Miri Editor de Política imiri@cronista.com

Los asambleístas no son asambleístas. Ahora están todos con la oposición entrerriana. No están sólo con la lucha de la papelera”. La frase, pronunciada la semana pasada por un funcionario de la Casa Rosada ante El Cronista, poco antes de que se conociera el escrito del juez federal de Concepción del Uruguay que el martes puso otra vez el conflicto con Uruguay en el centro de escena, sirve para entender por qué el Gobierno cambió su posición respecto del corte de la ruta 136. El matrimonio Kirchner decidió mostrarse más duro con la protesta que el propio Néstor Kirchner había bendecido con su presencia en un acto y con decenas de declaraciones en los inicios de las asambleas ambientales de Gualeguaychú, porque está convencido de que la conspiración se esconde tras los dirigentes que mantienen el bloqueo del puente internacional que conduce hacia Fray Bentos.
Sin embargo, la frase no ilustra sólo sobre la coyuntura. Sirve también para iluminar una constante en la forma de hacer política del ex presidente y su sucesora: no ocuparse de los conflictos cuya solución no pueden beneficiarlos en forma directa. El problema es que la repetición de esa jugada, y sobre todo, la degradación de los nudos que no se desatan, suele ser pasto para quienes ellos consideran sus enemigos. Esta idea no es novedad: la acumulación de rabia por problemas no resueltos termina por empujar a los protagonistas hacia rincones distantes entre sí, y en política, esa distancia es la que separa a los gobiernos y la oposición. ¿Hacia adónde van a correr los asambleístas cuando reclaman algo que el Gobierno les prometió y que luego no les dio? A esta altura, no es tan relevante saber si la Asamblea tiene razón en su reclamo, si Uruguay debe ser penalizado eternamente con el bloqueo de su frontera, o si la pastera debe mudarse. El conflicto –por aspiraciones desmesuradas de los asambleístas, por errores de los gobiernos uruguayo y argentino, por impericia de los propietarios de la planta– llegó a un punto en el que ya no existen soluciones óptimas: todas las medidas tendrán costos para la Casa Rosada.
El Gobierno conoce este dato, y por eso zigzaguea y cambia su postura en cuestión de horas. El martes a la noche, con el escrito del juez Gustavo Pimentel circulando por los medios, la Gendarmería Nacional tenía preparado el destacamento móvil de Rosario para llevarlo hacia el Puente San Martín. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el de Justicia, Julio Alak, aseguraron que el Gobierno acataría la “orden” de Pimentel. La palabra orden debe ponerse entre comillas porque el juez no impartió ninguna directiva en este caso, sino que se limitó a recordarle al Jefe del destacamento de la Gendarmería de Gualeguaychú que ya existían tres mandatos judiciales “en plena vigencia” que ordenaban asegurar el libre tránsito de la zona y que sólo restaba para que se cumplieran que el poder político se decidiera a permitir que esa fuerza de seguridad se transformara en auxiliar de la Justicia, tal como le manda la ley. Los pronósticos de Randazzo y Alak se volvieron papel mojado al día siguiente, cuando la inteligencia oficial informó que los asambleístas no pensaban moverse de la ruta. Vaya novedad. El plan se transformó en una mera batería de denuncias judiciales tardías y hasta ayer inexistentes que llevarán al mismo callejón sin salida. ¿Qué hará la Gendarmería si algún día, luego de largas investigaciones, la Justicia le da la razón al Gobierno y ordena detener a los dirigentes dirigentes acusados de una ristra de delitos? ¿Cumplirá la orden judicial o preferirá dejar en vigencia el bloqueo, que hasta hace pocos días se había transformado en una protesta vaciada de argumentos y con un futuro deshilachado? Los antecedentes no dejan a la Casa Rosada en buena posición en ese aspecto: la historia indica que suele acatar los mandatos sólo si le resulta conveniente en sus planes más inmediatos.

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